Continúa el acampe en Plaza de Mayo contra el ajuste y el tarifazo

Los movimientos sociales esperan ser recibidos por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
29 de Septiembre de 2016

El acampe frente a la Casa Rosada que se lleva a cabo bajo la consigna “trabajo digno, contra el ajuste y los tarifazos” cumple hoy su tercera jornada y sus organizadores aseguran que se extenderá hasta que el Jefe de Gabinete, Marco Peñá, de una respuesta sobre el pedido de audiencia formulado ayer ante funcionarios del área.

Marianela Navarro, vocera de prensa de los manifestantes, señaló ante la agencia Telam que si bien ayer hubo “un acercamiento” sigue “sin algo concreto aún para la solución de las demandas”.

“Ayer, unos 100 delegados fuimos a la Jefatura de Gabinete y (el funcionario de la Jefatura de Gabinete, Pedro) Hadida nos dijo que va a conversar con Peña durante el día de hoy y mañana jueves nos daría una respuesta para hacer una reunión y poder avanzar en nuestro petitorio. Mientras tanto permanecemos en el acampe”, anunció Navarro.

De la protesta que ocupa gran parte de la Plaza de Mayo y qe comenzó el lunes participan el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTD Aníbal Verón, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Frente Popular Víctor Choque, la Federación de Organizaciones de Base (FOB), Votamos Luchar, la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo y el Movimiento de Resistencia Popular (MRP), entre otros.

Los dirigentes sociales piden “creación de trabajo digno con jornada completa, y con todos los derechos, para trabajadores precarizados y desocupados”, “una nueva cuota de aumento en todos los programas de trabajo, para compensar la inflación”, “educación para todos” y una “paritaria social para los trabajadores precarizados”.

En un largo listado de las demandas, reclaman además “contratos de obras de infraestructura para las cooperativas, compre estatal a las cooperativas de trabajo y escuelas de oficios para las organizaciones sociales en todas las provincias”. Además, exigen políticas de Estado contra la violencia de género y asignación de recursos, la implementación del protocolo para la atención integral de las personas víctimas de violencia, subsidios a organizaciones sociales para la edificación y el funcionamiento de casas albergue para mujeres en situación de violencia, acceso a la tierra y a la vivienda digna y el fin de “la represión y la judicialización de la protesta social y de la pobreza”.

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