Un patrullero frena de golpe, se baja un oficial y pregunta imperativo a un vendedor ambulante de anteojos:

– ¿Dónde está el senegalés?

– No, esto es mío.

Sin mediar más palabras, el policía vuelve a subir al patrullero y sale de escena.

La anécdota la cuenta Nicolás Caropresi, dirigente de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que sigue de cerca la problemática de la comunidad senegalesa, en un intento por graficar el particular encono de las fuerzas de seguridad en perseguir y detener a vendedores ambulantes del país africano. “Son un blanco fácil –continúa Nicolás- por distintos motivos: falta de entendimiento del idioma, desconocimiento de las leyes, situación de vulnerabilidad. El objetivo central del Gobierno de la Ciudad es terminar con la venta ambulante. En este contexto de desempleo, de despidos, de que la guita vale cada vez menos, ellos quieren eliminar la única estrategia que construyen los de abajo, que es revender productos en la calle. A eso, se le suma la carga xenófoba y racista de la policía, sobre todo, que tiende a utilizar niveles insólitos de violencia y persecución”.

Este viernes, en pleno barrio de Once, un imponente operativo policial fue desplegado por orden de un juez. Se realizaron cinco allanamientos en simultáneo. Cuatro fueron en hoteles familiares donde viven migrantes senegaleses y el restante en una galería sobre la calle Mitre, entre Pueyrredón y Castelli. ¿El motivo legal? El artículo 83 del Código Contravencional: Usar indebidamente el espacio público. ¿El motivo real? Los especialistas coinciden: disciplinar migrantes negros y pobres.

En los operativos, la policía secuestró mercadería y dinero. Un total de 16 senegaleses fueron detenidos. La mitad fue a la Comisaría número 7. La otra mitad, a la 18. “Algunos, por resistencia a la autoridad; otros, por Ley de Marcas. Todo esto enmarcado en el constante hostigamiento y persecución que reciben los compañeros desde hace por lo menos un año y medio”, asegura Caropresi.

El miércoles último, se viralizó en las redes sociales la brutal golpiza a un mantero senegalés, en el barrio de Flores. El hombre terminó con una grave herida en un brazo y la cantidad de sangre en el piso que enseñaba el video llamó la atención de los internautas, que masificaron las imágenes. “Fui a visitarlo al hospital y estaba esposado a la camilla, con esa brutal herida que todos vimos”, cuenta el dirigente.

El jueves, cientos de senegaleses marcharon desde Nazca y Avellaneda hasta Rivadavia y Nazca, en reclamo por esta persecución. Al día siguiente, ocurrieron los cinco allanamientos en simultáneo.

La doctora en antropología, investigadora del Conicet y docente de la Universidad de Buenos Aires, Brenda Canelo, entiende que “hay un componente disciplinador y otro componente racista, que las fuerzas argentinas nunca dejaron de tener; en un momento, estuvo más aplacado y ahora está exacerbado, pero siempre existió”.

La experta recuerda que “en 2014, hicimos un trabajo a partir de un allanamiento muy violento. En ese momento, vimos un accionar coordinado entre el poder Judicial y el Ejecutivo de la Ciudad, a través del ministerio público fiscal, de los inspectores de espacio público y de la policía Metropolitana. Era un accionar dirigido hacia los vendedores ambulantes en general. No parecía haber una selectividad por origen étnico o racial. En todo caso, impactaba más sobre los senegaleses por tener menos herramientas para negociar. Pero ahora sí parece estar dirigido hacia este grupo en particular”.

El decreto 70/2017 impulsado por el Gobierno de Mauricio Macri, para acelerar la expulsión de extranjeros acusados de la comisión de delitos, está frenado por una acusación de inconstitucionalidad que impide se ponga en práctica. Sin embargo, el hecho de tener causas iniciadas en contra, en caso de que el decreto entre en vigencia, puede significar la expulsión del país. “Hay una combinación de mecanismos que los coloca en una situación de mucha vulnerabilidad, como trabajadores de la vía pública, como migrantes en particular y en tanto negros en particular”, asegura Canelo.

La especialista no soslaya la espiral de violencia que se ha iniciado a partir de la represión sobre este grupo. “Ahora, además, hay también una postura más confrontativa por parte de los senegaleses. No sólo porque ven afectado su único medio de vida, sino también por una cuestiones morales y religiosas. Para ellos, es muy negativo que se los vea acusados de delitos y esto hace que se incremente el nivel de desesperación. Y la policía también se siente desafiada por migrantes y no les gusta. Hay una cuestión de racismo institucional; una discrecionalidad marcada hacia esta comunidad, con una violencia tremenda”.

Para Caropresi, esta focalización de las autoridades sobre esa comunidad “es una orden política por parte del Gobierno de la Ciudad, ejecutada por fiscales, jueces y policías, que trabajan en conjunto para perseguir a unos tipos que lo único que quieren hacer es laburar en paz. No pueden conseguir laburo de ninguna otra manera porque no pueden acceder a la documentación. La única fuente de subsistencia que tienen es la venta ambulante. Con eso, se pagan los hoteles familiares donde viven”.

Finalmente, el dirigente advierte: “La situación se está volviendo desesperante. Los compañeros ya no aguantan más. Necesitamos que el Estado reciba a los representantes senegaleses y empiece a armar algún camino para que se solucione esto. No entiendo qué pretende el Gobierno de la Ciudad con esto; que se mueran de hambre; no sé”.