No cesan, pasada una semana, las suspicacias alrededor del hallazgo del ARA San Juan, anunciado pocas horas después de cumplirse un año de su desaparición y de las sugestivas palabras del presidente Mauricio Macri –que vaticinó noticias concretas «en días, pronto»–, y detectado en una zona sobre la que ya había indicios desde los primeros días de búsqueda, pero que fue soslayada durante un mes y medio por el operativo desplegado por la empresa contratada para encontrarlo. Y en paralelo con la incredulidad de muchos familiares de los 44 tripulantes que fallecieron a bordo del submarino, la dinámica de las testimoniales ante el juzgado federal de Caleta Olivia, que investiga las causas de la tragedia, y ante la Comisión Bicameral del Congreso, que también tiene entre sus facultades desentrañar las responsabilidades del estéril operativo de rescate de noviembre del año pasado, suman misterio.
A esta altura es evidente que el gobierno nacional no está dispuesto a recuperar los restos de la nave, hundidos a 907 metros de profundidad, y que tampoco la jueza Marta Yáñez acompaña ese deseo de buena parte de los familiares. Sea o no factible, el Ministerio de Defensa no pidió presupuesto alguno que permita dimensionar los costos de una eventual operación de reflotamiento, ni a Ocean Infinity ni a ninguna otra empresa. El ministro Oscar Aguad se limitó a afirmar que «no tenemos los medios». Y la magistrada se rodeará de expertos que le permitan peritar las 67 mil imágenes captadas por los dispositivos de prospección submarina del buque Seabed Constructor.
En este contexto, la figura del contraalmirante Luis López Mazzeo vuelve a adquirir relevancia. El jueves 15 de noviembre, feriado judicial, en vísperas del hallazgo y mientras el presidente y su ministro de Defensa asistían al homenaje a las víctimas en la Base Naval de Mar del Plata, López Mazzeo se presentó ante Yáñez. Declaró durante seis horas. Llevó una carta náutica y le explicó a la jueza por qué creía que el San Juan estaba en el Área 1, denominada desde el principio «de muy alta probabilidad», muy cerca de donde emitió su última comunicación y del punto donde la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) trianguló la «anomalía hidroacústica» compatible con una implosión. Dijo que tenía la «convicción cinemática» de que esa era la ubicación del submarino, apoyado en el contacto obtenido por el buque chileno Cabo de Hornos. Precisamente allí, en la madrugada del sábado 17, la empresa Ocean Infinity –que tres semanas antes había intentado abandonar el operativo, cuyo plazo finalizaba, por contrato, el día viernes– anunció la detección del ARA San Juan.
López Mazzeo era en noviembre de 2017 el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, máxima autoridad de la Base de Puerto Belgrano y encargado de dirigir el operativo inicial de búsqueda y rescate. En diciembre, una sumarísima investigación interna derivó en medidas disciplinarias contra López Mazzeo por «abandono de tropa» y «negligencia en el servicio», decididas por su superior, el exjefe de la Armada, almirante Marcelo Srur. En la volteada también cayó el capitán Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos. Poco después, sin embargo, el echado por Aguad fue Srur.
El martes pasado, ya hallado el submarino, López Mazzeo se presentó ante diez legisladores de la Bicameral, en una sesión que, a su solicitud, fue secreta. Denunció allí sus discrepancias respecto del operativo de búsqueda y la negativa a aceptar ayuda británica para explorar el sitio donde finalmente apareció al San Juan. Estuvo dos horas y media declarando, hasta que un paquete extraño en la Biblioteca del Congreso obligó a desalojar el Anexo del Senado. Volverá probablemente esta semana, antes de que declare Aguad, citado para el 4 de diciembre.
Ese mismo día se presentó ante la Bicameral el subsecretario legal del Ministerio de Defensa, Juan Manuel Mocoroa, que trabajaba junto a Aguad en la cartera de Comunicación y está denunciado junto a su jefe y al presidente por la maniobra de autoperdonarse la millonaria deuda del Correo. Según el diputado Guillermo Carmona (FpV), impulsor de la Bicameral, «es quien aconsejaba a Aguad» y es clave para entender «el procedimiento de intentar cargarles toda la responsabilidad a esos dos oficiales» (López Mazzeo y Villamide).
Pero la mano cambió. El ministro ya decidió anular el sumario interno contra López Mazzeo y abrir otro. Y todo indica que el apuntado por el gobierno como responsable de haber desoído alertas y entorpecido el operativo de rescate es Srur. Sin embargo, el exjefe del Estado Mayor de la Armada no es el único que deberá dar explicaciones. Cuando la jueza Yáñez le preguntó a López Mazzeo a quiénes había comunicado sus hipótesis respecto de la localización del San Juan, respondió, con toda lógica, que a Srur. Y también a Aguad. «
La maqueta de Yáñez
El arribo a Ciudad del Cabo del Seabed Constructor, el buque de bandera noruega que opera la empresa estadounidense Ocean Infinity, está pautado para el jueves 29. Lleva a bordo las 67 mil imágenes que, en teoría, llegarán en valija diplomática los primeros días de diciembre. La jueza Yáñez se reunió la semana pasada con el ministro Aguad y le advirtió que sólo el fiscal y las querellas que representan a los familiares de los 44 tripulantes podrán tener acceso a ese material fotográfico y fílmico, cuya difusión ya prohibió, y con el que pretende construir una maqueta en 3D que le permita comprender qué pasó con el ARA San Juan, sin reflotarlo, con la ayuda de expertos aportados por la Armada y por los familiares y técnicos ya ofrecidos por la empresa alemana Thyssen-Krupp, que lo construyó.
