El juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de Vicentin, resolvió ganar tiempo mientras evalúa los pasos a seguir. Aceptó este miércoles analizar la solicitud de intervención de la empresa presentada por la provincia de Santa Fe el viernes pasado, pero lo hará en un expediente aparte de la causa en la que lleva el concurso de acreedores.
Con esta movida el juez Lorenzini se aseguró dos cosas: de un lado, que el expediente principal –en el que se sigue el concurso de acreedores– se mantendrá tal como él lo está llevando; la semana pasada el magistrado resolvió correr a la intervención designada por el gobierno nacional (los transformó en veedores) y reubicó en la administración de la firma a la conducción empresaria.
Del otro, Lorenzini evitó desairar el pedido de la provincia de Santa Fe pero lo acotó. Santa Fe, por medio de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), solicitó tanto la suspensión de la orden de Lorenzini que reimpuso a la dirección empresaria como la asunción de una nueva intervención estatal. Al abrir un nuevo expediente accesorio al principal, algo que en la jerga judicial se llama “incidente”, el juez preserva a la dirección empresaria en ese lugar y, al mismo tiempo, promete analizar los dos pedidos de Santa Fe. Al mismo tiempo, la decisión del juez busca no abrirle la puerta a la expropiación, opción que un sector del gobierno nacional sigue agitando para el caso de que la intervención no prospere.
Jugada de ajedrez
Por eso la jugada del magistrado no deja de ser un gambito: si bien gana tiempo y no ubica al gobierno de Santa Fe en la vereda de enfrente, pierde parte de su discrecionalidad al comprometerse a analizar el pedido oficial santafesino. Es seguro que a medida que pasen los días se incrementará la presión sobre el juez para que tome una determinación.
Lorenzini podría pedirle a la IGPJ que demuestre lo que planteó en su presentación, esto es, que existe un “interés público” en el que se fundamenta el pedido de intervención y que “está presente de modo evidente y con múltiples manifestaciones: aspectos societarios propiamente dichos pero también productivos, laborales, sociales, demográficos y ambientales”. Asimismo, la IGPJ debería probar su pertinencia respecto del caso. El organismo aseguró que su presentación se funda en “el poder de policía societaria” que la ley le asigna a la IGPJ, “definido como el sistema mediante el cual el Estado desenvuelve actividades de limitación frente a expresiones societarias con la finalidad de preservar la existencia de bienes considerados comunes”.
En medios cercanos a los dueños de Vicentin se leyó el fallo del juez Lorenzini como un “golpe” a la propuesta santafesina, que contaba con el impulso del gobernador Omar Perotti. Los propietarios de la malograda cerealera ya habían asegurado que esa propuesta adjudicada a Perotti “era peor que la expropiación”.
En tanto, Perotti mantuvo en la tarde del miércoles encuentros virtuales, primero con Claudio Soumoulou y Mario Rounbino, directivos de la Asociación de Cooperativas Argentinas, y después con miembros de la Mesa de Enlace provincial. En todos ellos trató la situación de Vicentin y los alcances de la propuesta que promueve.
Chau patrimonio
El festejo de los dueños y directivos de Vicentin tiene otro motivo. El lunes, la jefa de la IGPJ, María Victoria Stratta, presentó un escrito a Lorenzini en el que reforzaba el pedido de correr a la conducción repuesta por el magistrado el viernes anterior. Stratta indicó sus sospechas de que los directivos habrían realizado maniobras de vaciamiento patrimonial inmediatamente después de la cesación de pagos.
En su denuncia, la funcionaria dio a conocer varios trámites iniciados en el Registro General de la Propiedad del Gobierno de Santa Fe por Daniel Buyatti (presidente de Vicentin), Roberto Vicentin (director titular), Martín Colombo (director titular) y Bettina Padoan (directora suplente). Stratta señaló que ellos “comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus patrimonios personales”.
Buyatti inició los trámites para dos certificados de donación, uno de los cuales fue al día siguiente de solicitar la apertura del concurso; Vicentin, realizó siete trámites entre enero y mayo, entre certificados de desafectación de bien de familia y ventas; Colombo efectuó dos trámites entre enero y febrero.
La IGJP asoció estos movimientos a una maniobra de vaciamiento patrimonial utilizada por los directivos de la empresa. El objetivo sería evitar ponerlos a disposición “en caso de que tuvieran que dar respuesta ante demandas judiciales”.
Por esta razón, la jefa del IGPJ criticó a Lorenzini porque “Devuelve la administración a quienes demostraron no estar a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre la conformación del grupo empresario, dándoles tiempo para continuar con el vaciamiento de sus patrimonios personales”.
Y agregó: “Hago notar que se está agregando información a la contenida en un escrito presentado hace apenas un día hábil (por el texto del viernes en el que pedía la suspensión de la orden de restitución de los directivos). Es que continuamente aparecen datos que corroboran lo allí manifestado e incrementan la gravedad en el proceder de los integrantes del directorio”.
