"Este juicio demuestra el servicio de todas las fuerzas a la represión"

Entrevista a Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
22 de Octubre de 2016

Seis ex agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzaron a ser juzgados el jueves en La Plata por los asesinatos de cuatro personas y los secuestros de otros dos durante la dictadura cívico-militar. Son los primeros de esa fuerza en ser juzgados en la capital bonaerense y su situación judicial es un ejemplo de la importancia de la dirección de Derechos Humanos y el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) del Ministerio de Seguridad de la Nación que en mayo desarticuló Patricia Bullrich: los policías fueron imputados luego de que en 2012 se encontrara un legajo en el que pedían ascenso por ese operativo. "La prueba de cargo principal en este juicio es objetiva y prácticamente inobjetable. Es el pedido de ascenso que hacen los imputados dentro de la Policía Federal por el operativo. No hay elemento de convicción más importante que un documento histórico de la época firmado por los propios imputados", explicó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, querellante en el juicio.

Los ex policías están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata, integrado por Jorge Michelli, Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, por los homicidios, torturas y lesiones. También están acusados por robar en una vivienda. Los hechos fueron cometidos en un operativo realizado en la madrugada del 11 de octubre de 1977 y los acusados son el ex comisario Martín Zuñiga (84), el inspector Roberto Arturo Gigli (69), el sargento Horacio Alfredo Ortiz (71), y los cabos Rafael Oscar Romero (66), José Carlos Sánchez (66) y Jorge Alberto Blanco (69).

Aquella madrugada los Federales iniciaron un raid para desarticular la Columna Sur de Montoneros. Detuvieron y asesinaron uno por uno a Adela Esther Fonrouge, que estaba embarazada de cuatro meses y por cuyo caso querellan las Abuelas; a Juan Oscar Cugura, a un hombre apodado "La Chancha", y a Juan José Libralato. También secuestraron a Mauricio Emeraldo Mansilla y a Irma Guzmán de Arteaga. 

El debate es el primero que juzgará la responsabilidad de una patota de la PFA en territorio de la policía del coronel Ramón Camps. "Lo que termina de demostrar este juicio es el servicio absoluto de todas las fuerzas armadas y de seguridad para la represión en una región tan paradigmática como La Plata, Berisso y Ensenada, que tenía un estudiantado universitario muy combativo y obviamente una represión a los obreros y delegados de base", detalló Lovelli.

–¿Cuál es la importancia de estar juzgando efectivos de la PFA en La Plata?

-Si se hace un repaso histórico en lo que se refiere a causas por crímenes de lesa humanidad, siempre se asoció a La Plata y la provincia con la Policía Bonaerense. Se piensa en represión en la capital bonaerense y se piensa en la policía de (el coronel Ramón) Camps. A través de los años se ha podido establecer que buena parte de otras fuerzas también operaron. Eso lo pudimos ver en el juicio por el centro clandestino de La Cacha, en el que el aparato represivo estaba comandado por el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, y que la Marina también actuó en la represión en La Plata, Berisso y Ensenada. Ahora vemos que la PFA también tenía un lugar. Queda claro que la denominación de "fuerzas conjuntas" era real y no meramente nominal. 

-Mansilla fue llevado a La Cacha. ¿Es muestra de esta relación entre las fuerzas?

-Claro. Y creemos que el resto de las víctimas no llegaron a La Cacha porque murieron en el operativo. Podemos pensar también cierta subordinación de la PFA al Destacamento 101 porque las víctimas eran todos militantes de la Columna 27 de Montoneros. Otro dato es que el imputado Gigli dejó la PFA para ser Personal Civil de Inteligencia (PCI) del 101. En democracia puso una agencia de seguridad, como muchos otros represores. 

Las imputaciones a los ex policías surgieron por un legajo interno de la fuerza que se convirtió en la principal prueba de cargo del juicio. Se trata del pedido de ascenso que hacen los imputados en la Policía Federal por el operativo del 11 de octubre de 1977. "En el legajo plantearon, además, el desbaratamiento de la Columna 27 de Montoneros, que tenía actividad acá en La Plata y que la gran mayoría de sus militantes estuvieron después en La Cacha. Los policías pidieron el ascenso con una descripción muy puntillosa, incluso del estado en que estaban las víctimas", detalló el abogado.

El debate tendrá, además, pocos testigos. Esa es otra característica del juicio. Salvo Mansilla, que fue llevado a La Cacha y sobrevivió, ninguna otra víctima estuvo en un centro clandestino. Fueron asesinados.  

-La documentación surgió de la Dirección de DD HH del Ministerio que fue desarticulada por Bullrich en mayo... -El Ministerio de Seguridad y el de Defensa abrieron áreas de DD HH que eran espacios de relevamiento de legajos y expedientes administrativos en los que, entre otros, podía haber órdenes de ascenso, de actos meritorios, de licencias extraordinarias, de pedidos de informe. En esos relevamientos algunos de esos documentos terminan revelando la participación de agentes en la represión y que eso provocaba ascensos en la estructura. Aún antes de que se crearan estas áreas, encontramos, en un caso de apropiación, un legajo de ascenso post mortem de un cabo por su participación en un operativo en el que mató el papá de la beba y nos permitió reconstruir la patota de la Marina que operaba en esa zona. 

-En este tipo de estructuras es donde los DD HH toman cuerpo como la política de Estado...

-En los legajos y expedientes internos de las fuerzas hay y sigue habiendo datos, que muchas veces cuando uno lo requiere por vía judicial viene incompleto. Esa es la información que es necesario ir a buscar. Este juicio es paradigmático porque un documento permite identificar el rol de la PFA en la represión en La Plata. Cuando uno habla de una política de Estado para descubrir la verdad de lo que ocurrió en la dictadura está hablando que el Estado, en este caso particular el Poder Ejecutivo, debe hacer sus propias investigaciones. No alcanza con respetar el trabajo de la Justicia porque eso va de suyo en un estado republicano con separación de poderes.  «

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