La justicia de Jujuy dio un paso más para mantener a Milagro Sala tras las rejas: el juez residual Pablo Pullén Llermanos la acusó por tentativa de homicidio en una causa por un tiroteo ocurrido en 2007, en la que ya había pedido su detención y en la que el autor material fue sobreseido. La decisión judicial se conoció luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiera la liberación inmediata de la diputada del Parlasur. El anuncio lo hizo el propio juez en conferencia de prensa y tuvo el tono de una respuesta a ese organismo: “Hay un montón de circunstancias que llevan a que los derechos internacionales no siempre puedan ser cumplidos por los estados”. Y se animó a recomendar con que “hay que terminar con todos estos vericuetos de que hay que liberarla”.

“Si el Estado argentino tuviera que responder de manera internacional, cabe decir que las violaciones de DDHH se producen a cada instante”, reconoció Pullén Llermanos sobre el final de la conferencia de prensa que convocó para informar que el lunes había procesado a Sala y a un hombre llamado Fabián Ávila, sin previa notificación de la resolución a la defensa de la diputada del Parlasur.

De cara a la prensa el juez minimizó los pactos internacionales incorporados a la Constitución y aseguró que “Argentina, como muchos países, suscribe a acuerdos internacionales que de alguna manera todos incumplen permanente y sistemáticamente porque evidentemente hay un montón de circunstancias que llevan a que los derechos internacionales no siempre puedan ser cumplidos por los estados”. Y remató. “Pero ahora parece ser que es la panacea que estemos incumpliendo algunas normas internacionales”.

La conferencia fue convocada para anunciar el procesamiento a Sala por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por promesa remuneratoria en el marco de una causa conocida como “la balacera”, ocurrida en el barrio de San Francisco de Alava en octubre de 2007 durante un enfrentamiento entre bandas en el que una nena resultó herida.

En concreto, el juez acusa a Milagro Sala de mandar a matar a Alberto Cardozo. Según explicaron desde la defensa, la única prueba en su contra es la declaración de Jorge Rafael Paes, quien estuvo prófugo varios años y fue procesado como coautor material del hecho -en primera instancia y por la Cámara de Apelaciones-, pero fue beneficiado por Pullén Llermanos con la domiciliaria (aunque no cumplía ninguno de los requisitos legales) y finalmente sobreseído tras denunciar a Sala. Asimismo, Ávila, el otro procesado, negó los dichos de Paes y señaló que el enfrentamiento fue originado por “cuestiones de cancha”.

La abogada Eliabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo de letrados que defiende a Sala advirtió sobre el final del día que aún no habían sido notificados del procesamiento que el juez había comunicado por la mañana a los medios de comunicación. Y adelantó que apelarán. Consideró además que el desdén hacia los pactos y tratados internacionales de derechos humanos que demostró Pullén Llermanos “dan cuenta de lo degradado que está el Poder Judicial en Jujuy”.

La resolución del juez residual se produjo en el primer día hábil después del reclamo de la CIDH para que el Estado cumpla con la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que ordenó liberar de inmediato a Milagro Sala el 27 de octubre pasado. Pese a que todas las miradas están puestas sobre la justicia jujeña, Pullén Llermanos no dudó en referirse a la Tupac Amaru como el «crimen organizado”. Incluso provocó: “Los jujeños sabemos de qué hablamos, a nivel nacional no conocen lo que ocurre y a nivel internacional saben pero hacen caso omiso”.

Además, se situó a si mismo y a la justicia juridiccional por sobre toda otra entidad nacional, continental o planetaria para decidir sobre la libertad de Sala: “Supongamos que se puede discutir si hay riesgo o no de fuga, pero lo resuelve el juez de la causa, todo lo discutible es competencia del juez que entiende la causa; para eso hay vías recursivas, nadie más puede entrometerse”.

La causa

Milagro Sala fue imputada originalmente en la causa por supuesto encubrimiento. Después de las declaraciones de Paes en su contra fue recaratulado como coautora de tentativa de homicidio. El expediente investiga un hecho que ocurrió el 27 de octubre de 2007 en el que dos bandas habrían intentado matar a tiros a Alberto Cardozo en el Barrio San Francisco de Alava. En el enfrentamiento fue herida una menor de 11 años. Por los hechos fueron procesados en primera instancia y por la Cámara de Apelaciones por lesiones culposas y abuso de armas Fabián Ávila y Paes. El primero fue detenido en la vía pública y el segundo permaneció prófugo hasta mediados de febrero de este año, cuando fue capturado en Salta y trasladado a Jujuy.

En el expediente, cinco testigos declararon haber visto a Paes bajar del auto y disparar junto con Avila en contra de Cardozo. Sin embargo, para el juez Pullen Llermanos, la sola declaración de Paes negando los hechos fue suficiente para dictar su sobreseimiento. Con otros parámetros, dictó orden de detención contra Milagro Sala y encarceló a Elba Jesús Galarza y María Molina. Éstas últimas estuvieron siete meses presas en la comisaría de la mujer, hasta que fueron liberadas el 15 de noviembre por decisión del juez de Control Gaston Mercau. Para encarcelarlas le bastó las declaraciones de Paes y de su hija Yésica.

Para la imputación por tentativa de homicidio contra Milagro Sala el juez tomó en cuenta la declaración indagatoria a Jorge Rafael Paes en la que dijo que la dirigente de la Tupac Amaru habría participado de una reunión en la que se planificó el tiroteo. Sin embargo, Ávila declaró que nunca existió esa reunión y que el enfrentamiento con Cardozo se relacionó con cuestiones “de cancha”.

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