Los siete nombres de las agroquímicas en el gobierno

Varios funcionarios del sector han revistado en multinacionales como Monsanto, BASF o Syngenta.
7 de Octubre de 2017

El gobierno de Mauricio Macri pasará a la historia, entre otros logros, por la llegada al poder político de las principales empresas que manejan los hilos del país. El universo agropecuario no es ajeno a esta maniobra, más bien todo lo contrario: se configura como el máximo exponente del ascenso de los CEO. “La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular la del agronegocio, atenta contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su protección”, argumentó la ONG Greenpeace en un informe elaborado este año en el que dio precisiones sobre “el lobby de las empresas químicas” en la elaboración de la “Ley de semillas” que pretende imponer ese sector, en el que identifica “cuatro grandes empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y BASF), que controlan el 59,8% del mercado mundial de semillas”.

Hace diez años que estas multinacionales buscan imponer esta normativa y para ello, según Greenpeace, “no se encuentran solas: un entramado de funcionarios públicos, legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y supuestas entidades científicas ejercen un persistente lobby en beneficio de las grandes empresas semilleras”. El informe señaló a los principales funcionarios que responden a esos intereses.

Ricardo Buryaile

El ministro de Agroindustria fue vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una asociación que nuclea a unas 300 organizaciones rurales de todo el país. Es miembro de la Red de Acción Política (RAP), que financian alrededor de 400 empresas nacionales y multinacionales,  entre ellas Dow. Su cartera, explica el informe de Greenpeace, es parte de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que realiza recomendaciones para la promoción del uso de agrotóxicos con "bajo" impacto.

Beatriz Giraudo

La coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable del Ministerio de Agroindustria fue, hasta junio del año pasado, la presidenta de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), cuya organización se presenta como una ONG integrada por una red de productores agrícolas que comparte conocimientos. La financian empresas como BASF, Bayer, Dow, DuPont y Monsanto. “Esta es una organización clave para camuflar el uso de agrotóxicos con un discurso sustentable”, explican desde Greenpeace.

Leonardo Sarquis

El ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires es un actor clave del avance de las agroquímicas. Trabajó en Monsanto como gerente general de Semillas para la Argentina, Uruguay y Paraguay. Formó parte de la Fundación Pensar y junto a Aapresid impulsó la sanción de un proyecto de ley que –explica el informe de la ONG ambientalista– “reduce los límites de fumigaciones a 10 metros de los sitios urbanos”.

Miguel Braun

El secretario de Comercio es el director de la Fundación Pensar  y fundador del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), cuya financiación proviene en un 20% de aportes de empresas agroquímicas como Syngenta y Dow y de entidades como Casafe (la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes).

Gustavo Idigoras

Es el responsable de la Mesa de Semillas del Ministerio de Ciencia y Tecnología,  un espacio prelegislativo que debate la Ley de Semillas. Desde 2015 coordina la red BPA. Se desempeñó como agregado agrícola de la Argentina ante la Unión Europea, estuvo a cargo de la Mesa de Mejoramiento de Cultivos y Producción de Semillas para el Plan 2020 del Ministerio de Ciencia, y desde 2016, informa Greenpeace, se presenta públicamente como representante de Monsanto Argentina.

Guillermo Bernaudo

El ex jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria (se alejó del cargo en septiembre por la polémica importación de carne de cerdo desde EE UU) fue uno de los referentes de la Fundación Pensar, usina de dirigentes del PRO, en el diseño del plan agropecuario del oficialismo. Pertenece a CREA, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, una organización sin fines de lucro integrada por productores agropecuarios que se financia en un 50% gracias al aporte de empresas como BASF, Bayer, Dow Dupont, Monsanto y Syngenta.

Ignacio Garciarena

Asumió en 2016 como director nacional de Agricultura del Ministerio de Agroindustria. Es referente de la Regional 25 de Mayo de Aapresid.

Pablo Torello

Diputado del PRO, vocal en la Comisión de Agricultura, fue tesorero de AACREA hasta 2015 y es referente CREA de la Provincia de Buenos Aires.  «

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