Por inflación y bajos salarios, trabajadores perderán hasta $344 mil millones en 2018

Será así si no se revisan las paritarias del 15% y se cumplen la inflación del 27% que el gobierno reconoció ante el FMI. La pérdida de poder adquisitivo golpeará el consumo.
17 de Junio de 2018

El fracaso de la política cambiaria del gobierno costará caro, en particular, a los trabajadores asalariados.

Es que por la diferencia entre las paritarias, que se firmaron en  su mayoría en un 15%, y la inflación del 27% que el gobierno reconoció ante el Fondo Monetario, los asalariados resignarán poder adquisitivo por el equivalente a $ 344.530 millones sólo en 2018.

Luego de la escalada cambiaria de mayo, el Banco Central decidió evitar dar a conocer nuevas metas de inflación para 2018. Sin embargo, en la carta de entendimiento dirigida al FMI, con la firma del ministro de Hacienda y Finanzas Nicolás Dujovne y el ahora ex presidente del BCRA Federico Sturzenegger, asumen que el Índice de Precios al Consumidor escalará hasta un 27%, el mismo nivel que señaló el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central.

En realidad, en la carta llevan el pronóstico de inflación hasta un 32% para este año, tope cuya superación dispararía una "cláusula de consulta" que habilita una revisión de la política económica argentina por parte de técnicos del FMI, la que se ejecutaría antes del desembolso de las cuotas subsiguientes del préstamo de U$S 50 mil millones.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en diciembre de 2017, la masa salarial de los trabajadores registrados del sector privado y la administración pública nacional alcanzaba los $ 220.853 millones por mes que, de mantenerse la pauta del 15% establecida en la mayoría de los convenios paritarios que se han firmado, llegará en diciembre de este año hasta $ 254 mil millones mensuales.

Sin embargo, para sostener el poder adquisitivo de diciembre pasado, con una inflación anual del 27%, esos asalariados necesitarán $ 280,5 mil millones a fin de ste año. La diferencia de $ 26.502 millones mensuales implica, en forma anualizada e incluyendo el aguinaldo, una pérdida de $ 344.530 millones dependiendo de cómo se vayan solapando las cuotas de los diferentes acuerdos paritarios. Se trata de una transferencia de ingresos regresiva a favor de las patronales y el Estado equivalentes hoy a U$S 12 mil millones.

En caso de que la variación de precios alcance ese tope del 32% y no se produzca una reapertura de paritarias según lo dispuesto por las cláusulas de revisión, la pérdida de masa salarial podría llegar hasta los $ 488 mil millones equivalentes a U$S 17 mil millones al tipo de cambio del viernes último.

La resignación podría reducirse en 5% en el caso de que se sustanciaran acuerdos según lo dispuesto en el decreto 508/18 que habilita un régimen simplificado de homologación para acuerdos por el 5% en dos cuotas, complementarios de los firmados por el 15% antes del 6 de junio, cuando se publicó el decreto. En ese caso, y dejando de lado los empleados públicos –que no están alcanzados por el decreto–, la pérdida se reduciría en unos $ 100 mil millones en el caso de que el IPC se eleve un 27 por ciento. Fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron a Tiempo que, a diez días de firmado el decreto, no se ha producido ningún pedido de homologación de acuerdos por el 5% a través de ese régimen simplificado.

Para el caso de los empleados públicos, el horizonte es todavía más sombrío, toda vez que la carta de intención con el FMI se compromete a disminuir el peso del gasto del personal desde un 3,2% del PBI registrado en 2017, hasta un 2,7% en los tres años que dura el programa. Se trata de un ajuste que equivale a unos $ 52 mil millones.

De este modo, para llegar a ese monto, a la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios que resulta de las paritarias a la baja que se han firmado habrá que sumarle la reducción del personal a la que se refiere la carta de intención, que se compromete a "no renovar cargos en puestos no prioritarios, congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años, y eliminar las posiciones redundantes".

En la medida en que la carta de intención establece el compromiso de garantizar la libre flotación del dólar, el gobierno ha decidido acotar su política antiinflacionaria a un fuerte shock recesivo que incluye altas tasas de interés por un lado y una fuerte reducción del consumo por el otro. Así las cosas, el ajuste sobre los salarios se convierte en una clave de las correcciones macroeconómicas. «

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