Mendoza pretende ponerse a la vanguardia del ajuste macrista, pero de la peor manera. El gobierno provincial busca aplicar una multa en aquellos casos en los que se denuncia por búsqueda de paradero de un allegado y luego se comprueba que el «desaparecido» en cuestión se ausentó por sus propios medios. Tiempo consultó a referentes de organismos que trabajan la problemática de la trata, quienes repudiaron la polémica iniciativa.

El Ejecutivo mendocino presentó un proyecto para que el nuevo Código Contravencional, que se analiza en la Legislatura local, incluya un artículo que contemple una sanción económica de entre 10 mil y 25 mil pesos «al que genere gastos en el erario público por ausentarse u ocultarse voluntariamente de su entorno habitual, dando motivos ciertos para que se denuncie su desaparición o que sabiendo que se lo está buscando por parte de la Justicia y la Policía mediante operativos, oculta su paradero», explicó el subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino.

Este diario intentó dialogar con D’Agostino durante toda la semana, sin fortuna. Sin embargo, voceros del gobierno mendocino confirmaron que la idea «surgió porque desde hace un tiempito se vienen dando casos de adolescentes que desaparecían y, en realidad, se habían ido con el novio, sin avisarle a nadie, generando un gasto al aparato del Estado totalmente innecesario», indicó a este diario un funcionario del gobierno del radical Alfredo Cornejo, quien agregó: «Es para que se tome conciencia de que esto es serio, no para huevear».

Según el propio D’Agostino, el episodio que colmó la paciencia de las autoridades fue el de Sabrina Mayorga, de 29 años y madre de tres pequeños hijos, que se fue de su casa de la localidad de Lavalle el 16 de julio y fue encontrada el día 23 en Maipú, en óptimas condiciones. Los medios mendocinos indicaron que el costo de ese tipo de búsquedas puede rondar los 20 mil pesos diarios. La multa se aplicaría al «buscado» y no al denunciante. En caso de que sea menor de edad, se sancionaría a sus padres.

«En el hipotético caso de que esta norma se sancione, iría a contramano de todas las políticas públicas que se vienen generando desde hace años en la lucha contra la trata de personas. Va a incentivar que la gente no denuncie. Me parece una barbaridad», se quejó Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación.

La funcionaria destacó la importancia de que «se haga la denuncia, por más que después la persona aparezca. Es una bestialidad que alguien proponga un proyecto así. Esto va a propiciar que sectores vulnerables de la población dejen de denunciar y que los tratantes puedan ganar un tiempo valiosísimo». A raíz de esta iniciativa, Gatti recordó que «en 2010, las autoridades de Mendoza negaban la existencia de la trata, aunque unos meses después se realizó el primer juicio por este delito».

En la misma línea que Gatti, Viviana Caminos, titular de la Red Alto al Tráfico y la Trata de Personas, precisó que «los pibes y pibas se van de su casa por muchas causas. En general, algo pasa en ese hogar: pueden ser víctimas de abuso, de violencia o de una relación conflictiva entre los padres. Es una irresponsabilidad plantear una multa, porque el Estado debe procurar saber qué está pasando ahí», trabajando, por ejemplo,  la problemática en las escuelas, con los chicos, porque «educar es más útil que castigar».

Para el fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, «al que realiza una falsa denuncia o miente en una declaración testimonial, le cabe otro tipo de delitos. Esta idea va en el sentido totalmente opuesto al que pregonamos. Costó mucho que la policía deje de esperar 24 o 48 horas para activar una búsqueda. Esto nos haría retrocede años de trabajo”.

«Suena feo hasta simbólicamente. Convalida que mujeres o adolescentes se van de sus casas y son mentirosos. Se implementó la línea 145 para denunciar posibles casos de trata. Ahí recibimos llamados por búsqueda de paradero. Esto significa –concluye Colombo– que en ciertos distritos faltan herramientas para canalizar este tipo de reclamos». «