Uruguay: Lacalle Pou no tuvo ni el respiro de los 100 días

(Foto: AFP)
21 de junio de 2020

Cuando al llegar al día 102 de existencia, un presidente que fue elegido para gobernar por cinco años tiene ministros que renuncian, otros que pisotean la quintita de sus pares, altos funcionarios destituidos por exabruptos varios y actos de dudosa moralidad, todo sumado indica que ese gobierno está en problemas. Eso es lo que le pasa al uruguayo Luis Lacalle Pou, que no tuvo ni el respiro de los 100 días de jubileo que se le ofrecen a todo nuevo gobernante. Ni el cardenal Daniel Sturla le ha dado un respiro a él, que es un católico de esos que andan por el mundo con la Biblia en el bolsillo y el rosario al cuello. “Parece que para el gobierno –dijo Sturla– Dios no es útil. Se acerca el Día de la Madre y se abren los shoppings para que haya movimiento de dinero. No se abren los templos”.

Ya que transita esa especie de fase de degradación, que no es desintegración todavía, qué le hace una mancha más al tigre. De ahí que, sin pruritos, sus funcionarios reivindiquen a los torturadores, desacrediten a la Justicia por juzgar a militares y validen la obediencia debida y la teoría de los dos demonios. Como si no bastara, ya adelantaron que impulsarán una amnistía general en beneficio de los responsables de crímenes de lesa humanidad, que todavía son muchos y siguen andando por las calles. Y lo grave es que a la cabeza de todo está el propio ministro de Defensa, Javier García, y que sus peores juicios sean lanzados, como pedrada, a la salida de sus reuniones tête à tête con Lacalle.

Ante la sociedad quizás lo más resonante sea el anticipo de una renuncia a futuro del canciller Ernesto Talvi, un colorado en el gabinete del presidente blanco de un gobierno multicolor. Dejará ese codiciado cargo para “ir a jugar en un lado más ancho de la cancha”. Cree que “hay otros lugares donde el país nos necesita”. Era esperable que hubiera deserciones en un gobierno de ocasión, producto de la suma de intereses de cinco partidos y partiditos unidos por el odio al progresismo político encarnado por el Frente Amplio, que también es una coalición pero de partidos con una misma matriz ideológica.

El anuncio de Talvi se dio en un marco espectacular. En la Administración Nacional de Puertos, el capitán Gastón Bianchi debió renunciar antes de asumir. Lo nombraron un día y al otro se fue tras decir que al ministro de Obras Públicas, Alberto Heber, “lo único que le interesa es la evolución de su cuenta bancaria”, que el de Desarrollo Social, Pablo Mieres, “es un roedor”, que los legisladores “son una pléyade de cerdos castrados” (¿?), que la Justicia es “un mamarracho”, que las feministas son “unos ballenatos y cachalotes de higiene deficitaria”, que los dirigentes sindicales “son todos lameculos” y que hay que “proscribir al FA”. Lacalle no dijo nada. Como si los cargos fueran de propiedad de los partidos, el que anunció la salida del capitán y designó al reemplazante fue Cabildo Abierto, el partido de ultraderecha pro nazi formado por militares.

La lista es larga. El director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Miguel Loinaz, debió renunciar tras una denuncia periodística que detalló el contrato de su mujer, a la que le acondicionó un despacho especial para que desde la Corporación le llevara los asuntos de su cotizado buffet de abogados. Loinaz, que duró 41 días.Lacalle no dijo nada, como tampoco habló cuando a los 43 días de su designación se fue Guillermo Iglesias de la presidencia de la telefónica ANTEL.

A los presagios sobre la reivindicación de la dictadura (1973-85) se les agregan múltiples gestos que apuntan al afianzamiento de la ultraderecha (ver aparte). El martes 16, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, “El Guapo”, pasando por encima de Desarrollo Social anunció que la policía desalojará, a como sea, a los sin techo, “simplemente porque no se puede tomar los pórticos de los edificios, tirar un nylon en el piso y usarlo como habitación”. Desalojo sobre desalojo. En el mismo acto, y por encima de la Cancillería, mezcló a los sin techo con los narcotraficantes para revelar que está haciendo “contactos reservados” para que se instalen en el país la DEA norteamericana y “otras agencias internacionales de seguridad”. Por ahora, Lacalle tampoco se ha definido.

El inspector Castiglini

Hace cuatro años el gobierno de Tabaré Vázquez y la comisión de víctimas y familiares de perseguidos por la dictadura colocaron una placa de la memoria en la sede de la Dirección de Información e Inteligencia (DNII), en Montevideo, donde la dictadura organizó el espionaje y la persecución de los ciudadanos. La DNII operaba  bajo la conducción del inspector Víctor Castiglioni, un policía formado en Estados Unidos y definido como “el más sanguinario de todos”. En aquella ocasión también se cambió el nombre del salón de actos, que llevaba el nombre del torturador. En medio del avance de la ultraderecha, el martes 16 el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, participó del acto de homenaje en el que se restituyó el nombre al salón de ceremonias, que volvió a llamarse Víctor Castiglioni. El senador blanco Jorge Gandini, que en 1984 fue brutalmente interrogado allí por Castiglini, repudió el acto de homenaje y dijo que “no hay razones que expliquen por qué se le rinden honores a este siniestro personaje”. El viernes, ante el aluvión de los repudios y sin ninguna autocrítica, el gobierno dio marcha atrás.

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