A través de la comunicación “A” 6619 de fecha 26 de diciembre de 2018, el Banco Central liberó a las casas de cambio de presentar Reportes de Operaciones Sospechosas y relajó las reglamentaciones para actuar en el mercado al dejar sin efecto dos requerimientos clave para los operadores: el “Régimen Informativo Contable Anual para las Agencias de Cambios” y el “Informe Especial del Auditor Externo sobre la verificación del cumplimiento de las normas sobre exigencia e integración de capitales mínimos para Agencias de Cambios”.
Los ROS son mecanismos surgidos de la recomendación 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establece que “si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal, o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a ésta se le debe exigir, por ley, que reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.
Los Reportes de Operaciones Sospechosas son, en consecuencia, alertas del sector financiero para establecer que hay un comportamiento inusual de la cuenta de un cliente en particular.
La medida constituye un virtual vía libre para la evasión fiscal y el uso de las agencias para lavar dinero en el mercado cambiario. Y se suma a las modificaciones que el gobierno ya había aplicado sobre la Unidad de Información Financiera, que desde el primer momento de la gestión macrista dejó de denunciar operaciones sospechosas para que se abran investigaciones penales, entre otras medidas de flexibilización, y quitó esa dependencia de la órbita del Ministerio de Justicia para pasarla a la de Hacienda y Finanzas.
Así, el dinero obtenido por delitos como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción, cuyo combate constituye uno de los ejes de la política comunicacional del gobierno de Mauricio Macri, podrían canalizarse a través de las agencias de cambio sin ningún tipo de control, excepto el informe que esas entidades envíen a la UIF, cuya capacidad para realizar inspecciones está colapsada como parte de la política de debilitamiento de los organismos de control que viene ejecutando el oficialismo.
Bajo el título “Optimización del Régimen informativo para entidades cambiarias”, la circular CONAU 1-1308 que comunicó a las casas de cambio la baja de los tres requerimientos, lleva las firmas de Rodrigo Danessa, gerente de Régimen Informativo y de Estela del Pino Suárez, subgerente general de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
“Con esta medida se pierde un montón de información que tiene el propio Banco Central sobre las casas de cambio y el régimen que tiene que ver con los ROS, que se canalizaban a través de la Gerencia de cumplimento ante la UIF: montos de operaciones sospechosas, si habían sido originadas por personas físicas o jurídicas, la zona geográfica etc. Esa información se presentaba en reuniones de directorio, por lo que ahora, el propio BCRA, que supervisaba a las casas de cambio no va a poder tomar medidas o planificar inspecciones”, explicó Alejandra Freire, de CIPCE.
Una idea sobre el nivel de desregulación de los controles que caracteriza a la actual gestión es el hecho de que justamente la Gerencia de Cumplimiento ante la UIF sigue acéfala. Así lo expresa la propia página web del BCRA, donde debajo de las atribuciones de esa dependencia – “velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas implementados en la Institución para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan encontrarse vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y/o de Financiación del Terrorismo”- figura la frase “Puesto vacante”. En palabras de Freire: “La gerencia que tiene que velar por el cumplimiento de la legislación antilavado, no puede ni siquiera cumplir su propia función”.
