El economista Hernán Lechter del Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA) advirtió que los números del primer semestre “son previos a la devaluación de agosto y, por lo tanto, constituyen el «piso» de la crisis pos-primarias”. Además proyectó los datos del informe oficial. La EPH, planteó, “representa 62,9% de la población total, la proyección al total del país implica que en la Argentina hay 15.928.500 personas por debajo de la línea de pobreza, y 3.450.250 indigentes. Si se compara con el segundo semestre de 2016, el incremento es de 5,1 puntos porcentuales en pobreza y 1,6 puntos porcentuales en indigencia” lo que representa 2.300.000 pobres y 720.000 indigentes más.
Según la medición del CEPA en el primer trimestre de 2019 la pobreza alcanzó al 34% de la población y la indigencia al 7%. A partir de eso la fuente infirió que en el segundo trimestre la pobreza fue del 36,8% y la indigencia del 8,4% (16.558.400 casos y 3.769.900 casos).
Por otra parte, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) recomendó iniciativas para apuntar contra la pobreza crónica. El ente citó a la directora de su Programa de Protección Social, Gala Díaz Langou, quien consideró “necesario recuperar la estabilidad y la senda del crecimiento económico, pero eso es insuficiente para eliminar la pobreza. Incluso aunque la economía creciera a un 3% anual en los próximos cinco años, la pobreza no bajaría del 20%”.
En ese contexto la especialista destacó como “fundamental contar con una estrategia integral liderada por el Estado con apoyo de diversos sectores, incluyendo movimientos y organizaciones sociales, sindicatos y empresas. Se deben consensuar medidas sostenibles que tengan en consideración la atención urgente de las necesidades inmediatas y medidas de mediano y largo plazo”, agrega.
En ese sentido el Cippec aseguró que el próximo gobierno deberá enfrentar los impactos negativos de la crisis económica con políticas con impacto directo y automático sobre los ingresos de los hogares más vulnerables. “Esto implica universalizar y fortalecer las transferencias a hogares con niños y adolescentes y reforzar las políticas para asegurar la provisión de alimentos de calidad en los sectores de menores ingresos”, planteó.
Con ese objetivo, la fuente sugirió “eliminar el límite de cinco hijos para percibir la Asignación Universal por Hijo y el requisito de ingreso mínimo para el cobro de las Asignaciones Familiares por Hijo e incluir como población elegible a los hijos de inmigrantes con menos de tres años de residencia. Estas modificaciones redundarían en la inclusión de alrededor un millón y medio de niños y adolescentes”. Y agregó: “También resulta importante avanzar en automatizar la certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades educativas y sanitarias y establecer un esquema de zonas prioritarias que siga criterios de progresividad, contemplando el costo de vida en cada jurisdicción específica y los ingresos promedio de cada familia”.
Finalmente, es necesario que los montos de las transferencias se actualicen regularmente, tomando como referencia al valor de la canasta básica total por niño. Aumentar las asignaciones en 0,6% del PBI permitiría reducir la pobreza infantil en un 25% y un 13% de la pobreza del total de la población. Más de la mitad de la inversión inicial sería recuperada a través del cobro de impuestos, por lo que la inversión neta se reduciría a 0,2% del PBI.
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria es el instrumento principal en materia de alimentación y nutrición a nivel nacional. Incluye tarjetas alimentarias, comedores escolares y comunitarios, la asistencia alimentaria directa y la autoproducción de alimentos frescos. Hay que fortalecerlo para asegurar el acceso a la alimentación en los sectores de menores ingresos. En particular, hay que reforzar los comedores escolares y comunitarios y las tarjetas alimentarias.
Avanzar en una estrategia integral
Avanzar de forma prioritaria en la urgencia no implica desconocer que el principal factor que dificulta la salida de la pobreza de las familias son las condiciones de trabajo. Si bien las personas en condición de pobreza crónica trabajan, padecen en mayor medida la informalidad, el desempleo y la inseguridad de ingresos. Por lo tanto, es fundamental que la próxima gestión de gobierno garantice la inversión en capital humano y la formalización laboral a fin de evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza.
