El principal objetivo de la causa judicial por el avión de matrícula venezolana con tripulantes de esa nacionalidad e iraníes es determinar qué delitos (si es que hay alguno) pudieron haber cometido. Y lo cierto es que, por el momento, no aparece ninguno.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena secuestró los teléfonos celulares de los 19 viajeros (12 venezolanos y cinco iraníes) y ordenó un peritaje exhaustivo sobre ellos. Tiene sobrada experiencia en ese trámite. Fue él quien secuestró los celulares de dos ex agentes de la AFI que integraban el grupo de Whatsapp denominado “Súper Mario Bross”, en los que aparecieron todas las pruebas del espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, que hoy está muy cerca de pasar al olvido histórico de Comodoro Py 2002.

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Todas las revisiones e inspecciones realizadas sobre el avión de la empresa Emtrasur hasta ahora indican que no hay nada en apariencia irregular. La aeronave fue revisada “con la intervención de canes detectores de explosivos y de drogas, como así también el análisis de trazas de la mercadería en cuestión, todos estos realizados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Acto seguido, la fuerza citada anteriormente procedió al escaneo aleatorio de la carga, la cual fue realizada por el Oficial Jefe Martín Camps. Se realizó el escaneo completo de cinco bultos. Todos los procedimientos realizados dieron resultado negativo, siendo los mismos presenciados por personal de Aduana y por personal de la Policía Federal Argentina”, sostiene parte de la documentación con que cuenta el juez Villena.

¿Por qué venían 19 personas en un avión de carga? La explicación extraoficial que circuló hasta ahora (ya que nadie declaró en calidad de nada ante el juzgado federal de Lomas de Zamora) indica que los iraníes estaban realizando una suerte de “instrucción” a los venezolanos sobre cómo operar la aeronave. A los investigadores no les resulta creíble.

Si bien el magistrado prohibió la salida del país de los 19, el informe de Migraciones indica que ninguno “posee medidas restrictivas vigentes a la fecha», según los reportes firmados por Agata Visser, supervisora del Departamento de Información, Asistencia y Cooperación de la Dirección de Información Migratoria.

El reporte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, firmado por Maximiliano Emilio Lencina, comisionado general del Centro de Análisis, Comando y Control, describió que el avión fue controlado con “detectores de trazas, canes especializados en la búsqueda de explosivos y narcóticos, como así también se sometieron de manera aleatoria para su control por equipos de rayos x, alguno de los pallets de la carga en cuestión; dichos controles arrojaron resultado negativo en cuanto a la presencia de elementos prohibidos”.

La causa está caratulada “NN s/averiguación de delito”. Ello significa que no hay imputados (por eso es NN) y que se está tratando de determinar cuál podría ser el delito a investigar, si es que existiere al menos uno que justificara la intervención judicial.

De momento, está claro que ni el juez, ni la fiscal Cecilia Incardona, están dispuestos a cargar sobre sus espaldas con un futuro atentado terrorista atribuible a agentes iraníes. Los ataques a la Embajada de Israel y la AMIA, aún impunes y enrostrados por la línea oficial de investigación a grupos fundamentalistas islámicos de supuesta raigambre iraní son un persuasivo suficiente como para agotar todas las vías posibles de investigación.

Si en lugar de 14 venezolanos fueran estadounidenses y los iraníes fueran británicos, nada del culebrón que ocupa un espacio central de la información estaría ocurriendo.

La causa está bajo secreto de sumario por diez días. Parece, de momento, una investigación “por las dudas”, fogoneada por dirigentes políticos que agitan una sábana blanca anclando la figura de un fantasma que se apoya en dos atentados irresueltos en el pasado y, por lo tanto, caldo de cultivo apropiado para el temor de un tercero.