El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sostuvo que las organizaciones sociales y de derechos humanos “no deberían convertirse en factores de oposición ideológica” al Gobierno y cuestionó el hecho de que recurran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “sin agotar el diálogo” en el país.

Avruj se refirió así a la postura que distintos organismos llevaron el lunes a la sede de la CIDH en Washington, donde se realizaron sendas audiencias sobre los cambios normativos en materia de política migratoria en Argentina y sobre las denuncias de “represión a la protesta y la sindicalización” en la provincia de Jujuy.

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En el marco de una audiencia en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el funcionario tuvo un cruce con el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Horacio Verbitsky. “Acá hay un falso paradigma que quieren instalar, que es plantear que nosotros estamos instalando una política de criminalización de la protesta social, y esto es netamente falso”, sostuvo Avruj.

También agregó: “Tiene que estar todo sujeto a derecho, respetándose los Derechos Humanos, por eso estamos mandando al Congreso la modificación sobre la ley de sedición, y entendiendo que las protestas sociales tienen que ver con el derecho humano a la libre expresión”.

“La ley de migraciones no tiene que ver con lo que los organismos de Derechos Humanos plantean, en una política de ligar el delito con la inmigración”, indicó el funcionario.

Sobre la detención de la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, señaló: “Es un tema que está en la agenda, no lo podemos negar, ha habido un trabajo llevado a cabo por diferentes organismos, pero también hay un gran respeto hacia Argentina porque el Estado, a través de la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos, dio todas las respuestas”.

En la audiencia relacionada con las problemáticas en Jujuy, Avruj estuvo acompañado por el fiscal de Estado de la provincia, Mariano Miranda, quien sostuvo que en la provincia “está garantizado el manifestarse públicamente y el derecho a peticionar” y que “no existe mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social”.