El Estado argentino inició la extradición de Facundo Jones Huala a Chile, de manera sorpresiva y sin tener en cuenta el pedido de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas producido apenas un día antes, aconsejando que el líder mapuche siga en el penal de Esquel.

La abogada del lonko, Sonia Ivanoff, fue informada de la extradición apenas un rato antes de que se pusiera en marcha un sorpresivo procedimiento, trasladando primero a Jones Huala a la ciudad de Mendoza en helicóptero y que concluyó en Santiago de Chile antes de la medianoche.

De esta manera, el gobierno de Mauricio Macri ejecutó lo establecido por la Corte de Suprema de la Nación, que accedió al pedido de extradición de la justicia trasandina por una causa abierta en Chile, por un incendio ocurrido en 2013, donde los acusados ya fueron absueltos.

Ivanoff explicó que, con esta resolución, el Estado argentino está desconociendo los pactos y acuerdos internacionales que suscribió y consolidó en la Constitución Nacional, reformada en 1994.

La respuesta del gobierno de Mauricio Macri a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se hizo en tiempo record, y expresa que de su análisis «no surgen argumentaciones o hechos que resulten novedosos a la luz de lo ya resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación» y que «el Estado argentino considera que, de los hechos relatados a la luz de las constancias obrantes en el expediente judicial en cuyo marco tramitó la extradición, no surgen elementos que permitan concluir que, una vez entregado a las autoridades de la República de Chile, el señor Jones Huala pudiera estar en riesgo de ser objeto de persecución, malos tratos, torturas, y/o violación de su derecho a un debido proceso. En consonancia con ello el Estado ha tomado en consideración que en la República de Chile rige el sistema democrático y el estado de derecho».