El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez pasó por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia Penal del Senado. Fue para exponer sobre la reforma judicial. El integrante del consejo consultivo que asesorará al gobierno nacional sobre los cambios en la Corte Suprema de la Nación defendió varios aspectos del proyecto, pero tuvo un cruce con el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli.

Gil Domínguez hizo hincapié en los puntos positivos y negativos del proyecto de ley. Destacó que la unificación de los fueros criminal y correccional en lo penal y económico con asiento en CABA y la creación de fiscalías y defensorías es positivo porque es una alternativa constitucional racional a una demanda de la sociedad.

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También levantó el pulgar a la unificación de los fueros civil y comercial y contencioso administrativo con asiento en CABA. “No me parece que exista un problema de especialidad”, señaló. Y marcó como punto negativo “el eximio plazo de 30 días de implementación de la coordinación efectiva en la unificación de ambos fueros. Habría que buscar un plazo que sea razonable”.

El constitucionalista consideró que el proyecto permite “una garantía primaria del derecho de la tutela judicial efectiva por parte de los justiciables y también es una garantía institucional de independencia del poder judicial”. Sin embargo opinó que puede ser potencialmente negativo el intento de incluir en la facultad de los jueces poder denunciar a los poderes mediáticos como grupo de presión porque esta disposición es contraria a la regulación de la libertad de expresión y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta fue la opinión por la que se cruzó con Parrilli. El senador pidió la palabra y le preguntó: “¿Cree que no ha existido en la Argentina presión mediática sobre los funcionarios (judiciales)?” “¿Qué piensa de un periodista muy reconocido que instaba a la ciudadanía a desprestigiar, abuchear, denostar, agraviar e insultar a determinados jueces porque no tomaban un fallo”, agregó, en clara referencia al momento en que el periodista Jorge Lanata pidió por radio “hostigar”, entre otros, al camarista Eduardo Freiler.

“La respuesta la tenemos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el artículo 13 hay una garantía de libertad de expresión, de pensamiento y de acceso a la información. Y una vez que ésta se emite, puede generar responsabilidades civiles y penales ulteriores que las llevarán adelante aquellos que se vean afectados”, respondió Gil Domínguez.

Parrilli insistió: “En primer lugar no puede haber ninguna sanción penal. Le recuerdo que el delito de desacato fue eliminado por nuestro gobierno, por lo que me parece una redundancia que haga mención a ese tema cundo hemos sido nosotros los que hemos sacado ese delito. A pesar de haber sido difamados, nunca hemos hecho una denuncia penal”. “¿Puedo entender que avala que se realicen estas acciones o está en contra?”, preguntó el senador nuevamente.

El constitucionalista remarcó que “en la medida que la libertad de expresión genere algún tipo de afectación de otro derecho, como el honor de las personas, existe el mecanismo de las responsabilidades civiles ulteriores”.

Ante esa nueva respuesta, Parrilli manifestó: “Queda claro que lo defiende”.