Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental nacional, aseguró que el ministerio de Ambiente «exigió muchos niveles de estándares ambientales» en la licitación de la zona con posible potencial hidrocarburífero a la altura de Mar del Plata por la que se desató esta semana la serie de protestas conocidas como «Atlanticazo».

El funcionario participó de una charla sobre ambiente y desarrollo sostenible con el director del periódico Le Monde Diplomatique, José Natason. Expresó que «el ministerio de Ambiente no tiene una posición ideológica sino que, por primera vez, tenemos una posición institucional», y aclaró que su cartera «tiene que hacer pasar estas decisiones de política energética que imprime la Secretaría de Energía por un tamiz que son audiencias públicas, el protocolo que impone el tratado de Escazú, la evaluación y corrección del estudio ambiental”.

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Federovisky remarcó que la licitación incluye la exigencia de «muchos niveles de estándares ambientales que no estaban previstos en las ofertas de las empresas”.

Durante la charla hubo referencias sobre la necesidad del país de generar divisas. “El desarrollo sí o sí tiene que incorporar la variable ambiental” resaltó el secretario, y agregó: “No se pueden obtener dólares a cómo dé lugar porque deja un pasivo para el Estado argentino a costa de la exportación”.

También se refirió a la transición ecológica en Argentina y en ese sentido expresó que “Argentina tiene que fijar una estrategia para que a lo largo de los próximos 20, 30, 50 años pueda establecerla. Tenemos posibilidades de generar procesos de transición energética”, y remarcó: “Argentina no es un país contaminante, pero es una gran víctima de las consecuencias del cambio climático”.

En tanto, Federovisky también hizo alusión a los compromisos de Argentina para ser carbono neutral en 2050 y en ese sentido señaló la “falta de rigor” de algunas organizaciones ambientalistas sobre la actividad offshore y aclaró que unos de los requisitos del ministerio que conduce Juan Cabandié, fue solicitar las propuestas de las empresas para compensar la emisión de gases de efecto invernadero “y no poner en riesgo los compromisos internacionales”.