En medio de la disputa con el Poder Judicial por el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, el gobierno redobla la apuesta y avanza con uno de los privilegios del sector, 45 días de vacaciones al año por las ferias judiciales que abarca todo enero y 15 días en julio.

«Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover, generando un grave perjuicio para los ciudadanos. Se plantea discutir cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días», aseguró el ministro de Justicia Germán Garavano a La Nación.

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El funcionario lleva así al gobierno su agenda de Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), la organización que integra y que dio su apoyo a la última dictadura.

Según la organización, «la feria judicial implica una interrupción del 18,36% anual de la labor del sector», y explica que «el sistema de Justicia funciona sólo 190 días al año».

La decisión dependerá de la Corte Suprema y del ministerio Público Fiscal, ya que un cambio de este tipo no puede ser tomado por el Ejecutivo.