Hace escasos días, en un Tribunal Federal de Estados Unidos, Joseph Lewis se declaró culpable de conspirar para cometer fraude de valores, y de ser autor de otros graves delitos que reportaron millones de dólares a sus allegados.
Los cargos que se le imputan en el proceso judicial conllevan multas millonarias y penas de hasta veinte años de prisión. Por eso, a raíz de esta confesión voluntaria, el empresario está a punto de ser detenido.
Sin embargo, en Argentina el accionar de ciertos sectores de la Justicia demuestra una actitud diametralmente opuesta, resultando condescendiente a los caprichos del magnate, a pesar de perjudicar a millones de argentinos.
La sentencia dictada en agosto del 2023 por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro es una muestra de ello.
El fallo hizo lugar a todos y cada uno de sus deseos inconstitucionales: contra toda lógica y desconociendo el elemental principio de razonabilidad, cerró –luego de dos décadas de reclamo judicial ciudadano- el camino público de acceso al Lago Escondido (camino de Tacuifí, de solo 19 kilómetros de extensión y apto para vehículos), para obligarnos a todos los argentinos a poner en riesgo nuestra vida al tener que transitar durante cuatro días a caballo o caminando por un sendero de alta montaña inundado de peligros, para así llegar a una fuente de agua dulce que es parte del patrimonio de los habitantes de este país.
Por supuesto que esta única alternativa de acceso deja sin posibilidades de conocer esa maravilla natural al 99% de los argentinos por no contar con “aptitud física ni económica” suficiente.
Tan obsceno resultó el fallo –hoy recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que, a partir de ahora, habrá que pedirle permiso a un inglés para llegar a un cuerpo de agua dulce de los argentinos. Insólito, pero real.
Reiteramos. La impunidad reina en Argentina.
No olvidemos al aeropuerto privado inglés, también de propiedad del empresario Lewis, ubicado en área de fronteras a menos de dos horas de vuelo de las Islas Malvinas donde se emplaza una de las bases más imponentes de la OTAN, que hasta hoy no cuenta con un solo puesto de prefectura o gendarmería que controle el movimiento aéreo y cuide la soberanía territorial.
Tampoco olvidemos sus intereses en Vaca Muerta y las concesiones para instalar empresas hidroeléctricas que emergen como hongos después de la tormenta y que usan el agua pública de ríos argentinos, para seguir abonando sus promisorios negocios con base en paraísos fiscales.
Y así llegamos al reciente DNU que deroga la Ley de Tierras N° 26.737, que pareciera ser otro regalo al empresario inglés.
Seguramente recibió con satisfacción la noticia, mientras se regodeaba al observar como otros magistrados decretaban el sobreseimiento de jueces federales, empresarios y funcionarios macristas en la denuncia penal por dádivas e incumplimiento de funcionarios públicos a raíz del viaje VIP a la estancia del litigio.
Por último, recordemos que el decreto 820/16, firmado por su amigo confeso Mauricio Macri, ya había flexibilizado los requisitos de la Ley de Tierras que hoy se pretende derogar. El escándalo fue aún mayor cuando el expresidente fue denunciado penalmente por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien hizo pública una maniobra en la que intervinieron funcionarios de aquel gobierno en connivencia con abogados del multimillonario inglés que habrían redactado el texto del decreto a la medida de otro capricho del empresario.
La causa, que quedó radicada en el Juzgado Federal N° 4 a cargo del juez Ariel Lijo, tampoco fue suficiente para sentar en el banquillo de los acusados a Lewis, como sucede hoy en EE.UU.
Para muestra basta un botón dice el dicho popular. La impunidad y los privilegios con los que goza Lewis en Argentina son la muestra de gobernantes que se arrodillan a sus pedidos y de jueces cómplices que defienden sus privilegios a la misma velocidad que eliminan o cercenan los derechos constitucionales de los argentinos.
La pregunta que ronda en la cabeza de millones de argentinos, es ¿a cambio de qué, tanta impunidad? ¿Cuáles son los favores que gobiernos y jueces pagan religiosamente?
La respuesta tarde o temprano saldrá a la luz porque así es la democracia: la capacidad y resistencia de todo un pueblo es capaz de sacar a flote las oscuras maniobras de los oscuros conspiradores contra los intereses de la Patria.
En estos momentos donde se discuten leyes que pretende resignarnos a volver a ser colonia, la frase de Don Arturo adquiere una enorme significación y nos sigue interpelando:
“Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende” (Arturo Jauretche)
Carolina Ragazzon
8 February 2024 - 13:05
cuando la justicia real es lenta o tardía, NO es justicia. Contaminar espacios protegidos, extraer todo lo que se le ocurra, a quiénes le vamos a reclamar luego si ya NO QUEDE NADA??? La justicia debe ser a tiempo. Quizás sea buen momento replantearse por qué los jueces son los únicos privilegiados de atarse a sus sillones casi de por vida. Mientras q el resto de los trabajadores somos evaluados al menos anualmente. Eso SI que quizás tuerza esta convivencia de LADRONES Y TRAIDORES A LA PATRIA. O forzaría a tranzar una y otra vez, lo cual puede llegar a serle caro al LADRON principal.