Mar del Plata tiene el triste récord de ser la ciudad con más “represores” en contexto de prisión domiciliaria. En el año 2018 el número ascendía a 15, contando a Miguel Osvaldo Etchecolatz, mano derecha del General Ramón Camps, responsable de la “Noche de los Lápices” y del Pozo de Banfield, quien luego de pasar una estadía en el barrio del Bosque Peralta Ramos y tras diversos actos de repudio por parte de los Organismos de Derechos Humanos, volvió a la cárcel de Ezeiza. En 2019, Carlos Blas Casuccio, segundo jefe del Destacamento 201 de Inteligencia en Campo de Mayo entre 1979 y 1980, murió con una prisión domiciliaria que violó reiteradas veces para salir de compras. Pero un nuevo informe arrojó la cifra de 23 condenados por delitos de lesa humanidad que fueron beneficiados con arrestos morigerados y que eligieron la ciudad balnearia como lugar de estancia. Un promedio de cuatro represores por año parece ser la única “lluvia de inversiones” que tuvo Mar del Plata durante el macrismo. A los nombres de expolicías y militares retirados se suman ahora los de civiles como el exfiscal Gustavo Modesto Demarchi, condenado en 2016 a prisión perpetua por ser coautor de los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg –cometidos en la denominada noche del 5×1–, la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y el homicidio calificado de la decana de la Facultad de Humanidades María del Carmen “Coca” Maggi. Todos estos hechos fueron previos al golpe de Estado de 1976, cuando Demarchi era miembro y referente de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), cuyo bautismo de fuego fue el asesinato de la joven estudiante Silvia Ana Filler, el 6 de diciembre de 1971.

Talón de Aquiles salvador

A diferencia de otros ex represores, Demarchi es oriundo de Mar del Plata, de hecho su apellido está vinculado a parte de la historia de esa ciudad y no sólo por su participación en la CNU. Mientras fue procurador fiscal federal en 1974, designó como secretario a Eduardo Salvador Ullúa –un miembro de la CNU implicado en el caso Filler–. Muchos testigos afirman que fueron secuestrados por Ullúa y lo señalaron como el encargado de “chupar” gente para luego llevarla a la Base Naval o al subsuelo de la universidad. Es decir que durante el día trabajaba con Demarchi como su secretario, y recibía a los familiares de las personas que por la noche eran secuestradas por él mismo y su patota. Por supuesto que los hábeas corpus presentados ante Demarchi eran cajoneados, una práctica muy común entre aquellos miembros de la Justicia que fueron cómplices y colaboracionistas del terrorismo de Estado (tal es el caso del actual Juez Pedro Hooft, imputado por más de 120 delitos de lesa humanidad). Además, el exfiscal fue candidato a intendente por el Partido Justicialista en 1983, en otro intento de afianzarse en un espacio de poder que le permitiera sostener su impunidad, y tuvo dentro de la Justicia una prolífica carrera: llegó a ser conjuez de la Cámara Federal en lo Criminal y presidente del Tribunal de Ética de los magistrados de la Justicia Federal. También tuvo varios emprendimientos comerciales, entre ellos la construcción de una sala de bingo de dudosa habilitación y oscuras vinculaciones con algunos medios de comunicación.

Sin embargo, y a pesar de todos sus intentos por ganar autoridad en la ciudad, Demarchi fue citado por la Justicia y se libró una orden de captura que no llegó a hacerse efectiva porque el exfiscal y abogado se fugó a Colombia, donde permaneció prófugo por dos años hasta que pudo ser extraditado. Fue llevado a juicio en 2016 junto a otros integrantes de la CNU, asumió su propia defensa y, tras la declaración de 125 testigos, fue encontrado culpable de los delitos imputados y condenado a prisión perpetua en la Unidad de Marcos Paz. Sin embargo, Demarchi no se quedaría inmóvil, solicitó el beneficio de la “domiciliaria” cada uno de los tres años que estuvo en la cárcel. Su nombre apareció en la polémica lista de “presos sugeridos” por el gobierno nacional de Mauricio Macri, que constaba de más de mil detenidos para salir de prisión, entre ellos Jorge “El Tigre” Acosta, Julio “el Turco Julián” Simón y uno de los integrantes del “Clan Puccio”. Finalmente, a mediados de diciembre del año pasado, y a poco de comenzar la feria judicial, los magistrados Víctor Blanco y Alfredo Ruiz Paz le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria por una dolencia en su talón de Aquiles, pese a que el Servicio Penitenciario Federal había informado en su momento que se encontraba en condiciones de atender las patologías diagnosticadas a Demarchi. El fallo fue recusado por Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal teniendo en cuenta “un real y concreto peligro de fuga”. Mientras tanto, quien fuera líder de la CNU, pasa sus días en un moderno edificio de la zona de Güemes en Mar del Plata, junto a vecinos y comerciantes del barrio que aseguran haberlo visto hacer las compras en varias oportunidades.

Un tour especial

Actualmente son más de los 650 condenados a los que distintos tribunales les concedieron el arresto domiciliario. Casi un 70% de los responsables de los delitos de lesa humanidad más aberrantes de la historia argentina están en sus hogares. Algunos de ellos incluso se pasean libremente por las calles de la ciudad. Por eso desde el espacio Faro de la Memoria de Mar del Plata impulsarían la idea de realizar un tour por los distintos domicilios de los genocidas que viven en esa ciudad, con la idea no sólo de visibilizar el reclamo sino de trabajar junto a los vecinos para alertarlos de que al lado de sus hogares vive un asesino. Bajo la consigna “La única casa para un genocida es la cárcel”, Mar del Plata se prepara para otra temporada de actos de concientización y en repudio a esta nueva oleada de beneficios a ex represores. «

Piden repudio del Concejo Deliberante

El concejal del Frente de Todos, Roberto Páez, presentó un proyecto de rechazo político a once medidas de prisión domiciliaria que podrían beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Mar del Plata y solicitó que el Municipio se pronuncie en ese sentido.

Las medidas de prisión domiciliaria resultan “muy preocupantes y repudiables y no debemos permanecer inactivos como ciudadanos y cuerpo político de la democracia”, expresó el edil según el portal Vía Mar del Plata.

Páez es el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del cuerpo deliberativo y el su proyecto sostiene: “El Concejo Deliberante manifiesta su enérgico rechazo a las once medidas de prisión domiciliaria, haciendo mención enfática respecto de la concedida a Gustavo Demarchi”.

En la red social Twitter, Páez sostuvo que “la única casa que les corresponde a los genocidas es la cárcel”.

FUGA

Demarchi recibió el beneficio de la prisión domiciliaria pese a que entre sus antecedentes figura el haberse fugado a Colombia cuando la Justicia libró una orden de captura en su contra. El exfiscal permaneció prófugo por dos años hasta que pudo ser extraditado.