El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó anoche  a favor de que los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli  continúen en los cargos en los que habían sido designados por decreto del el ex presidente Mauricio Macri, y sumó tensión al escenario en el que la Corte Suprema deberá resolver la cuestión de fondo, tras aceptar el per saltum solicitado por los magistrados.

“Opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario por salto de instancia y revocar la sentencia apelada”, sostuvo el Procurador interino, en relación al fallo de primera instancia que había dejado sin efecto esos traslados.

Casal cuestionó los argumentos del presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, para pedirle a la Corte que confirme la decisión de primera instancia apelada por los jueces. Dijo  que el Consejo revisó los traslados de Bruglia Bertuzzi y Castelli en base en un nuevo reglamento establecido en octubre de 2019, cuando los traslados habían sido efectuados en 2017 y 2018. Así, opinó que ese cambio de postura no podía tener efectos retroactivos: “El principio de irretroactividad se erige como uno de los basilares de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro”, sostuvo.

Con este dictamen y la presentación realizada por el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema está en condiciones de emitir su fallo. Sin embargo, un indicio de que podría tomarse su tiempo para resolver la situación es que fijó el 18 de octubre como fecha límite de las licencias concedidas a estos jueces, un indicativo de que lo más urgente –la aceptación del per saltum– ya fue resuelto. De esa manera, se descomprimió una situación de tensión que se visibilizó en la vigilia frente al Palacio de Tribunales, la movilización a la casa del juez Ricardo Lorenzetti, la catarata de declaraciones de dirigentes políticos y posteos en redes sociales y, sobre todo, aquella presión que definió la abogada Graciana Peñafort: “Las que no vimos, ni nos enteramos”.

¿Hay un pronóstico sobre lo que hará la Corte? Como pocas veces antes, el hermetismo es la norma.

La comunicación institucional del tribunal se limita a la página del Centro de Información Judicial (CIJ) y el sitio web de la Corte. Por fuera de ello, el manejo de la información es sectario, selectivo, sujeto a la maniquea concepción binaria de “amigo o enemigo” y, sobre todo, acotada a un puñado de periodistas integrantes (o aspirantes a integrar) el círculo rojo.

La Corte siempre busca fallos unánimes en cuestiones institucionales de relevancia. No siempre lo consigue; esta vez también parece difícil. ¿La decisión del martes pasado es un anticipo de lo que se viene? “Es un error sacar ese tipo de conclusiones”. ¿Hay una mayoría automática? “No, las mayorías son dinámicas; las minorías, no tanto”.

El fallo de la Corte del martes pasado, al receptar el salto de instancia, generó dos situaciones: por un lado, frustró la posibilidad de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo (donde ya había un juez que se pronunció en un sentido y otro, en el contrario) enriqueciera el debate con sus propios argumentos. La jueza que iba a desempatar, Clara Do Pico, empezaba a ver la portada del expediente cuando virtualmente se lo arrancaron de las manos. Si la Corte no tenía premuras extremas, bien podía haber esperado un pronunciamiento de ese tribunal y luego resolver en última instancia. Lo que hizo solo le permitió ganar algunos días de tiempo. No parece una decisión judicial; más bien, un gesto, un mensaje cifrado.

Por el otro, repuso provisoriamente a Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña, y a Castelli en el Tribunal Oral Federal 7, que tiene a su cargo la Causa Cuadernos. Pero esa reinstalación es solo formal, porque al día siguiente emitió la resolución 2023, mediante la que concedió sendas licencias extraordinarias por 30 días, a contar desde el 18 de septiembre. El “efecto suspensivo” de la concesión del per saltum causó que, hoy, Bruglia y Bertuzzi sean jueces de la Cámara Federal, y Castelli del TOF 7, pero ninguno de los tres puede tomar ninguna decisión en las causas que allí tramitan. Están, pero no. Otra señal. Prolonga la incertidumbre y se arroga la facultad de impedir festejos anticipados.

El Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte que rechace los planteos de los tres jueces. Esencialmente con dos argumentos: “De los diez magistrados cuyos traslados fueron individualizados y respecto de los cuales el Poder Ejecutivo remitió los pliegos al Senado, siete se presentaron ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación y tres de ellos –Bruglia, Bertuzzi y Castelli– decidieron no concurrir a la audiencia pública a la que fueran oportunamente convocados. En razón de ello, y atento a la mencionada incomparecencia, el Senado de la Nación procedió a rechazar los pliegos de esos tres jueces”. La segunda: “La inexistencia de un desarrollo argumental por parte de la actora (los tres jueces) que permitiera advertir de qué manera la resolución cuestionada impactaría arbitraria o ilegalmente en sus derechos constitucionales”.  

Cuando el presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, fue consultado sobre la postura de la Corte, que reconoció la existencia de “gravedad institucional” (porque en caso contrario, no habría habilitado la instancia extraordinaria), respondió: “Si la Corte cree que la hay, es su postura. Yo creo que acá no hay gravedad institucional, ni nada que afecte al funcionamiento del Poder Judicial”.

En esta instancia faltaba un paso procesal: el dictamen el procurador general interino, Eduardo Casal. El viernes, la Corte le “corrió traslado” por 48 horas para que exprese su postura (que no es vinculante) previo a adoptar un criterio definitivo. Y Casal se tomó mucho menos tiempo para pronunciarse. El sábado a las 21 ese dictamen ya estaba en manos del máximo tribunal.

En cualquier caso, la Corte estará el martes en condiciones de emitir un fallo. No hay convocado acuerdo extraordinario alguno y en pandemia el tribunal se está reuniendo, generalmente por vía remota, los jueves. De hecho, dos días después del per saltum, los jueces emitieron 188 fallos, ninguno tuvo alto impacto mediático.