El presidente Mauricio Macri fue taxativo cuando les ordenó a sus legisladores nacionales que el proyecto de ley de Participación Pública Privada (PPP) debía aprobarse cuanto antes porque es más importante que el Presupuesto 2017. La iniciativa, que fue modificada en Diputados y está de regreso en el Senado, es la llave que abrirá el país a una nueva etapa privatizadora, pero sobre todo le permite al gobierno prescindir de los largos y escabrosos procesos de aprobación que exige un tratado internacional como el Acuerdo del Transpacífico o TPP, por sus siglas en inglés.

«TPP y PPP son sinónimos y es la plataforma para que la Argentina ingrese al libre comercio sin la necesidad del tratado», afirmó el diputado del FPV, Guillermo Carmona, durante el debate del proyecto en el recinto de la Cámara baja. La frase del legislador no conmovió a los representantes del oficialismo y los opo-oficialistas, que entregaron sus votos con exiguas objeciones. En todo caso, la denuncia sobre el sustrato privatizador de la norma, que realizaron varios diputados, llevó a que el PRO y sus aliados le incluyeran algunas modificaciones que, al decir del massista Juan Brügge, la transformó «en una ley Dromi pero con controles». Más allá de la frase de este diputado especializado en justificar las maniobras de sus supuestos adversarios, lo cierto es que el texto impide futuras expropiaciones como así también la declaración de interés público de algunas de las obras y el régimen de contratación pública. Es más, no sólo adopta la pérdida de la jurisdicción y la traslada a estrados judiciales extranjeros sino que, también, le carga todos los riesgos de los contratos al Estado. Y como frutilla del postre «apunta a que los negocios se realicen con determinadas corporaciones y que nuestras leyes de control financiero no operen», tal como afirmó en su momento el senador del FPV Marcelo Fuentes.
Según el oficialismo, este proyecto, que desvela a Macri porque muchas de las obras que tienen planificadas en el presupuesto 2017 requieren que se realicen bajo el PPP, permitirá que la inversión pública en infraestructura y servicios «fomente el pleno empleo» que, valga la aclaración, casi se había alcanzado hasta el año pasado pero que el actual gobierno destruyó para, valga la paradoja, volver a buscarlo aunque ya precarizado.

Los senadores que ya habían aprobado esta norma (48 a 13) anticiparon su decisión de respaldar las correcciones de Diputados.
Todo ello fue fruto de la presión del gobierno y de los gobernadores. Ambos grupos tienen como principal operador en la Cámara Alta al senador Miguel ÁngelPichetto.