En el fallo que frenó el tarifazo, la Corte Suprema también pidió que se designe un Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que está vacante desde 2009. Tal como anticipó Tiempo Argentino este domingo, la justicia había intimado al Congreso para que conforme la comisión bicameral que tiene la función de designar al Ombudsman. Si bien hasta el momento el cargo seguía vacante, el tarifazo hizo notar su ausencia ya que la Ley de Defensa del Consumidor le otorga legitimación activa para defender los intereses de los usuarios o consumidores afectados.

Por lo pronto, los jueces supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda destacaron en su fallo la necesidad de que el Congreso designe de una vez un representante para la Defensoría del Pueblo, un puesto vacante desde hace siete años. El Congreso ya había tomado el guante y designó los siete senadores y siete diputados que conformaron la Comisión Bicameral que pondrá un hombre o una mujer al frente de la Defensoría. El nombre que sonaba hasta la semana pasada es el del ex diputado Humberto Roggero.

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Ante esta situación de indefinición, el jueves pasado se reunieron en la ciudad de Corrientes todos los Defensores del Pueblo nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, presidida por Alejandro Amor, ombudsman porteño, y exigieron la realización de las Audiencias Públicas “con la consideración de las economías regionales, el sostenimiento de las PyMEs, la tarifa social ampliada y de posibilidad de acceso automático con criterios idénticos tanto en agua, como en luz y gas, la progresividad y la razonabilidad de los incrementos”.

Amor, en calidad de presidente de la Asociación, venía reclamando la designación del Defensor del Pueblo de la Nación desde las elecciones pasadas, cuando envió una carta compromiso a cada uno de los candidatos para que realicen el nombramiento correspondiente en el cargo vacante. Según pudo saber Tiempo Argentino, Amor también le había mandado una carta a Lorenzetti en la que dejó sentada su posición sobre las tarifas. Previamente, había presentado el amparo por el impacto del aumento tarifario en los clubes de barrio.

Los Ombudsman habían anunciado que participarían en “las audiencias fijando no solo una postura común, sino también detallando las situaciones propias con las características de cada una de las provincias y municipios”. De este modo, ahora que la Corte exigió la realización de Audiencias públicas, podrán formar parte de ellas con la función de representar a los usuarios.

“Vemos con absoluta preocupación la postura de algunas empresas energéticas que amenazan con cortes de servicios, amparados en la falta de aumentos por las medidas judiciales que hicieron lugar a medidas cautelares. No sólo rechazamos esas expresiones, sino que las consideramos una amenaza sobre los usuarios que desconoce que los servicios de energía constituyen derechos humanos básicos, y que su corte por parte de las empresas será denunciado por las Defensorías ante la justicia”, destacaron todos los Defensores del Pueblo de las distintas localidades en el país.

La defensoría porteña también se había presentado ante la Corte Suprema para solicitar la intervención de la institución en calidad de Amicus Curiae en la causa que tramita el amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la entidad que logró el fallo de la Cámara de La Plata contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, con el objetivo de “enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico y científico, relativos a las cuestiones debatidas”.