En la movilización del 10 de febrero en Lima, el gobierno desplegó 10.000 efectivos de la policía. Su presencia no redujo la de los manifestantes. Mientras la policía rodeaba, ella caminaba y no dejaba de hablarnos mirándonos a los ojos. Es algo que nos pasó con cada una de las personas que escuchamos en Perú. Nos miraban a los ojos y nos contaban su dolor. A veces no hacían falta siquiera las palabras, sus ojos hablaban por sí solos, otras veces gritaban desesperadamente o lo hacían en voz baja, tocándose alguna herida, con miedo de que vuelva a pasarles algo, a ellos o a sus familias.

Pero ella caminaba con firmeza y sus palabras, también: “nuestros hijos han sido asesinados con armas de guerra y eso nos duele. El dolor es demasiado, hermanos. Me emociono al verlos a ustedes acá”. Estuvimos en Perú del 7 al 13 de febrero. Fuimos con la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos. Con esta misma delegación estuvimos en Bolivia, en Colombia y en Ecuador.

Vamos a cada país a partir de invitaciones de organizaciones sociales y derechos humanos con un objetivo claro: recabar testimonios de las víctimas de la represión y llevar adelante acciones de cooperación para la protección de la sociedad civil. A partir de las conclusiones, elaboramos un informe para presentar ante organismos internacionales. Es siempre la misma modalidad, pero acá algo cambió.

En Perú la cosa está tan jodida que Migraciones se niega a que mostremos la realidad. ¿Cómo? Toman la decisión de impedirnos el reingreso al país a mí, a Juan Grabois, a Juan Marino y a toda la Misión. Consideran que fuimos a “desestabilizar” y en connivencia con los medios, nos tratan de “castrochavistas”. Sí, no es joda, usan esos términos para esconder bajo la alfombra sus propios delitos. Esta medida la llevó adelante la congresista Patricia Chirinos, parte del partido neoliberal Avanza País e integrante de la Carta de Madrid, el foro de la extrema derecha mundial impulsado por Vox.

Reitero, con esto no intentan prohibir mi entrada o la de cualquier integrante de la delegación, su objetivo de fondo es tapar las violaciones a los derechos humanos. Estuvimos en Ica, Lima, Ayacucho, Juliaca y Cuzco. Los relatos que escuchamos son estremecedores. Las víctimas fatales de represión estatal durante las manifestaciones supera las 76 personas a la fecha del 1ero de marzo. Las detenciones arbitrarias, tortura, maltratos, vejaciones se cuentan por centenares.

La persecución política, la ausencia de libertad de expresión, la implantación de pruebas falsas y la infiltración de agentes en las manifestaciones para generar disturbios están a la hora del día. La decisión de Migraciones no deja de ser un intento más por silenciar al pueblo peruano, que nos abrió las puertas en un grito desesperado de ayuda.

Desde la Cámara de Diputados presentamos un proyecto de resolución para repudiar enérgicamente esta medida, para mostrar absoluta preocupación por la irresponsabilidad de Chirinos de difundir datos personales de los integrantes de la Misión y para exigir la intermediación del Poder Ejecutivo, a través de Cancillería, y resolver esta situación cuanto antes.

La derecha viene recargada y está dispuesta a todo. Los pueblos de la Patria Grande tenemos que unirnos para defender la Democracia.