La estrategia común de defensa de los empresarios que participaron en junio de 2017 de una reunión de la “mesa judicial bonaerense” en la que se habló de una “Gestapo sindical” tuvo una fisura. Los representantes de las cámaras de la construcción de La Plata venían coincidiendo en sus indagatorias en que fueron “víctimas” de una celada, que concurrieron a una “reunión de trabajo”, que no participaron de ninguna maniobra persecutoria contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina –aunque era un problema insoluble para ellos- y, sobre todo, que no sabían que en esa reunión había agentes de la AFI.

Venían plasmando eso en declaraciones por escrito y sin responder preguntas. Hasta que uno habló. Una cosa es escribir y corregir antes de presentar, y otra muy distinta es hablar espontáneamente ante un juez y una fiscal.

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Fabián Rolando Cusini, de la Cámara de Desarrolladores Urbanos Región Capital de la Provincia de Buenos Aires, intentó seguir con esa línea argumental de los empresarios asistentes a la reunión que podría resumirse en dos palabras: “fueron ellos”. Pero reconoció haber mantenido varias  conversaciones contemporáneas a la reunión con el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, una pieza clave en el presunto armado de causas que investiga el juez federal platense Ernesto Kreplak. Y con la misma simultaneidad, él –que venía padeciendo desde hacía años al Pata Medina pero nunca había hecho una denuncia judicial porque creía que “el poder de policía lo tenía el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Trabajo”- de pronto se hartó e hizo dos denuncias penales en un mismo día. Casualmente, fue después de la reunión en las oficinas porteñas del Banco de la Provincia.

“Esto lo fui llevando en el tiempo durante todo el 2017, pero todo fue empeorando, comencé a recibir más presiones y como la cosa no daba para más tuve que hacer la denuncia que señalaron”.

Los empresarios buscan despegarse de una situación real (los obstáculos que padecían sus obras por los reclamos de la UOCRA La Plata) que se desmadró en manos de los funcionarios. Cusini recordó: “Una vez me quisieron parar una obra porque no tenían Coca Cola para almorzar. En otra oportunidad tuve que salir a comprar botas nuevas porque las que tenían no las querían usar”. Y denunció que las sucesivas gestiones en el Ministerio de Trabajo provincial “no hacían nada, nunca daban una solución”. Hasta que el ministro de Trabajo de la gobernadora María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, prometió en esa reunión que ellos sí iban a hacer algo. Ese “algo” es lo que hoy los tiene sentados en el banquillo de los acusados. Los empresarios se autoperciben víctimas; en la causa penal se los investiga como supuestos partícipes o cómplices.

Cusini recordó que Villegas “hacía mucho hincapié en que las Cámaras hagan una denuncia, una nota, en la que se indique lo que sus afiliados o socios estaban pasando”.

Las dos denuncias penales, que presentó en un mismo día (el 14 de septiembre de 2017) el hombre que nunca había hecho una denuncia, contenían términos que fluyeron en la mesa del Banco Provincia. Cusini reconoció algo que ocurrió en esa reunión: “Repartieron un papelito que no recuerdo lo que decía y nos instó a que presentemos las notas en el Ministerio de Trabajo. Después de que nos fuimos, Alconada (Ricardo Alconada Magliano, presidente de la Cámara, también imputado en la causa, NdeR) llama a una reunión y se decide hacer la presentación. (…) Me parece que lo que dijo Alconada en la reunión fue lo que planteó Villegas para presentar en el Ministerio, una nota en la que se explicaban todos los problemas que nos aquejaban por la UOCRA”.

Esas notas fueron a parar al juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, quien las valoró al momento de procesar con prisión preventiva a Medina. Las defensas de los empresarios destacan que el juez resaltó también una presentación contra el Pata Medina que formuló YPF y subrayan que “nadie de YPF estuvo en el Banco Provincia”. ¿Hacía Falta? El presidente de la empresa era, por entonces,  Miguel Ángel Gutiérrez, exCEO de Telefónica, designado en la petrolera estatal por Macri.

La fiscal Ana Russo buscó ahondar sobre el contenido del “papelito” repartido en la reunión. Cusini respondió: “El papel que me dieron me lo metí en el bolsillo, creo que tenía palabras sueltas o frases, no era el modelo de un escrito judicial para presentar. Me parece que salí y al papel lo tiré, no le di mucha importancia”.

En una declaración indagatoria, que es el principal acto de defensa, el imputado no está obligado a decir la verdad.

Algunos defensores admiten que la reunión en el Banco Provincia tiene dos problemas: la filmación, y la presencia de agentes jerárquicos de la AFI. Y hacia allí apuntan.

Sobre el video, Cusini –al igual que el resto de los empresarios- manifestó: “Yo me siento una víctima por parte de la UOCRA, acompañé a una reunión al presidente de la Cámara y nos grabaron ilegalmente”.

¿Y sobre los espías? Todos coinciden en que nadie los conocía, ni sospechaban que eran agentes de inteligencia. “Había personas que no se habían presentado, habían dado su nombre de pila. Yo creía que esa gente pertenecía al Ministerio de  Trabajo”.

Los espías llevaron la voz cantante en la reunión. Pese a que Cusini suponía que eran funcionarios del Ministerio de Trabajo, en ninguna de las comunicaciones que mantuvo con Villegas (o con Grassi) se le ocurrió preguntar: “Che, ¿quiénes eran esos tipos?” «