La política de asfixia a los sectores más vulnerables y de acelere de la transferencia de recursos desde el Estado a los bolsillos de los amigos llegó de la mano de Cambiemos.

En nombre del «sacrificio» y del «esfuerzo», son los trabajadores, los jubilados, los clubes de barrio y las Pymes los que año tras año deben soportar el aumento extraordinario de tarifas en detrimento del salario y las ganancias de los pequeños y medianos productores. En algunos casos, poniendo en terapia intensiva la subsistencia del trabajo argentino. Como frutilla del postre, desde el Ejecutivo descargan la responsabilidad de solucionar el impacto de los tarifazos a las provincias y municipios que, una vez más, tienen que poner la cara ante las políticas para pocos del gobierno nacional.

Desde que Mauricio Macri es presidente, los servicios públicos aumentaron en promedio un 1600%. Este porcentaje gigantesco erosiona los salarios y como consecuencia inmediata provoca cambios en los hábitos de consumo y del bienestar de los argentinos. Cambiemos ve lujo donde solo le conviene.

Para relevar las condiciones socio-económicas de las familias argentinas se tienen en cuenta dos índices. La Canasta Básica Alimentaria, que define la línea de indigencia, y la canasta básica total, que arroja los datos de pobreza. Esta última suma bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera).

Durante la gestión kirchnerista, la relación del salario con el costo de las tarifas era de apenas 2,7 por ciento. En los tres años de la gestión Cambiemos el porcentaje se disparó a 14.5%.

El resultado del informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda es demoledor: «Argentina es el país de la región de mayor incremento en el peso de los servicios públicos sobre los salarios en los últimos tres años».

El aumento promedio acumulado de los últimos dos años sumado al último de este año arrojan números desoladores: gas natural 1297%, electricidad 1490%, agua corriente 996%, peajes 667%, colectivos 275%, y prepagas 88%, y los combustibles modificaron su valor 12 veces acumulando una suba del 108%.

En plena crisis por los tarifazos, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció la baja de los impuestos provinciales.

Desde el bloque de Diputados de Unidad Ciudadana de la Provincia de Buenos Aires consideramos que el impacto será insignificante en las boletas de los 16 millones de bonaerenses. Pedimos una sesión especial para tratar de manera justa el aumento de tarifas.

Otra estafa, otra cortina de humo. Uno más de los ya incontables artilugios del gobierno de Cambiemos para distraer a la opinión pública con medidas que no resuelven el fondo del problema y que perjudican al conjunto de la población, sin tocar a los verdaderos ganadores de este modelo: el sector más rico de la sociedad.

Como bloque proponemos retrotraer las tarifas al 1 de enero de 2017. Conformar una comisión que defina el valor razonable de los aumentos; auditar a las distribuidoras de servicios y decretar la emergencia tarifaria, hasta paliar los impactos de los aumentos descontrolados.

El combo de paritarias a la baja, flexibilización y persecución laboral, desocupación, tarifazos, emisión sideral de deuda y apertura indiscriminada de importaciones remite a una época pasada-cercana donde los resultados fueron a costa de la sangre y el dolor del pueblo. Evitar que la Patria vuelva a quebrarse es una obligación de todos los argentinos.