La bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional presentó este martes el informe sobre el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Un operativo apuntado a “opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados”. Desde el Frente de Todos señalaron que hay que decirle “nunca más” a estos “sótanos de la democracia”.

El oficialismo había logrado firmar un dictamen de mayoría, con 8 representantes del FdT, esta mañana, en un encuentro que se realizó puertas cerradas en el Salón Delia Parodi. Por la tarde, las espadas del kirchnerismo: el diputado Leopoldo Moreau -titular de la comisión-, sus pares Eduardo Valdez y Blanca Osuna, junto a los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, brindaron una conferencia de prensa. Allí dieron detalles del informe parlamentario que -pese a que no es vinculante- alcanzarán a la justicia.

“Cuando avanzamos en la investigación nos encontramos con una estructura mafiosa. Comprometió diversos estamentos estatales. Han participado fiscales, jueces, camaristas, probablemente, miembros de la Corte. Pero nosotros no podemos avanzar en ese terreno porque eso excede nuestras facultades”, señaló Moreau. “Le recomendamos al Senado y a Diputados que conforme una comisión bicameral parlamentaria a los efectos de estudiar la conducta de estos magistrados”.

Las declaraciones reflotan lo que se conoció mediáticamente meses atrás como “Comisión Parrilli”, cuyo proyecto ingresaría en el Senado.

Luego de la consulta de Tiempo Argentino sobre cuál fue la postura de Juntos por el Cambio frente al informe, el diputado Moreau respondió: “Los tres representantes que estuvieron presente presentaron un dictamen en minoría. No participaron los senadores Carlos Marino y Oscar Castillo”. Moreau explicó que “en ningún momento el dictamen de minoría cuestionó  el contenido de la investigación. Plantearon una objeción de carácter procesal a las facultades que tenemos respecto a la posibilidad de llevar adelante este tipo de investigaciones”.

La bicameral, además de estar integrada por el titular de la bancada en diputados del PRO, Cristian Ritondo, está compuesta por Sebastián García de Luca (PRO), Jorge Cano (UCR), los senadores radicales Pamela Verasay , Carlos Marino y Oscar Castillo.

El dictamen

El texto hace hincapié en que el método que se utilizó durante el Gobierno de Macri fue “el lawfare o guerra jurídica”.  En ese punto explicó que las acciones concretas con las que se materializó fueron: “Seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos “arrepentidos” falsamente y bajo presión, entre otras”.

El texto detalla que durante el gobierno de Macri se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal. Que el objetivo era la “dominación y extorsión” y lo calificó como “práctica mafiosa” para quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas.

Según el escrito, el plan de espionaje ilegal tuvo en la mira 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales. Hubo al menos 307 víctimas directas confirmadas y 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales, solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Cambiemos.

Entre los nombres de las operaciones que los legisladores señalan que se hicieron contra opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados aparecen: la Operación Instituto Patria; ARA San Juan; Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; Brusa Dovat-PDVSA; Atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes políticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado, por mencionar, incluyendo la que sufrió la expresidenta Cristina Fernández.

El escrito está basado en declaraciones y confesiones de varios de los agentes que participaron en estas operaciones. Dalmau Pereyra, jefe de Contrainteligencia de la AFI en ese momento, nexo con la cúpula del organismo dirigido por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fue el primer encargado del montaje. Facundo Melo, María Mercedes Funes Silva, Leandro César Araque y Jorge Horacio Sáez -varios de ellos ex agentes de la Policía de la Ciudad- se incorporaron a la AFI en el año 2016. Luego fueron parte de la célula que se conocería como los “Super Mario Bros” y que funcionaría en “La Cueva”, como llamaban a su central de operaciones.

La “Operación Pablo Barreiro” -ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner- es una muestra del accionar. En el marco de la mediáticamente denominada “Causa Cuadernos”, que habilitó detenciones a granel contra ex funcionarios y empresarios, el entonces juez federal Claudio Bonadío ordenó el arresto de Ricardo Barreiro, padre de Pablo. A través de personas allegadas, entró luego en acción el espía Marcelo Sebastián D’Alessio. Barreiro recibió el consejo por parte de D’Alessio de “sumarse” a los “arrepentidos” de la causa para que su padre saliera en libertad.

En la causa de GNL, en la que se investigaba una supuesta trama de corrupción, se descubrió que con un año de anticipación estaba planificada la publicación de un libro-escrito por el periodista Daniel Snatoro-sobre el tema. Ese texto sería el disparador con el que Bonadío impulsaría la causa y la citación, como testigos del caso, al autor del libro y sus fuentes, que no sería otro que el propio espía D’Alessio.

El dictamen también indica que los periodistas con gran audiencia tampoco estuvieron a salvo. La operación sobre Alejandro Fantino se disparó porque circuló la información de que había tenido una reunión privada -un off the record- con la ex presidenta Cristina Fernández. La inteligencia ilegal armó “una carpeta” – sistema conocido en la jerga periodístia como “carpetazo”- para poder determinar sus inclinaciones políticas y las del resto de los periodistas que integraban el staff de su programa.

Otra de las pruebas del funcionamiento operativo de estas células-indica el dictamen-, la constituye la operación de espionaje sobre Oscar Parrilli, ex secretario general de la presidencia entre los años 2003 y 2014 y último titular de la AFI. Las fechas permiten la reconstrucción de este delito. Describen, indica el escrito, el nivel de premura con que el poder político de ese momento necesitaba su realización.

El teléfono de Parrilli, actual senador nacional por Neuquén, estuvo intervenido durante 209 días. La pinchadura se inició el 30 de enero de 2016, a pocos días de que asumiera el presidente Mauricio Macri. Las máximas jerarquías de la AFI se habían presentado en la Justicia y pidieron intervenir la línea de Parrilli. La excusa fue que estaban ante una hipótesis de delito en el marco de la Ley Nacional de Inteligencia. Esto permitió, como en otros casos, la apertura de una “precausa”.

Esta -la precausa- es una figura legal que habilita el seguimiento de una persona sólo por la sospecha, sin pruebas. La intervención de la línea de Parrilli fue autorizada primero por la jueza federal María Servini de Cubría y luego por su colega Ariel Lijo. Sus conversaciones con Cristina Fernández, verdadero objetivo de las escuchas, fueron grabadas y posteriormente difundidas por entregas en los horarios estelares de la televisión argentina. Lawfare sin límites.