El gobierno comenzó a ofrecer formalmente la extensión de la asistencia alimentaria a través del Ejército a los intendentes de distintos municipios del Conurbano bonaerense, para afrontar la segunda semana del aislamiento social obligatorio que podría extenderse hasta mediados de abril, con una posible segunda etapa de confinamientos más acotada a distintas zonas del Área Metropolitana. La oferta de utilizar el recurso militar para los jefes comunales fue compartida este viernes por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, durante una reunión en la que también participaron representantes de organizaciones sociales, la Iglesia católica, funcionarios bonaerenses y nacionales. El dato pasó prácticamente inadvertido por dos razones: el eje central del encuentro fue la distribución crítica de alimentos y porque ninguno de los participantes cuestionó la posibilidad de recibir brigadas de uniformados para reforzar la asistencia social, como sucedió la semana pasada en el partido bonaerense de Quilmes.

El despliegue se reeditará a partir de este martes en La Matanza, luego de una reunión de coordinación que se concretó este viernes entre la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente Fernando Espinoza y representantes de las carteras de Defensa y Seguridad. Con el desembarco en el partido provincial más populoso del país, las fuerzas armadas realizan su tercera “misión subsidiaria” luego del operativo en Quilmes (que concluyó este miércoles) y del despliegue realizado en la ciudad de Posadas, Misiones.

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La presencia verde olivo también comenzará a experimentarse en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, pero con un despliegue “más discreto” en el barrio porteño de Nueva Pompeya, donde la Fuerza Aérea erigirá un segundo Hospital Militar Reubicable en el terreno del Hospital Aeronáutico Central.

Fue estrenado en Haití, durante la participación argentina en la misión de Cascos Blancos. Si bien no es tan grande como las instalaciones móviles que funcionan desde la semana pasada afuera del Hospital Militar de Campo de Mayo, su armado será, desde esta semana, un nuevo paso del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para delinear un eje de asistencia en dos zonas sensibles del sur metropolitano: La Matanza y las comunas porteñas 4 y 8, que concentran a los barrios de La Boca, Barracas, Pompeya, Soldati, Lugano y Villa Riachuelo. Se trata de los conglomerados más pobres de la Capital, cuya población ya registró la mayor cantidad de contagios de dengue en lo que va del año. Esa geografía, según las estimaciones oficiales, podría requerir una mayor atención preventiva en las próximas semanas.

En la Casa Rosada negaron que se trate de experiencias piloto, sino de misiones que se extenderán en las próximas semanas durante el desarrollo de la cuarentena. En Quilmes el Ejército destinó 60 efectivos con cuatro vehículos que transportaron tres equipos de campaña con cocinas móviles para producir mil raciones calientes que fueron distribuidas por soldados del Regimiento de Patricios, con asiento en Palermo, del Regimiento de Artillería 1, “General Iriarte” y de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, ambos con sede en Campo de Mayo. Desde allí saldrán las tropas a partir del lunes con destino a La Matanza, aunque en el gobierno aseguraron que será una misión “mucho más grande”, con una duración más extensa que la semana de estadía que tuvo epicentro operativo en el Club Atlético Quilmes.

Los militares cumplirán tareas de apoyo para la alimentación y, en caso de un incremento en la tasa de contagios, también podrían realizar tests y traslados a las unidades médicas. Sin embargo, también tendrán un rol disuasivo en los barrios con su presencia y en la definición de cordones de contención en caso de que el aislamiento se focalice en determinadas zonas del área metropolitana: una de las posibilidades que analiza el Ministerio de Salud para la segunda mitad de abril y la primera de mayo.

La efectividad del apoyo castrense dependerá, en gran parte, del impacto que tenga en La Matanza, en una combinación de militares como asistencia táctica de la policía y las fuerzas federales para no violar la Ley de Seguridad Interior.

Otro punto determinante en esta nueva experimentación tiene que ver con la comunicación de este tipo de operativos. Se trata de un punto “hipersensible” en el Ejecutivo y dentro del Estado Mayor. La muestra la aportó el gobernador de Salta Gustavo Sáenz. Hace una semana le reclamó al presidente Alberto Fernández que “saque los militares a la calle” para enfrentar la pandemia. El mensaje cayó como una piedra en los ánimos del gobierno y también de los jefes uniformados, que no se esperaban una convocatoria de ese tipo por parte de un mandatario que mantiene un diálogo fluido con ellos por las tropas de asistencia que están desplegadas desde enero en el norte salteño para proveer agua potable a las poblaciones wichí, que concluyeron un verano funesto por la nueva ola de muertes infantiles por desnutrición, deshidratación y nulo acceso al líquido elemento limpio.

Una alta fuente confió que “varios gobernadores han pedido la asistencia del Ejército” al gobierno, pero el pedido de Sáenz cayó tan mal, que posiblemente Salta no forme parte de los territorios del interior que podrían ser asistidos con fuerzas militares, para evitar que sean presentadas de ese modo ante la población.

La coordinación de todos los operativos corre por cuenta de la cartera de Defensa y de los once comandos unificados de emergencia que abarcan todo el país y, en su mayoría, están asentados en los comandos de brigada del Ejército. El Área Metropolitana está dentro del primer comando, a cargo del general de brigada Néstor D’Ambra.

Respiradores 

Un avión de la Fuerza Aérea partió ayer de Aeroparque equipado con 23 respiradores para entregar en las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, y otros 26 en Formosa, Corrientes y Misiones, además de alcohol en gel.