Después de más de seis años de permanecer detenida sin condena firme, la Corte Suprema de Justicia sentenció a 13 años de prisión a Milagro Sala bajo la figura de asociación ilícita y defraudación al Estado, en la causa conocida como «Pibes Villeros». Esta nueva decisión del tribunal, que viene de semanas de fallos polémicos, desató un sinfín de reacciones entre quienes sostienen que la dirigente es una presa política.

La agrupación Tupac Amaru –cuya líder es la jujeña– y otras organizaciones sociales iniciaron el miércoles un acampe en Plaza de Mayo para exigirle a Alberto Fernández que dicte el indulto a Sala. Por su parte, y si bien siempre mostró una estrecha empatía con el caso de la dirigente social, el presidente sostuvo en entrevistas radiales que su figura no cuenta con la potestad de interceder en las decisiones de la justicia provincial, por lo que no sería viable que el ejecutivo instruya esta medida.

Ante esto, organismos de Derechos Humanos, encabezados por las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros, se reunieron con el jefe de estado para presentarles su preocupación ante el caso. Las organizaciones le plantearon al presidente, en primera medida, que encuentre una «solución política» para la situación de Milagro Sala, quien este 16 de enero cumplirá siete años de detención, al tiempo que le solicitaron, como ya muchos hicieron, que indulte a la líder coya.

La cumbre se llevó a cabo pocas horas después de que Fernández se reuniera con gobernadores de 18 provincias y decidieran en conjunto no acatar la resolución de la Corte Suprema de Justicia que aumenta el saldo de coparticipación que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 2,32% a 2,95%. Por eso, los organismos le llevaron al presidente un pedido más que recurrente en sus reuniones: que garantice la ampliación del máximo tribunal. «Estos cuatro señores que la integran niegan la justicia y el derecho en cada resolución, y la confirmación de la condena a Milagro es una demostración de esto», sostuvo luego del encuentro con Fernández el abogado e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Tavani.

Mientras el presidente recibía a los organismos, frente a ellos se encontraba el acampe de la Tupac Amaru, que se mantuvo hasta la mañana de este viernes. Alejandro «Coco» Garfagnini, dirigente de la organización, habló con este diario y mostró su preocupación frente al avance de la justicia en el caso de su líder política. «Ya sabíamos que el fallo de la Corte iba a ser en contra de Milagro, no nos sorprende esta decisión. Por eso decidimos hacer el acampe para pedirle al presidente que intervenga y accione el indulto», sostuvo Garfagnini.

Frente a la respuesta del presidente de no tener potestad para intervenir en la decisión de la justicia jujeña, y que sólo puede hacerlo ante la intervención del tribunal federal, Garfagnini lo contradijo: «Creemos que Alberto Fernández está equivocado, y se lo demostramos con pruebas. Cuando mantuvimos una reunión con él, le recordamos el caso del abogado Alejandro Vecchi, quien fue indultado por Eduardo Duhalde en 2002. Ese caso tampoco había llegado a la Justicia federal, sin embargo el presidente de aquel momento resolvió intervenir. El problema con Alberto Fernández es que él tiene una parte de la biblioteca y nosotros tenemos la otra».

Si bien desde que montaron el acampe no habían tenido una respuesta oficial –sólo algunos diputados del Frente de Todos se acercaron a mostrar su apoyo a la organización–, Garfagnini admite que el hecho de que organismos de Derechos Humanos se hayan reunido con el presidente fue un gran avance. «Los organismos le recalcaron a Alberto que el estado argentino tiene responsabilidad de cumplir con la resoluciones y recomendaciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, del cual Argentina es parte. Este y otros organismos internacionales intervinieron en este caso y sostuvieron que Milagro Sala es una presa política. Por eso, la insistencia para que el presidente resuelva este avance de la Corte».

Si bien aún no existe ninguna confirmación por parte de los asistentes a la reunión de cuál sería la resolución que tomará Alberto Fernández, Alejandro Garfagnini augura: «Esperamos que el presidente se haga cargo de esta situación y tome las medidas necesarias. Creemos y deseamos que pueda firmar algún instrumento que garantice la libertad a Milagro y que su situación procesal pueda resolverse lo más pronto posible».  «