La nueva reunión de la Comisión de Justicia del Senado terminó por sellar la suerte del proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria. En duros términos la oposición rechazó el proyecto y prometió avanzar en una nueva redacción para devolver “la razonabilidad al proyecto”.

Luego de haber escuchado ayer la endeble defensa de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, los senadores arremetieron contra el texto aprobado en diputados. El titular del bloque del PJ – FpV, Miguel Ángel Pichetto no dudó en calificarlo como “mamarracho jurídico”.

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El senador rionegrino advirtió que “asimilar los delitos de la administración pública a los delitos de lesa humanidad, es una exageración ya planteada por la Cámara Federal de La Plata en un voto del doctor (Leopoldo) Schiffrin, que realmente era totalmente imprudente en términos institucionales”.

Por otra parte, agregó que “si la necesidad de la sociedad es lograr resultados más rápidos, lo que estamos haciendo es consolidando procesos que van a durar 20 o 30 años. Si no es prescriptible, por lo tanto el juicio durará hasta el fin de la vida del imputado”, ironizó.

Para Pichetto, “este tema no resiste análisis, nosotros vamos a avanzar para volver este tema a la normalidad, en el sentido de que estos delitos tienen la prescripción ya establecida en el Código”.

También consideró muy grave asimilar la malversación al cohecho en los mínimos, porque “en la práctica y la experiencia de los municipios, los pueblos chicos, en el marco de emergencias por falta de recursos, muchas veces los intendentes reasignan partidas que después a fin de año las reacomodan, y darle a eso un carácter doloso me parece medio complicado también”.

Por su parte, el fiscal general de la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz, que expuso ante los legisladores, señaló que “es muy discutible el acuerdo administrativo”, y sentenció – al igual que lo había hecho Pichetto – que “valorativamente no se pueden comparar” los delitos de lesa humanidad con los cometidos contra la administración pública.

Pese al pedido expreso de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, los senadores anticiparon que no volverán a incluir en el texto el artículo 37, denominado Oderbrecht – Calcaterra. Al respecto el senador salteño, Rodolfo Urtubey, sentenció: “Ese artículo no tiene razón de ser. Se tiene que legislar pensando en lo general y no en lo particular.”