Un paso adelante y uno o más para atrás. Así funciona desde hace años el proceso de investigar y juzgar la responsabilidad de civiles y empresarios durante la última dictadura. Expedientes con demoras increíbles, sobreseimientos y condenas anuladas son algunas de las trabas que afectan a este proceso.

En las últimas semanas, se conocieron varios fallos que evidencian las señales ambiguas del Poder Judicial. Uno de los más visibles fue el fallo de la Corte Suprema que descongeló las causas en las que está acusado Carlos Blaquier. Luego de tenerlas archivadas por 6 años, anuló las faltas de mérito dictadas en 2015 por Casación y ordenó que enviaran la causa de vuelta a Jujuy. Y así pasó: este viernes, el juzgado federal 2 de Jujuy elevó una de esas causas a juicio oral para que el dueño de Ledesma sea juzgado por secuestros ocurridos en marzo de 1976.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

A comienzos de agosto, la Sala IV de Casación sobreseyó a los hermanos Méndez nueve años después de que fueran condenados por prestar una quinta para instalar un centro clandestino en las afueras de Tandil. El fallo, que fue apelado este viernes por la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, copió los argumentos que ya había establecido la Corte en el caso en diciembre del año pasado.

Esta semana, también se conoció la decisión de la Cámara Federal de Salta que, un mes después de confirmar el procesamiento de Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte, habilitó un recurso de casación pedido por las defensas y frenó la causa en la que está acusado por secuestro y tormentos a trabajadores de la empresa transportista. La maniobra es similar a lo que ocurrió en el caso de Blaquier (y que paralizó la causa ocho años) pero en este caso se suma un antecedente más: Levín ya tuvo un fallo a favor en Casación en 2017, cuando la Sala III anuló la condena a 12 años por delitos de lesa humanidad.

“Hubo elementos de retrocesos y avances, pero, cuando uno pone en perspectiva de largo plazo, lo que se ve es que el hecho de que esto ocurra y que haya noticias de este tema ya es un dato que tenemos que recoger. Es una particularidad del caso argentino, estos temas no son objeto de judicialización a nivel internacional como lo son acá”, destaca Victoria Basualdo, coordinadora de la Unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La historiadora e investigadora del Conicet y FLACSO considera este como un momento bisagra de estas causas. Por un lado, se intentan remontar los cuatro años del macrismo “en los cuales hubo un proceso de desmantelamiento sistemático de lo que se había intentado motorizar entre 2005 y 2015”. En ese sentido, señala que está todo por construirse, cómo se hacen las imputaciones, cuáles son las cadenas de responsabilidad y qué pruebas se utilizan ya que “todo el conocimiento que se fue acumulando sobre la responsabilidad militar no es automáticamente trasladable a la responsabilidad empresarial”.

Por otro lado, también hay que desandar las políticas de impunidad que se desplegaron durante años. “Tuvieron diferentes formas. Están las demoras de los juicios que hace que se vayan muriendo los imputados y también la intervención de algunas instancias judiciales muy específicas, como Casación en el caso Blaquier, que la propia Corte, ocho años después, dice que no debería haber intervenido. También está la dificultad para ver el tema por los tiempos larguísimos judiciales que hace que los juicios estén elevados con criterios anteriores al tiempo en el que se desarrollan”, detalla Basualdo y agrega: “Son claramente políticas de impunidad, debido a eso no tenemos imputados empresariales en causas donde deberíamos tener, como en los juicios de Campo de Mayo y megacausa Jujuy”.

La responsabilidad de grandes empresas en el terrorismo de Estado quedó clara desde las primeras denuncias de sobrevivientes, organismos y familiares. Sin embargo, se lograron muy pocas condenas. La de Levin, en 2016, fue la primera, pero fue luego anulada por Casación. En 2018 fue la sentencia histórica en la causa Ford que aún espera la confirmación en Casación: fueron condenados dos gerentes de la multinacional, Pedro Müller y Héctor Sibilla, a 10 y 12 años de prisión por crímenes contra 24 trabajadores de la planta de Pacheco.

“Está claro que los juicios por responsabilidad empresarial tienen mucha mayor dificultad que los juicios a los miembros de las fuerzas de seguridad o armadas, que ya no están en actividad y es fácil desentenderse institucionalmente. Los empresarios siguen estando al frente de sus empresas por lo que la presión sobre el Poder Judicial para ralentizar o frenar esos juicios es muy grande. Sobre todo, porque se trata de grandes firmas y el impacto que tienen es muy fuerte”, señala Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA y de la Intersindical de DDHH.

En ese contexto, Paulón valoró lo que se ha ido logrando. “El fallo de Blaquier le quita la impunidad y tiene mucho valor simbólico. En el caso de Acindar lo mismo, aunque involucre a terceras líneas en la empresa porque de los responsables máximos, empezando por Arturo Acevedo, no queda ninguno vivo”, asegura y agrega: “Hay una muy fuerte presión empresarial por el olvido y tiene que haber un correlato del lado de los trabajadores por mantener viva la memoria por estas barbaridades colectivas que han cometido sobre sus propios trabajadores y el movimiento obrero”.

El caso Acindar, el modelo de Martínez de Hoz

Victorio Paulon es también querellante en la causa que investiga la represión masiva a trabajadores y delegados en Villa Constitución a partir de 1975 por la empresa siderúrgica, entonces presidida por José Alfredo Martínez de Hoz. A comienzos de este mes, la Cámara Federal de Rosario confirmó de manera parcial el procesamiento a un empleado jerárquico de la empresa, Roberto Pellegrini, por secuestros, tormentos y homicidios. A la vez, dictó falta de mérito para el otro, Ricardo Torralvo.

“Si imaginamos una bisagra entre el poder económico y la dictadura militar, Acindar es el perno de esa bisagra porque de ahí salió Martínez de Hoz a ocupar el cargo de ministro de Economía de la dictadura. Ese modelo de intervención se reprodujo después del golpe en las grandes fábricas como Ford, Mercedes Benz», explicó.