“El Congreso está obligado a legislar bajo presión”, señaló el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, al comenzar su exposición este martes en el Senado de La Nación. El funcionario fue invitado al plenario que convocaron las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia para debatir el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura que envió en diciembre pasado el Poder Ejecutivo.

Con una postura crítica, Soria apuntó en contra del fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”. “El Congreso no puede avalar este hecho peligroso”, agregó.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

El funcionario manifestó que “este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.

En ese sentido, afirmó: “La Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios”.

En cuanto al proyecto enviado por el gobierno dijo que es “concreto, conciso, destinado a mejorar el Consejo y darle un mayor dinamismo”. “El objetivo es que comience a funcionar de una manera más armoniosa, que servirá para cubrir a tiempo las vacantes en el Poder Judicial”, agregó.

“Nuestro proyecto claramente busca facilitar los consensos parlamentarios necesarios”, aseguró al tiempo que explicó que “no difiere mucho” del proyecto presentado por el Gobierno anterior, en 2017, suscripto por el ministro Germán Garavano. Incluso toma cosas de ese proyecto presentado por el Gobierno de Cambiemos, apuntó.

El funcionario detalló que la iniciativa modifica el artículo 2 de la ley vigente, donde regula la composición de los integrantes de las bancas que van a conformar el nuevo Consejo de la Magistratura. Se eleva la cantidad de bancas de los 13 miembros actuales a 17.

El texto, establece que el organismo tendría 4 jueces o juezas elegidos de entre sus pares, debiéndose garantizar la representación de la justicia del interior; seis legisladores, dos del bloque mayoritario y uno por el que le sigue en cantidad de integrantes. También por los abogados, 4 de matrícula federal y un representante del Poder Ejecutivo Nacional y también por el estamento académico científico: va a tener dos representantes de ese estamento.

Al respecto, Soria resumió que el nuevo Consejo incorporaría un juez, dos abogados y un académico. Y enfatizó: “No se incorpora a ningún miembro del estamento político, y esto quiero remarcarlo, porque incluso fue uno de los argumentos que se sobreactuó en este fallo de la Corte Suprema del 16 de diciembre de 2021”.

Soria estuvo acompañado por el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quien expresó: “Como juez no voy a permitir que el Consejo pare, porque creo que no puede haber ningún tipo de decisión que haga que deje de funcionar el Consejo y que deje de funcionar el Poder Judicial de la Nación. Colegas me eligieron como presidente, y yo voy a hacer lo imposible para que el Poder Judicial siga funcionando. No es admisible otro tipo de cosa.

El plenario de comisiones pasó a cuarto intermedio para mañana a las 10. En diciembre pasado, el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley vigente de 2006, que se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ordenó al Congreso sancionar una nueva norma o, de no haber acuerdo, se volverá una composición del Consejo de la Magistratura de 20 miembros. Por lo que, si no hay nueva ley, se deben elegir siete nuevos miembros, ya que, según la Corte, la composición actual de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan.

El oficialismo confía en buscar una salida razonable y madura ante la postura de la Corte de obligar al Congreso a definir frente a la amenaza de parálisis del Poder Judicial.