La Obra Social del Poder Judicial está atravesada por una investigación judicial impulsada por el fiscal Carlos Rívolo y que avanza en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti.

El expediente indaga un supuesto manejo irregular de fondos y licitaciones y un entramado de espionaje interno, por lo que se investiga al director de la obra social, Aldo Tonón, y que derivó en un requerimiento de información ejecutado por la fiscalía acompañada por agentes de la Policía Federal que, según pudo confirmar Tiempo, ingresaron el 27 de septiembre a las oficinas centrales para revisar computadoras de las áreas de Compras y Licitaciones y de la Dirección General.

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El diferendo derivó en un pedido de informe interno impulsado por el secretario general de la Corte Suprema, Daniel Marchi, para auditar la gestión de Tonón, quien está a cargo de la obra social desde hace una década por indicación del juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda.

Espionaje

En la causa en la que se investiga la gestión de Tonón al frente de la obra social también surge una denuncia por espionaje a funcionarios y empleados de la OSPJN en general y, en particular, como parte de una persecución, sobre el delegado de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Francisco Estrella Gutiérrez.

Gutiérrez asegura que fue trasladado de su lugar de trabajo, en las oficinas centrales de la obra social ubicadas en Lavalle al 1600, donde representaba a más de cien trabajadores para, en medio de la pandemia, ser reasignado en una dependencia de la calle Tucumán con apenas cinco empleados y con expresas indicaciones de no poder ingresar a las oficinas centrales en horario de trabajo, impidiendo su actividad sindical y privando al resto de los trabajadores de su derecho a una representación sindical.

El delegado, además de promover una campaña de pronunciamientos de sindicatos judiciales nacional e internacional, presentó una cautelar en el Juzgado Nacional del Trabajo N°1 denunciando que desde septiembre de 2020 fue impedido de ejercer su rol de delegado sindical y reclamando su reinstalación en su lugar de trabajo original.

El 7 de octubre pasado, el juzgado dio lugar al reclamo resolviendo “ordenar a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a fin de que en el plazo de 48 horas proceda a la inmediata reinstalación del Sr. Estrella Gutiérrez, Francisco en el puesto y lugar de trabajo que se venía desempeñando hasta el 31 de agosto de 2020 y en las mismas condiciones, hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre el fondo de la pretensión, bajo apercibimiento de aplicarle una multa de $ 3.000 por cada día de retardo en el cumplimiento de la presente”.

El 18 de octubre, habiendo notificado a las autoridades de su intención de hacer efectiva esa resolución judicial, Gutiérrez ingresó a las instalaciones de la sede central en Lavalle al 1600 en el marco de un acto realizado en la puerta del que participaron delegaciones de diferentes comisiones internas del gremio.

Si bien las autoridades de la obra social no impidieron el ingreso, se negaron a otorgarle tareas y a reasignarlo en su puesto de trabajo. Según fuentes gremiales, la decisión se fundamentó en una supuesta apelación a la cautelar que está pendiente de resolución.

Sin embargo, explicaron, si bien resulta plausible de ser apelada, el sentido de toda medida cautelar es precisamente el de su ejecución inmediata hasta tanto se resuelva el diferendo en forma definitiva. Algo que ninguna autoridad de una dependencia del Poder Judicial puede desconocer.