Alejandro Frías y Selva Florentín no se conocían. Apenas se habrán saludado antes de morir. Sin embargo, tienen varias cosas en común: eran oriundos del Conurbano y estaban de licencia cuando el micro de Gendarmería en el que viajaban desbarrancó en la madrugada del 14 de diciembre pasado en Salta. A casi diez meses de la peor tragedia de la fuerza, en la que fallecieron 43 agentes, sus familiares reclaman una mayor celeridad de la justicia, ampliar las responsabilidades en la cadena de mandos y ser escuchados por los funcionarios del gobierno.

En la misma semana que se anunció el despliegue de más de 6000 agentes de fuerzas federales en zonas sensibles de la provincia de Buenos Aires, Tiempo dialogó con los padres de Alejandro, Jesús Frías y Alejandra González; y con Beatriz, la hermana de Selva.

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Los deudos hablan en presente, resistiéndose a aceptar la pérdida. Alejandro tenía 32 años y llevaba más de una década en Gendarmería. Cumplió funciones en varias provincias, tenía tres hijas y “daba su vida por cuidar la boina”, recuerda su padre. Selva era más joven: la semana pasada habría cumplido 27. Egresó en la fuerza en 2013 y participó en el Operativo Centinela de Retiro hasta que fue destinada al Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero.

Poco después de las 23 del 13 de diciembre, dos colectivos de Gendarmería y uno alquilado a una empresa privada partieron de Santiago rumbo a San Salvador de Jujuy, tras recibir la orden verbal del Ministerio de Seguridad de reprimir o prevenir eventuales desbordes de organizaciones sociales que se manifestaban en contra del gobernador Gerardo Morales. En el puente del kilómetro 956 de la Ruta Nacional 34, por el mal estado del micro, uno de los neumáticos delanteros del móvil 8017 reventó y el vehículo cayó al vacío.

El Juzgado Federal Nº 1 de Salta imputó por el delito de homicidio culposo a Ricardo Villasanti y Carlos Geman, a cargo de Motorizada y Logística del Móvil 5, respectivamente. Pero los familiares y asociaciones que representan a las víctimas piden avanzar por lo menos contra el jefe de escuadrón y de la región.

Entre sollozos, la madre de Alejandro señala: “Ni siquiera tuvieron la gentileza de llamarnos. Nos enteramos por los medios. Salimos con el auto de mi otro hijo como locos, sin rumbo. Por un altoparlante escuchamos el nombre de Alejandro y entró un cajoncito cerrado. Eso no me lo voy a sacar nunca del corazón, no le pude dar el besito de despedida”.

Jesús, con la voz entrecortada, acota que, junto a Beatriz, debieron esperar hasta el otro día la llegada de un vehículo para llevarse los cuerpos.
Analía Zabala también participa de la entrevista. Ella asesora y acompaña, a través de una asociación, a los familiares. “El 14 de septiembre nos movilizamos a Plaza de Mayo para informarle al gobierno que estamos buscando una respuesta, tanto de Gendarmería como del Estado. Hacía 20 días habíamos entregado un petitorio para que nos reciba el presidente Macri y la ministra Bullrich”, sostiene. “El objetivo de la marcha era que la misma sociedad que constantemente pide seguridad, sepa en las condiciones que trabajan y qué pasa dentro de la fuerza”, continúa la mujer.

En un principio, el oficialismo indicó que las fuerzas federales como Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria o Gendarmería, que durante el kirchnerismo fueron destinadas a prevenir el delito urbano, volverían a cumplir su rol original de proteger las fronteras. Pero finalmente el gobierno cedió ante una mayor demanda social y un expreso pedido de los intendentes bonaerenses y de las autoridades santafesinas.

“Mi hijo estaba de vacaciones, pero él estaba para servir. Pero no así en las condiciones que lo mandaron. ¿Por qué no lo cuidaron?”, se queja Jesús. 

“Ni abuso ni error; política de Estado”

María del Carmen Verdú, titular de CORREPI, analiza “el dato que brindó la ministra Bullrich: la nueva oleada de Gendarmería en la provincia tendrá particular énfasis en el Conurbano y Mar del Plata”. Para la abogada, la estrategia coincide con los lugares con “mayor índice de desocupación y donde primero va a estallar el conflicto social”. En referencia a las vejaciones contra chicos vulnerables de la periferia, concluye que no “se trata de excesos, ni abusos, ni errores. Es una política de Estado. Hace unos meses el Ministerio de Seguridad está contratando abogados para la Dirección de Asuntos Jurídicos para asignarlos a Gendarmería. Los existentes no alcanzan para abordar los casos de gatillo fácil”.

La escalada de la violencia institucional: De la murga baleada a las torturas a los chicos de la garganta poderosa

El 29 de enero, un grupo de gendarmes irrumpió en la Villa 1-11-14 y disparó escopetas y pistolas con postas de goma contra vecinos del barrio. Los chicos que participaban de los ensayos de la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” fueron los más perjudicados. El Ministerio de Seguridad primero justificó el procedimiento y luego sostuvo que investigaría.

La Garganta Poderosa denunció que el sábado 24 de septiembre dos de sus integrantes fueron víctimas de torturas por parte de un grupo de prefectos. Iván Navarro, de 18 años, y Ezequiel, de 15, estaban en uno de los pasillos de la Villa 21 de Barracas cuando fueron secuestrados por los agentes de Prefectura Naval que los sometieron a una paliza y simularon fusilarlos.

Las organizaciones sociales y los medios informaron sobre el episodio, lo que provocó nuevas represalias de los prefectos. El Ministerio de Seguridad, que no se había pronunciado sobre el primer hecho, informó –poco antes de una conferencia de prensa de La Garganta– que dio de baja a los siete prefectos implicados, a quienes se les dictó la prisión preventiva.