Cuando Cristina Fernández dijo en diciembre de 2020 que había que “repensar” el sistema de salud a partir de las lecciones que dejaba la pandemia, quedó en soledad. Esta semana, y en medio de las quejas del sector privado que en su mayoría fue desbordado en este último tiempo, la vicepresidenta volvió a reflotar el tema y la discusión comenzó a tomar volumen. El asunto se coló nuevamente en la agenda de los medios, y desfilaron voces de todos los colores que emitieron opinión y pareceres sobre una iniciativa que no existe formalmente, pero que ya se asume como un hecho.

El presidente Alberto Fernández y su ministra de Salud, Carla Vizzotti, dieron cuenta de que el Ejecutivo tomó nota del rol que tuvo y tiene el Estado en la gestión de la pandemia y asumieron que, por lo menos, hay que “coordinar” el sistema. En la misma línea se pronunció este sábado el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“Tendremos que ver cómo optimizar y coordinar el funcionamiento del sistema público, las obras sociales y el sector privado”, señaló el viernes el jefe de Estado al presentar el proyecto de ley que jerarquiza a los enfermeros y puso definitivamente el tema sobre la mesa. Antes, Vizzotti había hablado en el mismo sentido al asegurar que la pandemia “ha sido una oportunidad muy grande para entender que la salud es una sola” y que no hay que dejar pasar el momento.

Más allá de las declaraciones públicas, hubo hermetismo oficial esta semana sobre cómo se encarará la reforma y cuáles son los tiempos que maneja el Ejecutivo para que el proyecto llegue al Congreso. Así, la  propuesta en la que vienen trabajando tanto el Instituto Patria como la Fundación Soberanía Sanitaria y el Frente Ciudadano por la Salud, que fue presentada en 2019 y que contiene los lineamientos de una reforma integral de salud, se convirtió en algo parecido a un punto de partida para la discusión. El otro modelo que es tomado como referencia es el de la gestión de camas públicas y privadas que puso en práctica la Provincia hace un año para evitar que colapse el Conurbano.

El plan del Instituto Patria, que fue presentado durante al campaña de 2019, está plasmado en el documento “Ejes centrales para programa de salud 2020-2024”, es decir, precede a la pandemia, pero ya planteaba una política de cuatro años hacia adelante en materia sanitaria. Parte de considerar a la salud como un derecho universal y una “responsabilidad indelegable” del Estado, y plantea que es necesario buscar una solución estructural a “tres décadas de fragmentación y segmentación” del sistema de salud en el que conviven hoy lo público, las obras sociales y las prepagas. Un diagnóstico que comparten casi todos los sectores.

Propone como medida central la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA), que comprenda a todos los subsectores: municipios, provincias y privados, bajo la rectoría del Ministerio de Salud nacional, pero con la Superintendencia de Servicios de Salud como organismo operativo. Habla de armar una red de establecimientos públicos de salud para hacer más eficientes los recursos.

Para eliminar la fragmentación del sistema vigente, sugiere recuperar la gobernanza del sistema de salud a través de la conducción global de políticas de salud de los organismos nacionales: Ministerio nacional, Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Pami, Anmat y Anlis, la jerarquización del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y la reformulación de la SSS como organismo operativo del Snisa, bajo un criterio general de centralización normativa y descentralización operativa.

Plantea, además, la sanción de una ley nacional de salud, el incremento de la inversión directa a través de un “Fondo Nacional de Salud” y la puesta en marcha del “recupero” de las prestaciones realizadas por los entes estatales a subsectores de las obras sociales y de medicina prepaga. Este último punto, que genera la resistencia de los sindicatos y las prepagas, implica que el Estado “obtendrá una remuneración por los servicios prestados a beneficiarios de la seguridad social y de seguros privados. En el caso de las obras sociales con las que se celebren convenios se realizarán descuentos promedio de hasta un 33% de los valores de mercado o de nomenclador definido, que podrá considerarse un subsidio explícito del Estado a la seguridad social y a los trabajadores a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación Afip o en su defecto desde la Superintendencia de Salud de todas las prestaciones”.

El documento también propone una nueva modalidad para la “libre elección” entre obras sociales que “impida el desfinanciamiento de aquellas y mejores prestaciones de salud para los afiliados” y una nueva política nacional de medicamentos, que comprende desde la intervención del Estado para regular los precios hasta la definición de un vademécum básico nacional y el relanzamiento de Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y del programa Remediar para garantizar el acceso a los remedios como un bien social.

El plan da cuenta de que la crisis del sistema está asociada fuertemente al mal uso de los recursos y promueve la “utilización del poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas y conjuntas de Nación, Provincias, Pami, Obras Sociales sindicales y provinciales, de las FF AA, de los poderes legislativo y judicial y universitarias que opten por adscribir al Snisa”.

Los últimos ejes centrales del borrador están relacionados con los trabajadores y la salud laboral. Por un lado, se propone una paritaria nacional para los trabajadores de la salud, que ayude a achicar la brecha salarial entre las distintas jurisdicciones, la creación de una Escuela Nacional de Gobierno en Salud y también un plan integral para formar 100 mil enfermeras y enfermeros. Por otro, propone revisar el listado de enfermedades profesionales e incluir el “acoso laboral” y también apuntar a que cada paciente tenga una historia clínica única en todo el país. El propósito es “transformar los servicios de medicina laboral en herramientas para mejorar la salud de los trabajadores y no en medios de persecución del ausentismo”.

Aunque no está claro por dónde avanzará la reforma, hay consensos de todos los sectores en torno a que es necesaria. El gobernador Axel Kicillof habló ayer del tema y consideró que los cambios tienen que apuntar, en primer lugar, a hacer más eficiente el uso de los recursos que hoy existen. Y advirtió que “el que no quiera discutir esto es porque se está beneficiando” con el sistema actual.

“Es una discusión que hay que dar francamente. El sistema de salud argentino es bastante peculiar y, si los tres subsectores están mal integrados, hay carencia de un lado y despilfarro del otro”, dijo y explicó que la falta de articulación entre el sistema público, las obras sociales y las prepagas hace que queden “la capacidad médica por un lado, los aparatos en otro, y las camas y las instalaciones en otro. Eso no es eficaz y aparecen problemas de financiamiento”.

En la misma línea, el médico Jorge Rachid, integrante del comité de expertos que asesoran a Kicillof, señaló a Tiempo que “la pandemia da la oportunidad de poner la salud en la agenda política y permite plantear la reforma con todas las fuerzas” y añadió que los ejes ya fueron charlados con 80 obras sociales. También consideró que la reforma debe revertir la fragmentación y el daño que generó el neoliberalismo en el sistema que ve a la salud como un bien de mercado en vez de un bien social. “Hoy el 91% de la inversión en salud lo aportan las cuatro patas solidarias que son: las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales, el Pami y el hospital público, y eso en vez de ser parte de un proceso de planificación estratégica de los recursos, está en un centro de mesa del que se sirven todos. Esto no pasa en otros países”, apuntó y puso como ejemplo los medicamentos que “se llevan el 31% de la inversión, cuando en ningún otro país supera el 14 por ciento”.

Distintas fuentes coincidieron en que es un error presentar la resistencia de las prepagas a este tipo de iniciativas como un supuesto intento de “estatización”. “El temor que surge en la medicina privada no es, como clamaron algunos, que se vaya a estatizar ningún efector, sino que el Estado, a través de obra pública e inversión en salud, se haga competitivo”, deslizó un hombre de diálogo directo con el sector.

Por el momento, en el Congreso no hay ni de cerca un proyecto de ley que por ahora sintetice las discusiones que existen dentro de la coalición de gobierno. Pablo Yedlin, titular de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, dijo a Tiempo: “No hay ningún sistema de salud que no esté en proceso de reforma, como el inglés, el español, el canadiense o el norteamericano. Acá se generó un revuelo como si fuéramos a cambiar de un día para el otro. El sistema tiene grandes fortalezas, pero también debilidades. Trabajar sobre las debilidades es una oportunidad que se da después de atravesar la pandemia”. 

Qué es el SNISA

El Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino es definido como un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva, provincias coordinando servicios e infraestructura de complejidad creciente y una fuerte intersectorialidad orientada a la promoción; estableciendo una alianza estratégica con el mundo del trabajo y de la seguridad social, con mecanismos de regulación ágiles y transparentes para el subsector privado y con un Ministerio de Salud nacional que ejerza rectoría, construya soberanía sanitaria y garantice el derecho a la salud y la equidad global del sistema en todo el territorio nacional.

El modelo de integración bonaerense

En el gobierno de Kicillof hay un modelo que toman como ejemplo de que la integración es posible y da resultados. Se trata del Sistema de Gestión de Camas (SIGEC) que pusieron en práctica hace un año el ministro de Salud, Daniel Gollan, y su vice, Nicolas Kreplak, para monitorear en tiempo real las camas de terapia intensiva, de cuidados intermedios y mínimos del sector público y privado, y optimizar los recursos de todo el sistema de salud como uno solo.

El gobierno trabajó con las secretarías de Salud de los municipios, con IOMA y las federaciones que nuclean a clínicas y sanatorios privados -como ACLIBA y FECLIBA- para llegar al sistema que hoy permite saber cuántas camas están ocupadas -con nombre y apellido- y cuántas libres, y también los respiradores en uso.

Perspectiva de género

La propuesta 2020/2024 contiene una serie de ejes temáticos entre los cuales sobresale el vinculado a salud y género. Como fue presentado en 2019, entre sus postulados se incluía la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una promesa electoral del presidente Alberto Fernández que ya fue sancionada. Sin embargo, hay algunos detalles que dan cuenta de una virtual revolución en la forma en que concibe la salud de una comunidad. El plan contiene como objetivos el desarrollo de un sistema nacional de cuidados como política pública y el desarrollo de estrategias que garanticen la inclusión de la diversidad y disidencias sexuales en los programas sanitarios, y que equiparen su acceso a los servicios de salud al del resto de la población. «