A cinco meses de iniciado un estallido social sin precedentes en Colombia, no se resuelve la situación que la originó: continua la crisis de legitimidad del gobierno de Iván Duque, mientras que el hartazgo social sigue siendo la emoción predominante. La pandemia dejó de ser el tema central, la agenda del país tiene como ejes el hambre, la represión y el descontrol gubernamental. Asuntos medulares de una crisis con un asunto de fondo: el neoliberalismo persistente y violento aplicado en el país.

No se puede olvidar que el estallido social comenzó en contra de un mega ajuste propuesto por el gobierno a través de una reforma tributaria regresiva, donde ponían más impuestos a las y los trabajadores, y ampliaban las exenciones para los que más tienen. La sociedad reclama cambios en las calles, mientras el grupo que controla el gobierno está enfocado en no dejar nada en pie (eso significa nada en las arcas del Estado), sienten el ocaso y se aferran a utilizar los dineros públicos para controlar el sistema clientelar o transaccional enfocados en las elecciones del próximo año (parlamentarias marzo, presidenciales en mayo).

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En contravía de la historia o de la razón (si se me permite el término), Iván Duque negoció con las bancadas de los partidos de derechas en el Congreso de la República, y el pasado 9 de septiembre aprobó una Reforma Tributaria sin concertar, ni siquiera dialogar con el Comité Nacional del Paro, quienes vienen insistiendo en reformas de fondo y de largo plazo que resuelvan la crisis con una estructura distinta del empleo y de los salarios. El gobierno (en un tono caprichoso) sin mediar discusión, se decantó por poner unos paños de agua tibia, mostrando a la galería que los empresarios deberán pagar un poco más de impuestos (en realidad lo mismo que pagaban antes de 2019) y como “novedad” aplicar “austeridad” con la supresión de entidades del Estado, aunque en realidad sólo suprimirá algunas de las 14 consejerías creadas por él desde el 2018.

Nada sustancial en realidad, pues el país se pierde en la deriva del desempleo, de la precariedad laboral, de la reconfiguración del conflicto armado en algunos municipios. Un país atado a una matriz productiva insostenible para contener a 34 millones de personas disponibles para el mercado de trabajo. En el gobierno todo sigue igual, no quisieron escuchar las voces de la sociedad reclamando cambios. Iván Duque siguió hablando de Venezuela en la ONU (para vergüenza de muches), mientras las muertes de manifestantes (75), las violaciones (28) y las desapariciones (68) durante el Paro Nacional, siguen en la impunidad.

Por ello la movilización sigue su curso. El Comité Nacional del Paro (el espacio de coordinación de sindicatos, organizaciones sociales y populares) continuó convocando a jornadas de protesta en todo el país, la más reciente fue el 28 de septiembre. Se movilizaron sectores estudiantiles, sindicales y sociales en importantes marchas en las capitales de departamentos (provincias) y en algunos “puntos de resistencia” pacíficos establecidos en los barrios populares desde abril, con un notorio agotamiento en la convocatorio, pero con mucha legitimidad. Estas organizaciones mantienen dos reclamos fundamentales: dialogar sobre un pliego de 16 puntos (que contiene una propuesta de Renta Básica, educación para jóvenes, y de impuestos progresivos, libertad a presos y presas políticas, detenidas durante las movilizaciones, etc.), y detener la represión militar y policial, desplegada en las ciudades.

Es una situación que parece irresoluble en los próximos meses, Duque -con el 75% de desaprobación- insiste en una salida elitista de la crisis con represión y acuerdos con los partidos de derechas, y las organizaciones sociales, sindicatos y la oposición política, sigue movilizada, manteniendo abierta la disputa y ahondando las grietas del país. Al próximo gobierno le corresponderá abordar la crisis, ojalá desde otra perspectiva política, mientras tanto, en los diez meses de mandato que le restan al presidente Duque -des espaldas a las mayorías-, seguirá gobernando apoyado por las cofradías palaciegas y descargando su responsabilidad política en la militarización. El país formal de Duque seguirá su rumbo autoritario, mientras el país real seguirá latiendo en las calles.