La escalada de violencia en Colombia alarma a los organismos de DD HH y a las fuerzas políticas de la oposición al gobierno de Iván Duque. Consideran que es vital mantener viva la movilización por diversas demandas disparadas por el –hoy retirado– proyecto oficial de reforma impositiva, pero entienden que parte de la protesta, que incluye concentraciones, bloqueos y algunos episodios de vandalismo, empieza a perder conducción, producto sobre todo de la espontaneidad de muchos participantes. Saben que un desborde derivará en una profundización de la violencia y la represión, que hasta ahora vienen registrando más de 30 muertos, 1500 heridos y 400 desaparecidos. La violenta respuesta institucional fue señalada con preocupación por varios líderes del mundo y hasta la ONU. La posible escalada aviva el fantasma de la declaración del estado de conmoción que, al modo de ver de la dirigencia opositora, obraría como un virtual “estado de sitio” que resulte en más violencia y en el control de los sectores militaristas de ultraderecha ligados al expresidente Álvaro Uribe. Además, se empieza a sumar en los últimos días la intervención de los nunca erradicados grupos paramilitares. “Es un país que está armado hasta los dientes y en medio de tantas armas no sabemos de dónde vienen los tiros”, graficó la diputada María José Pizarro, de Colombia Humana, espacio que lidera el excandidato presidencial y senador Gustavo Petro.
El episodio vivido en la madrugada de ayer en Cali lo confirma. “En el sector de La Luna, un punto de concentración de manifestantes, pasó una camioneta y motociclistas, y dispararon contra la gente allí reunida. Quedaron dos jóvenes lesionados y un tercero que falleció en la madrugada, por un tiro en el cráneo”, relató a Tiempo el abogado y activista Dícter Zúñiga Pardo, desde Cali, uno de los distritos más comprometidos por la violencia. Contó que junto con otros activistas de DD HH procedieron a sacar de la zona a un dirigente indígena “de primera línea” para protegerlo, mientras otro grupo se dirigía a la misión médica, para verificar la atención de los heridos. “Mientras estaban allí pasó nuevamente la camioneta y disparó contra la misión médica. Ante esa situación me comuniqué con personas de la gobernación pidiendo apoyo. No lo tuvimos”, denunció.
“Las manifestaciones han crecido de forma espontánea, se vincularon familias enteras y los jóvenes que se presentan en cada uno de los puntos reciben el apoyo de la comunidad. En este momento no presentamos confrontaciones con la fuerza pública, sin embargo hay una situación que nos parece muy crítica: en las noches estos puntos son baleados por personas que no se logra identificar su procedencia”, explicó Natalí González, subsecretaria de DD HH y de la alcaldía de Santiago de Cali. “La situación a nivel regional es propendiente al diálogo”, aclaró.
Para algunos dirigentes, la movilización iniciada el pasado 28 de abril llegó a niveles “nunca antes vistos”, como aseguró a Tiempo Rodrigo Rojas, exdirector de la ONG de DD HH Pax Colombia con amplia trayectoria en reivindicaciones sociales y negociaciones por la paz. Además, se destaca porque se produce en uno de los peores momentos sanitarios del país por la pandemia. No puede desligarse de aquel reclamo masivo de 2019, evidentemente insatisfecho, frente a las políticas económicas, sociales y ambientales de Duque. Superado el conflicto por el “impuestazo”, las demandas suman hoy otras reivindicaciones e implican una salida de máxima con la convocatoria a elecciones anticipadas. Es muy gráfica la declaración del negociador gubernamental Miguel Ceballos, reflejada en los medios locales, que se mostró dispuesto a discutir temas vinculados con “vacunación masiva, desarrollo social, finanzas públicas, matrícula cero (para universidades) y apoyo a los jóvenes”. Es decir que reconoce que todas son cuestiones postergadas. “Básicamente, es parte de las cosas por las que la gente salió a movilizarse”, afirmó Pizarro. “Empieza un cúmulo de reivindicaciones por cosas que no están resueltas. Entonces, pese a que bajan la reforma tributaria, esa noche empezó la represión más violenta”, relató.
La represión fue alertada por la ONU en Colombia, que pidió garantizar “el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta”. Se sumaron la UE y hasta el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habitual cercano a Duque. También por líderes del mundo, entre ellos el presidente argentino Alberto Fernández, lo que provocó la queja formal de la Cancillería colombiana. “El gobierno se va a molestar con cualquier declaración que condene el exceso del uso de la fuerza, pero creemos que la única forma de presionar y desescalar la violencia es que haya manifestaciones de este tipo. Lo que no puede pretender el gobierno es hacer lo que hace y que la comunidad internacional se mantenga muda”, dijo Pizarro. «
El espejo de Chile 2019
En Chile, el próximo fin de semana se votan los representantes para una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución en remplazo de la que rige desde el pinochetismo. Es el resultado de un largo proceso de lucha en las calles que se inició en 2019. Muchos analistas hallan similitudes entre el inicio de es proceso y el que hoy vive Colombia.
Poner en marcha una feroz represión, emparentar los actos de protesta con el “terrorismo” y no acallar las proclamas ultramilitaristas y persecutorias. Así como Sebastián Piñera en aquel Chile, hoy Iván Duque asegura que está dispuesto a dialogar. Así lo hizo el viernes, cuando se reunió con los dirigentes opositores del centro y centroderecha de la «Coalición de la Esperanza». Al salir de la reunión en la Casa de Nariño, el grupo afirmó que “el presidente debe asumir el liderazgo directo de las FF AA para que cesen los ataques a la población». Mañana estaba prevista una posible reunión con el Comité del Paro, el espacio que reúne a las organizaciones más representativas de la protesta. Duque aseguró que su gobierno está «en condición de escucharlos a ellos, y también de escuchar a los que no protestan». La organización, por su parte, dijo que solo se sentará a dialogar si el gobierno acepta discutir una reforma de la policía, una renta básica de U$S 250 para los más pobres, la suspensión de la fumigación aérea de narcocultivos con glifosato y la desmilitarización de campos y ciudades», entre otros pedidos.
