“No te banco el ajuste, no me pidas paciencia. Acá sí que hay aguante, sin becarios no hay ciencia”, fue uno de los cantitos que resonó en el piso 11 del edificio de Godoy Cruz 2290, sede central del Conicet, en el barrio porteño de Palermo, hacia las 19 horas del miércoles. Tras ocho horas de movilización, un nutrido grupo de investigadorxs, becarixs y postulantes seguíamos pidiéndole pacíficamente al Directorio, entre otras demandas, la publicación del orden de mérito de las becas que debía haberse difundido un mes atrás. Sobre Godoy Cruz, mientras tanto, se acumulaban camionetas de la Policía Federal.

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Si bien el fracaso de la “ley ómnibus” del gobierno de Javier Milei se llevó consigo, entre otros artículos, el que hubiese permitido disolver organismos del sector público —incluidos los de ciencia y tecnología—, la principal amenaza contra la investigación en nuestro país proviene de otra decisión política, anunciada no tan espectacularmente pero con consecuencias no menos dañinas: la determinación oficial de no enviar al Congreso una ley de presupuesto para el 2024 y obligar a las diversas dependencias del Estado a solventar sus gastos con el mismo presupuesto del año 2023.

Habida cuenta de la desbocada inflación que atravesó nuestro país en los últimos meses —y a la que contribuyó significativamente la administración Milei con la devaluación del 118% del peso y la quita de subsidios a los servicios—, diversas autoridades de universidades y de organismos de investigación vienen advirtiendo que esta restricción presupuestaria no les permitiría mantener sus actividades más allá de mediados de este año. Este ataque tiene lugar, recordemos, sobre el trasfondo de la existencia de una ley de financiación de la ciencia en la Argentina —aprobada en el Congreso pero incumplida por la nueva administración— que compromete al Estado a incrementar progresivamente la inversión en CyT hasta el 2032.

En el Conicet se suma otra amenaza, en un plazo aún más breve: el recorte abrupto de becas de investigación y de ingresos a la carrera de investigación científica.

Foto: Leo Vaca / Télam

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La convocatoria del miércoles, en la explanada del Polo Científico, fue impulsada por la recientemente conformada Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT), por ATE CONICET y por Jóvenes Científicxs Precarizadxs (JCP) para defender a la ciencia y la tecnología. Con ligeras diferencias según la organización convocante, el pedido general incluía la exigencia del anuncio y alta efectiva de las nuevas becas, la continuidad del cronograma de convocatorias, la reincorporación de todxs lxs trabajadores despedidxs y la garantía del presupuesto para CyT. Se apuntó a interpelar al Directorio del Conicet, que estaba reunido en ese momento en las instalaciones del organismo. Queríamos respuestas. Pero las horas pasaban y las respuestas no llegaban.

Las autoridades del Conicet se habían comprometido a anunciar a partir del 12 de enero los resultados de la convocatoria 2023 a becas doctorales, de la que tenían que surgir 1300 nuevxs becarixs doctorales de investigación, repartidos entre las cuatro grandes áreas disciplinares, con prioridad para temas considerados “estratégicos”. En ese marco, las comisiones habían evaluado las solicitudes durante meses, asignado puntajes a postulantes y confeccionado el orden de mérito, que año a año permite seleccionar a las personas mejor puntuadas para financiar sus investigaciones de posgrado.

Sin embargo, a poco de pasada la fecha, el Directorio del organismo anunció que suspendía la publicación de dicho orden de mérito porque las restricciones presupuestarias no permitían garantizar el efectivo desarrollo de las becas. Alrededor del mismo período, diversas personas que habían sido seleccionadas en 2023 para ingresar como investigadores e investigadoras se sorprendieron al ver que sus trámites de alta se habían paralizado o retrocedido. Al mismo tiempo, y bajo el paraguas del decreto 84/2023, miles de trabajadores y trabajadoras del Estado con contratos precarios fueron despedidxs, un ataque que se dio también en las instituciones científicas.

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Después de tres horas de manifestación, durante las cuales el Directorio hizo subir a dialogar a representantes de las organizaciones sin dar ninguna respuesta concreta, se decidió ocupar el piso 11 donde estaba celebrándose la reunión. Permanecimos de forma pacífica, pese a la provocadora presencia de una inusitada cantidad de efectivos de la Policía Federal, tanto en la entrada de planta baja (a los que a lo largo de la tarde se les sumaron más, con sus camionetas) como en el piso 11.

Cinco horas más tarde, uno de los vicedirectores del Conicet finalmente trajo noticias: anunció que se le había solicitado a la gerencia la publicación del orden de mérito de la convocatoria a becas doctorales y que se difundiría un comunicado con las decisiones tomadas en la reunión. El texto llegó menos de una hora después:: “para el caso de las Becas de Doctorado, el Sr. Presidente [Salamone] informa que en una primera instancia están garantizadas 600 becas con fecha de inicio el 1/8/2024”.

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La sensación al irnos fue agridulce. Las declaraciones del Directorio clarificaron la situación en medio de un escenario marcado por la incertidumbre, pero son un reflejo del brutal recorte que planean: el Conicet se ha comprometido a garantizar solamente 600 de las 1300 becas inicialmente anunciadas, con inicio en agosto en lugar de abril como se había estipulado en la convocatoria. No hay novedades acerca de las promociones ni de los despidos.

Este es un paso adelante en la lucha y, por eso mismo, también un motivo para continuar la organización y movilización.

En el Conicet no sobra nadie.

En la Argentina no sobra nadie.