Funcionarios y técnicos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) mantuvieron un multitudinario encuentro con representantes de las empresas de transporte y distribución de gas de todo el país a fin de iniciar el debate de uno de los aspectos centrales de la tarifa: la base tarifaria.

El Enargas indicó a través de un comunicado que sus representantes “plantearon inicialmente cuáles serían los puntos que deberían ser tomados en cuenta para establecer la metodología de cálculo de la Base Tarifaria, haciendo hincapié en el punto de partida propuesto y la utilización de indicadores para la actualización de la misma. Las licenciatarias, por su parte, presentaron sus inquietudes y sugerencias intercambiando opiniones y comentarios”.

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Sospechas

La base tarifaria es uno de los componentes de la tarifa. Es la parte que remunera al capital invertido por la concesionaria y se puede calcular de dos maneras diferentes: con un criterio contable o con otro que pone el foco en las instalaciones físicas necesarias para prestar el servicio. Pero no solo se trata de una foto: el cálculo debe incorporar el método con el cual se va a actualizar ese valor del capital, para lo cual hay que elegir los índices pertinentes.

Expresado así parece sencillo. Sin embargo, suele ser una parte opaca de las negociaciones tarifarias y se sospecha que en esa álgebra se pueden llegar a aplicar valores excesivos. Un ejemplo es la renegociación tarifaria integral (RTI) que llevó a cabo el gobierno de Mauricio Macri en 2016. Según el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, en esa RTI se realizó una “presunta manipulación del factor de actualización de la base tarifaria, la cual tiene enorme relevancia en el cálculo tarifario, dado que incide en la tarifa desde dos puntos de vista, a saber: Rentabilidad y Amortizaciones. Lógicamente, ello impacta en la tarifa de los usuarios y las usuarias”, según expresó en un comunicado el Enargas en agosto de 2020.

Por esas sospechas, Bernal presentó una denuncia penal contra Juan José Aranguren, quien fuera ministro de Energía de Mauricio Macri entre diciembre de 2015 y junio de 2018, y Andrés Chambouleyron, subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del ex Ministerio de Energía y Minería entre 2016 y fines de 2017. La denuncia apuntó también sobre otros cuatro exfuncionarios del área energética macrista, entre ellos David Tezanos, en ese entonces interventor del Enargas.

Criterios

Tiempo analizó viejos papeles, los que presentaron las concesionarias de transporte y distribución de gas con sus planteos sobre nuevas tarifas de cara a la RTI que el ministro Aranguren inició en 2016. En todas las presentaciones, las empresas pidieron que a la hora de calcular la base tarifaria se tomara en cuenta el criterio del valor de las instalaciones físicas necesarias para prestar el servicio y se descartara la valuación contable. Esa posición obedecía a una razón muy concreta: viniendo de una década y media sin inversiones, la valuación contable del capital invertido daría un valor muy bajo; en cambio, si se tomaba en cuenta el valor de las instalaciones necesarias para la prestación del servicio, el margen sería muy superior.

En un informe específico elaborado por el especialista Raúl Bertero para Transportadora Gas del Norte (TGN), se dice: “Luego de más de 14 años de congelamiento y tarifas muy por debajo de los valores que permitan realizar inversiones a un ritmo normal, la base tarifaria evaluada en forma contable no permitiría alcanzar un nivel tarifario que incentive la realización de inversiones por parte de las Licenciatarias.”

Es decir, tanto el criterio de valuación que se empleó para determinar la base tarifaria como la valorización final a la que se llegó fueron consecuencia del contexto social y político que enmarcaron ese momento. Esa forma de avanzar en las valuaciones sigue vigente ya que surge de la normativa acumulada desde la privatización de Gas del Estado, en 1992.

Además, esa determinación no expresó una voluntad de invertir, como se desprende de diversos estudios del Enargas del año pasado que indican que entre 2016 y 2019 los distribuidores de gas realizaron “la menor expansión del sistema de distribución desde 2004” y que la “incorporación de usuarios residenciales (…) fue la más baja del último cuarto de siglo”. Respecto de las transportistas, otro informe, de enero de este año, indica que “entre 2017 y 2019 no hubo aumento en la potencia instalada del sistema licenciado de transporte de gas”, es decir que a pesar del incremento sustancial de las tarifas no hubo mejoras ni ampliaciones en los compresores que se emplean para impulsar el gas por los gasoductos y se instalan cada 120 kilómetros de recorrido de cañería. Los compresores forman una parte sustancial de las inversiones de las transportadoras de gas. La otra porción importante de los gastos de capital son los caños de los gasoductos y los costos asociados a su instalación. Pero entre 2016 y 2019, la extensión de los grandes ductos se amplió en… 48 kilómetros.

Como abriendo un paraguas, en el mismo estudio de Bertero para TGN se intenta matizar el impacto que un aumento descomunal de la base tarifaria podría tener en la boleta del usuario final. El experto señala que “apenas un 20% de la tarifa final corresponde al sector regulado de transporte y distribución” y que por ello el aumento excesivo “no puede tener un efecto significativo sobre la tarifa final”.

En maniobras

La denuncia penal de Bernal del año pasado pide la investigación judicial sobre la posible manipulación y establecimiento arbitrario del valor del factor de actualización de la base tarifaria muy por encima del que hubiera surgido de un procedimiento administrativo correcto y transparente. El interventor consideró que el objetivo era asegurarles a las transportadoras y distribuidoras de gas “un ingreso indebido”.

Bernal explicó que el proceso de renegociación de los contratos culminó con la elección de una combinación de índices de precios que redundaron en un factor de actualización sobre la base tarifaria de “33” (de punta a punta, desde enero de 1993 a diciembre del 2016). Ese nivel del factor de actualización mejoró la rentabilidad y las amortizaciones de las licenciatarias en al menos $ 21.255 millones constantes de diciembre de 2016, equivalente a U$S 1343 millones, si se lo compara con un factor de “24” que surgía de una propuesta alternativa que combinaba otros índices y que fue desechada por los exfuncionarios sospechados.

Es decir, una parte de la tarifa de gas que en la actualidad pagan los usuarios está sustentada en un hecho sospechoso: una manipulación del factor de actualización del valor del capital invertido por las empresas para generarles mayores ingresos. A pesar de ello, ese cuadro tarifario sigue vigente.