Tal como había resuelto el Comité Confederal se reunió este miércoles en la sede de Azopardo al 800 el plenario de secretarios generales de las regionales de la CGT. Más de 250 dirigentes de 70 organizaciones regionales se reunieron con el propósito de reforzar la convocatoria al paro y la movilización del 24 de enero.

El propósito del cónclave fue el de acumular fuerza para el paro y la movilización al Congreso Nacional y, a la vez, dar respaldo a todas las acciones que pudieran realizarse en el interior del país el mismo 24 pero, sobre todo, en las jornadas previas. Es que, dentro de la CGT, no hay plena confianza en que los diputados y senadores que responden a los gobiernos provinciales rechacen en el Congreso Nacional el DNU 70/23 y la ley ómnibus tal como ellos se proponen. El recelo llega también a los legisladores peronistas que, temen, puedan negociar la aprobación al menos parcial de alguna de las normas a cambio de alguna prerrogativa para sus provincias.

Setenta regionales participaron del cónclave en el Salón Felipe Vallese.

Es por eso que, tal como manifestó Pablo Moyano a este medio en su edición dominical, buscarán generar acciones y reuniones regionales para exigir personalmente a esos representantes que “se pronuncien públicamente” en el rechazo a ambas normas. De hecho, entre las resoluciones que se hicieron públicas, el plenario destacó que “el diálogo y el consenso es una herramienta de la política pero cualquiera de esas instancias no puede hacerse a espaldas del pueblo trabajador” y, en un mensaje elíptico a los legisladores del peronismo, completaron, “con más razón aquellos representantes que provienen del campo nacional y popular”.

Pablo Moyano no da por descontado el apoyo de todos los legisladores peronistas.

Más allá del peronismo

En la misma línea la conducción de la CGT mantuvo reuniones el martes con referentes de distintos bloques por fuera del peronismo. Así intercambiaron posiciones con Facundo Manes de la UCR que aspira a reunir un sector díscolo del radicalismo que no acompañaría la decisión de su partido de cerrar filas con el gobierno a través de Juntos por el Cambio y con el dirigente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto que agrupa poco más de veinte legisladores incluidos los que revisten en las filas de la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

La delegación regional de la CGT de la provincia de Córdoba, por su parte, envió una carta y un pedido de reunión a los senadores y diputados de esa provincia y en especial a aquellos pertenecientes al espacio político liderado por Martín Llaryora y Juan Schiaretti que, a pesar de su identificación con el peronismo, por el momento, acompañarían las iniciativas del gobierno de Javier Milei. Allí, los dirigentes sindicales solicitan a los legisladores “la no aprobación del DNU 70/2024 y de la denominada Ley Ómnibus, enviadas al Congreso por el Presidente de la Nación», detallaron” en tanto, consideran, “el rumbo elegido por el Presidente y la decisión de enviar esas dos iniciativas al Congreso, no dejan lugar a dudas: no queda sector sin ser alcanzado por el ajuste, que será pagado por las mayorías en beneficio solamente de la concentración económica”.

Resoluciones

El plenario de delegaciones regionales que sesionó en el salón Felipe Vallese de la CGT se concentró en respaldar las medidas adoptadas por el Comité Confederal y organizar acciones a lo largo y a lo ancho del país para el mismo 24 de enero.

Entre las resoluciones se destaca el “apoyo contundente y unánime a la estrategia y acción del Consejo Directivo Nacional de la CGT” así como el “rechazo rotundo al DNU dictado por el Poder Ejecutivo”.  

A la vez, según fuentes de la Central “cada regional expresó la delicada situación en la actual crisis que trae como consecuencias la pérdida brutal del poder adquisitivo y la pérdida de fuentes de trabajo actuales y a futuro” así como la “preocupación y rechazo a aquellos aspectos de la llamada Ley Ómnibus que van contra la soberanía del país, los derechos laborales, el derecho de libre expresión y protesta, el modelo sindical argentino y las prestaciones de salud y previsionales”.

Por último el plenario manifestó su “repudio a la criminalización de la protesta social como método represivo de un plan de ajuste económico del actual gobierno” y anunció que “se llevarán a cabo expresiones de protestas en cada regional en línea con la fecha propuesta por la CGT para la movilización del próximo 24 de Enero” y se dará continuidad a la realización de “reuniones con los legisladores representantes de cada jurisdicción provincial a los fines que acompañen con el voto lo que se mantiene con el discurso comprometido en cada lugar desde donde provienen”.