Aunque lo que Nayib Bukele está haciendo en El Salvador es establecer un tenebroso régimen de terrorismo de Estado en democracia –ganó las presidenciales para el período 2024-2029 por una aplastante mayoría– lo cierto es que, encuestas a la vista, su modelo represivo ha fascinado a las sociedades latinoamericanas. A fines de marzo, elogiado desde todos lados, festejó con índices en alza un nuevo aniversario del estado de excepción que lo autoriza a atropellar todo lo que se le ponga adelante. Para unas sociedades que desde hace años son bombardeadas con el drama de la inseguridad –cierta a veces, inventada otras– sus “logros” en materia de domesticación ciudadana llevan a mirar para otro lado cuando se habla de detenciones masivas, secuestros, torturas, asesinatos y muertes en prisión.
No es llamativo que lo festejen desde la ultraderecha, la misma que aún hoy justifica y aplaude el Plan Cóndor y los escuadrones de la muerte que en la última mitad del siglo pasado diezmaron todo signo de progresismo en Centroamérica. Lo preocupante es que presidentes como el guatemalteco Bernardo Arévalo, llegado bajo un buen signo, pretendan copiar el modelo represivo, empezando por la construcción de una primera megacárcel destinada a hacinar a 2000 prisioneros a los que, a priori, se los apostrofa como “peligrosos delincuentes”. O como el uruguayo Yamandú Orsi, elegido bajo el ala del Frente Amplio, que dijo que su gestión de seguridad es “un ejemplo a analizar”, aunque para tranquilidad de los orientales aclaró que Bukele es contrario a la democracia y los derechos humanos.
En Chile, el pinochetista José Antonio Kast hizo campaña con la promesa, gustosamente aceptada por el electorado, de suspender las garantías constitucionales y desplegar a las fuerzas armadas para tomar el control territorial, tal como lo hizo Bukele. Ya lo empezó, cavando una zanja controlada por el ejército en la frontera con Bolivia y Perú. En Ecuador, el poderoso empresario y presidente Daniel Noboa imita el estado de excepción permanente del salvadoreño y sigue el diseño de sus grandes centros de confinamiento. Incluso, reflotó la idea de construir una base militar en Galápagos, isla Patrimonio de la Humanidad. Costa Rica y Paraguay buscan un financista para sus nuevas megaprisiones, pero avanzaron con propuestas de reforma de sus códigos para facilitar el “encarcelamiento preventivo”.
El desarrollo continental del modelo Bukele representa la apertura de una vía preocupante hacia una especie de punto final del llamado Estado de derecho y la institucionalización de la violencia estatal. El régimen de excepción ya fue prorrogado en 48 ocasiones. Es, ni más ni menos que la extensión “democrática” del terrorismo de Estado. Las estadísticas de uso reservado del gobierno revelan que el 36% de los detenidos en ese tenebroso marco no tenía antecedentes delictivos ni se encontraba registrado entre la población a vigilar. El propio Bukele admitió que 8000 personas detenidas (el 1,2%) eran inocentes, lo que confirma la aplicación de una estrategia persecutoria sin rigor judicial. Durante la vigencia del régimen especial murieron en la megacárcel 506 personas, entre ellas cuatro niños. Los defensores de los Derechos Humanos elevan el número a 1500.
En sendos informes cursados a los organismos especializados de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Juristas y Amnesty International observan que los números de la represión contradicen los registros oficiales. Los cuerpos policiales señalan, con envidiable exactitud, que en 2021 había 58.270 pandilleros prófugos, en la clandestinidad, y que bajo el estado de excepción fueron arrestadas más de 91 mil personas, lo que muestra que, sobre los censos originarios, se realizaron al menos 33.000 detenciones más. Pese a ello, el cese de las garantías se renueva cada 30 días, con toda precisión, como lo dice la ley. Siempre con el argumento de que hay criminales por detener. “Con el 2% de la población adulta detenida –dicen los organismos– la seguridad pública se convirtió en mecanismo de control social (…) imponiendo un miedo que llega al terror y el sacrificio de la legalidad”.
Pese a las evidencias sobre la implantación de un sistema represivo salvaje, que arrasa con los derechos individuales y colectivos, hasta establecer un verdadero régimen de terrorismo de Estado, harta de la violencia y la extorsión de las pandillas, la sociedad salvadoreña compró el modelo. Aclama a Bukele y lo erigió como el prototipo del justiciero. Desde que impuso el estado de excepción, su índice de popularidad siempre rondó el 90% que ostenta hoy. Los elogios que recoge en la región, y alcanzan el sumun en la Casa Blanca –su megacárcel está alojando a los inmigrantes que Donald Trump expulsa en el marco de su política de persecución a los extranjeros–, ignoran que la pregonada seguridad no contempla los derechos humanos y tampoco es una respuesta a los problemas estructurales.
Las encuestas son impactantes. El índice de imagen positiva de Bukele es envidiable para cualquiera de los gobernantes americanos. El último ranking elaborado en febrero por CB Global Data lo da cómodamente en el primer lugar de la estadística. Recibe el 72,6% de opiniones positivas, seguido por la mexicana Claudia Sheinbaum, a la que elogia el 68,5% de los encuestados de toda la región. Lejos, en el octavo sitio, aparece Javier Milei, con el 33,9% de los favores, y en caída sostenida, tal como lo miden las encuestadoras locales en los últimos ocho meses. La buena percepción ciudadana se complementa con el juicio de una amplia gama de gobernantes que se deshacen en elogios. El único que le puso un límite a su exacerbado ego fue el FMI, que para aspirar a sus créditos lo obligó a desandar el excéntrico camino que lo había llevado a imponer al Bitcoin como moneda de uso legal.
