Mientras no cumple con su principal objetivo de campaña (derrotar la inflación), el gobierno avanza a paso inalterable con la implementación de un modelo que genera severos daños en los hogares y en la mayor parte de los sectores productivos.

El presidente Javier Milei señaló en la cena anual de la Fundación Libertad que la inflación “es un número horrible, pero lo vamos a derrotar (…), no nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”. También atribuyó la aceleración de la misma, que arrancó a mediados de 2025, al “sabotaje de la política”. No menciona que es resultado del modelo que aplican: por ejemplo, por la vía de la fuerte suba de las tarifas de los servicios públicos.

Respecto de la deuda pública, se intenta instalar el mito de que este gobierno se desendeuda. Sin embargo, la deuda pública total del Tesoro Nacional alcanzó al 31 de marzo los U$S 481.312 millones, el valor más alto de la gestión, incrementándose en el primer trimestre del año en U$S 28.761 millones.

Según la mirada del gobierno, si el país tiene superávit fiscal no debería subir la deuda, aunque no es lo que se verifica en la realidad. Si la deuda sube es fundamentalmente por lo que ocurre con las Letras con intereses capitalizables emitidas por el Tesoro Nacional, cuyos rendimientos se contabilizan directamente como mayor deuda. Esta forma de considerar los intereses impacta en los resultados dado que, de registrarse como egresos fiscales, arrojarían para el año 2025 un déficit financiero de entre el 1% al 1,2% del PIB, en lugar del superávit financiero de 0,2% que exhibe el gobierno.

Inversiones que no vienen

En ExpoEFI 2026 el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que hay hasta el momento compromisos por aproximadamente U$S 95.000 millones de los 36 proyectos ingresados al RIGI y que en las próximas semanas van a estar entrando 7 u 8 proyectos más por entre U$S 30.000 millones y U$S 40.000 millones. Sin embargo, más allá de los anuncios auspiciosos, no se verifica el ingreso de los dólares de esas prometidas inversiones del exterior.

El Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, comentó tiempo atrás: “no visualizamos una lluvia de inversiones ni mucho menos durante 2026 y 2027”. Destacó además que los sectores que guiarán el desarrollo serán “minería, gas y petróleo, ciencias del conocimiento y agronegocios”. En el caso de la minería, el director de AmCham señaló que las inversiones llegarán en seis u ocho años.

Incluso si esas inversiones llegaran en plazos más cortos, y hasta se registrara algún valor positivo en términos de crecimiento, nada garantiza, por un lado, que los dólares que ingresen queden en el país: más bien el RIGI garantiza que se puedan ir sin mayores restricciones. Por el otro, los beneficios para la ciudadanía serán muy limitados, ya que las ramas de actividad que recibirán las inversiones no son intensivas en empleo.

No se debe perder de vista que con el actual modelo las tres actividades que está previsto que crezcan son agricultura y ganadería, explotación de minas y canteras (que incluye energía) e intermediación financiera. Pero en conjunto sólo generan el 9,2% del total del empleo registrado. En tanto que las tres más afectadas (industria manufacturera, comercio y construcción) generan el 44,7% del total de empleo. En cuanto al resto, hay parte de las actividades del sector público que está previsto que sigan reduciéndose, más otras que también generan empleo y que tienen un futuro incierto.

Desde el comienzo de la gestión hasta fines de 2025, los rubros que disminuyeron su producción tuvieron en conjunto una baja en su actividad del 5,6%, y también, lógicamente, redujeron en forma neta el empleo en un 4,1%. Mientras, los sectores ganadores incrementaron su producción un 11%, aunque tuvieron una merma neta del empleo del 1,9%. Quiere decir que las ramas ganadoras también despidieron, con una excepción: sólo creció el empleo en agricultura y ganadería, el resto de los sectores redujo el empleo.

Apertura y competitividad

Desde el gobierno reconocen que el modelo aplicado lleva a una reconfiguración productiva en la cual muchas empresas tendrán que reconvertirse o cerrar, y que se seguirá intensificando la apertura de la economía.

Varios funcionarios y algunos grandes empresarios han indicado que los precios en Argentina son caros en relación con los existentes en otras partes del mundo. Ello se debe, sostienen, a la ineficiencia de las empresas argentinas. Un argumento que resuena con la publicidad de la silla, durante la gestión de Martínez de Hoz, y con el que se utilizó en los ´90 para avanzar con las privatizaciones de las empresas públicas. Está en la esencia de los gobiernos neoliberales.

Recientemente el Poder Ejecutivo criticó a FATE por no reformularse y en cambio festejó la “reconversión” de Lumilagro, que pasó de producir termos en Argentina a importarlos desde China, colocarles su marca y, a partir de allí, volverlos a exportar hacia el exterior: una estrategia que mantiene a la empresa, pero que pega duramente a la producción argentina y a su planta de personal.

Además, están ingresando mercancías con precios fuertemente subsidiados por los gobiernos de los países productores, y muchas de ellas elaboradas en economías con bajos salarios, situación que se define como de “competencia desleal”. El gobierno argentino no filtra esta entrada, pero critica a las empresas argentinas.

Dado que actualmente los salarios y los costos empresariales aumentan en términos de dólares, ¿es por una ineficiencia de las empresas que no pueden competir? ¿O es por aquello de lo que el gobierno no habla, la apreciación del peso argentino ―que abarata artificialmente las importaciones― y la falta de protección y regulaciones adecuadas?

Volviendo al ministro de Economía, en su exposición expresó que los buenos datos de exportaciones indican que no hay un “tema de tipo de cambio (atrasado)”. Sin embargo, los sectores mejor posicionados son aquellos que operan con altos niveles de productividad (como el agro) y que no dependen tanto del nivel del tipo de cambio. No es la situación por ejemplo de la industria, que en el actual marco de precios relativos enfrenta severas dificultades para colocar sus productos en el exterior.

El retiro del Estado de toda regulación, en este caso de las vinculadas al comercio exterior, es una política que no encuentra similitud en la amplia mayoría de los países. Las naciones más importantes, empezando por Estados Unidos, van en el sentido contrario: proteger sus producciones domésticas ante la amenaza de importaciones desleales. En contraste, el gobierno argentino avanza con acuerdos de liberalización comercial que comprometen el futuro.

Con este modelo no sólo están destruyendo la producción argentina, especialmente la de las MiPyMEs, y por lo tanto el empleo y los ingresos de la población; están generando también un retroceso que implica la “latinoamericanización” de nuestro país. Es decir, asemejándolo al patrón de especialización, consumo y distribución que caracteriza al resto de la región, determinado entre otras cuestiones por la casi nula presencia de clase media en dichas economías.