“Los argentinos tenemos una relación pasional con los medicamentos”, solía comentar Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación de tres Presidentes diferentes, para definir el fácil acceso a fármacos en determinadas clases sociales. Y con su natural chispa, completaba la reflexión contando que cuando llegaba a una reunión social, fingía un síntoma: “uy, me duele acá”, decía. Y enseguida “aparecía el que me diagnosticaba, otro que me recomendaba tomar tal o cual medicamento y otro que directamente me lo convidaba”, completaba con preocupación.
La anécdota recobra actualidad con el renovado intento del Gobierno nacional de liberar la venta de medicamentos por fuera de las farmacias, algo que ya habían intentado a través del mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, titulado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, y también en la denominada “Ley Bases”, que en este aspecto puntual no pudo sortear la abigarrada resistencia de todo el sistema sanitario.
Según un proyecto que hizo trascender el ministro Federico Sturzenegger –y del que Tiempo Argentino dio cuenta ayer–, insiste con una vocación aperturista varias veces motorizada por administraciones neoliberales, pero que siempre encontraron una férrea oposición por los riesgos que acarrea en la salud de las personas por la pérdida de los controles que se efectúan en la dispensa profesional por parte de farmacéuticos habilitados.
Como en anteriores ocasiones, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) ya levantó la guardia. “Estamos analizando el pre proyecto que está circulando y evaluando propuestas orientadas a preservar de manera efectiva la intervención profesional directa del farmacéutico durante todo el proceso mediante el cual el medicamento llega al paciente, que es lo que garantiza su seguridad”, explicó Alejandra Gómez, la presidenta de la entidad que nuclea a más de 10.000 farmacias en todo el país.
Los argumentos esgrimidos por la COFA, no por repetidos, dejan de tener una completa vigencia. Es que el acceso a medicamentos por fuera de las farmacias conlleva riesgos concretos para la población que los consuma.
“La dispensa de un medicamento en la farmacia no es solo entregar una caja, hay control, trazabilidad, detección de interacciones y orientación al paciente”, aclaró Gómez.
“La oposición a la venta fuera de las farmacias tiene que ver con mucho de lo que vivimos cuando esto ya sucedió en los ‘90, y las consecuencias las sufrió la salud de la población”, aseguró Gómez, quien también es titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Para la profesional, el peligro concreto es “el aumento del uso irracional de los medicamentos, su uso incorrecto sin asesoramiento profesional, la auto medicación, la falsificación de medicamentos, la proliferación de medicamentos ilegítimos sin garantías de origen, calidad y trazabilidad”.
Es que “todo medicamento, incluso los de venta libre, tienen contraindicaciones, interacciones, no son inocuos, deben conservarse en forma adecuada, garantizarse su trazabilidad y todo esto lo hace el farmacéutico”, especificó Gómez.
Objeciones desde la política sanitaria
“Es una barbaridad más, una irresponsabilidad gigantesca porque desde el punto de vista sanitario los medicamentos de venta libre no quiere decir que sean inocuos y que no necesiten control. Lo necesitan en su administración, almacenamiento, uso y seguridad porque tienen efectos adversos muy significativos y son una causa de complicaciones y mortalidad muy importante”, llamó la atención el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.
“El borrador que está circulando es un reintento del DNU 70 para que los medicamentos de venta sin receta se vendan en cualquier lado y que su acceso se de por fuera de las farmacias”, añadió el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria, Tucumán). “Esa dispensa requiere que estén guardados de una manera especial, que sean controlados en su vencimiento de una manera especial, que sean vendidos en cantidades y calidades controladas por un profesional farmacéutico”, agrega quien también fuera ministro de Salud Pública de la provincia norteña entre 2007 y 2015.
El miércoles mismo el legislador tuvo un encuentro virtual con las autoridades de la COFA para evaluar los trascendidos de la nueva oleada desreguladora y su impacto en la actividad farmacéutica. “Esperaremos que el proyecto ingrese para dar una respuesta adecuada, pero no vamos a permitir que la seguridad y calidad de la dispensa de medicamentos se vea comprometida para beneficiar a algunas plataformas de venta, perjudicando la salud de los argentinos”, sentenció Yedlin.
Como se informó en la víspera, el borrador de 144 páginas es un nuevo impulso del “ministro regulador a favor de los privados” para insistir con medidas que no entraron en la Ley Bases “con el objetivo de eliminar restricciones consideradas innecesarias, promover la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados”. Así procura avanzar en una nueva tanda de reformas que van desde modificaciones al Código Civil y Comercial hasta la Ley de Farmacias.
La actividad de las farmacias en la Argentina está regida por la Ley Nacional 17.565, sancionada el 5 de diciembre de 1967. Regula el ejercicio de la actividad farmacéutica y las normas para la habilitación de farmacias, droguerías y herboristerías.
Sin embargo, las provincias que no adhirieron a esa norma sancionaron sus propias leyes. Es el caso de la provincia de Buenos Aires, que rige la actividad de los farmacéuticos a través de la Ley 10.606. En su artículo segundo es por demás taxativa: “la dispensación al público de medicamentos y material aséptico, solo se efectuará en las farmacias, quedando terminantemente prohibido realizarlo fuera de las mismas, aun cuando se tratara de aquellos de venta sin receta o libre”.
No moderniza, desarma
“El proyecto del gobierno no moderniza el circuito de dispensa de medicamentos: lo desarma”, alertó Alejandra Sánchez Cabezas, presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP). Y añadió que “poner analgésicos en la góndola de un kiosco no acerca el medicamento a quien lo necesita; lo aleja del único punto del sistema donde un ojo profesional todavía puede detectar una interacción peligrosa, una duplicación, un uso que enmascara otro problema, algo cada vez más crítico en una población que envejece y se polimedica”.
Añadió que tampoco “resuelve el problema real de acceso, que no es la distancia al mostrador sino el precio y el desfinanciamiento de la cobertura, mientras el presupuesto sanitario se recorta”.
Para Sánchez Cabezas, “el medicamento es un bien social, no una golosina ni una mercancía de plataforma. Necesitamos modernizar y sumarle inteligencia sanitaria al circuito, no sacársela. Mientras se tiran bombas de humo, la agenda real sigue esperando. Y este es el tipo de discusión que el país necesita y que nosotros desde la AASAP queremos dar”.
Fundir a las farmacias
“Tenemos más de 15.000 farmacias a lo largo y ancho de la Argentina, con farmacéuticos en todos lados, quienes vienen haciendo un trabajo muy importante. Y en vez de utilizar esta fuerza del personal sanitario para mejorar el sistema de salud, lo que pretenden hacer es fundirlos a todos”, advirtió Yedlin.
En la misma línea, Kreplak sostiene que el proyecto “pone en riesgo la sustentabilidad económica también de las farmacias, y la consecuencia va a ser que en muchos lugares se cierren y no tengamos quién les lleve los medicamentos a la población”.
“Y detrás de esto está la intención innegable de poder vender a través de plataformas sin farmacéuticos, o con un farmacéutico que haga relevo de las farmacias que hagan falta, sin límite. Esto no genera mejores precios, no genera mejor acceso a los medicamentos, no genera más tranquilidad, y claramente va en contra de la calidad de la dispensa”, acota Yedlin.
“Desde el punto de vista sanitario es un desastre, y desde el punto de vista del mantenimiento de un sistema de salud se precisa que haya farmacias en todos los territorios porque las farmacias son un factor del sistema de salud en donde se toma la presión, se aplican vacunas, se venden medicamentos bajo receta y también sin receta”, concluye Kreplak.
Cada vez que los gobiernos neoliberales intentaron desregular la actividad profesional farmacéutica, chocaron de frente con la oposición del sistema de salud. Queda abierto el interrogante acerca de si esta vez, la relación de fuerzas en el Congreso Nacional favorecerá al desdibujamiento de los farmacéuticos como actores importantes en el cuidado de la salud comunitaria.
