Miembros del gobierno argentino junto a funcionarios del FMI tratan de hacerle creer a la ciudadanía que las actuales políticas implementadas en nuestro país están empezando a rendir sus frutos, y que se debe continuar con el sacrificio para que los “beneficios” lleguen a toda la población. En paralelo, intentan convencer a quienes tienen “ahorros en el colchón” y a los mercados para que aporten los dólares necesarios para reducir la incertidumbre financiera de cara a las elecciones de 2027.
A este coro se suman analistas y grandes bancos de inversión globales. La calificadora de riesgo Standard & Poor´s (S&P) acaba de mejorar la nota de la deuda soberana de CCC+ a B-, siguiendo la huella que inició Fitch el mes de mayo. S&P hizo alusión al superávit fiscal, a la menor inflación y a una recuperación gradual de las Reservas Internacionales. La suba de nota, en el mejor de los casos, incrementa las chances de que lleguen capitales golondrina, ávidos de asumir riesgos, pero, como su nombre lo indica, sumamente volátiles.
Un día antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, había afirmado en un evento ante empresarios: “la fiesta recién empieza”, en referencia al impulso de las actividades energéticas, aunque la frase bien podría adaptarse a las asociadas con la especulación.
En materia inflacionaria, si bien en mayo la suba de precios se desaceleró al 2,1% respecto del 3,4% de marzo y del 2,6% de abril, los niveles siguen siendo elevados y en los cinco primeros meses ya se acumula una suba de precios al consumidor del 14,7%, superando largamente lo que figura para todo el año en el Presupuesto 2026 (10,1%). En el desagregado, los que más vienen aumentando son los servicios (17,1% entre enero y mayo), producto de las políticas del gobierno, como la de desregulación y la tarifaria. Al respecto, tratando de mostrar rigurosidad de criterio, el FMI señaló en su último informe que “la prolongada demora en la modificación del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la actual canasta de consumo”.
En cuanto al mentado superávit fiscal, el propio Fondo ha señalado que si los intereses de los bonos capitalizables se contabilizaran según las prácticas usuales, el excedente financiero se transformaría en déficit. Al respecto, pidió que se modifique la registración.
Junto con el incumplimiento del objetivo de acumulación de Reservas, las observaciones del Fondo no fueron motivo suficiente para evitar aprobar la segunda revisión del acuerdo. Parecieran ser temas menores para el organismo, siempre y cuando se siga avanzando con el ajuste y las reformas estructurales pendientes.
Tomando los datos del Balance Cambiario del BCRA, desde enero de 2024 a abril de 2026 Argentina registró una balanza comercial superavitaria en U$S 27.860 millones (compuesta por un saldo positivo de U$S 46.595 en Bienes y un déficit de U$S 18.735 en Servicios). No obstante, las personas humanas compraron dólares por U$S 39.032 millones. Es decir, que el superávit del comercio exterior no alcanzó por sí sólo para abastecer los requerimientos de la fuga de capitales.
Las empresas se endeudaron en U$S 28.568 millones, y el Estado en U$S 20.168 millones en operaciones con el Fondo Monetario y otros organismos internacionales.
En el caso de las inversiones externas directas, la ecuación sigue sin cerrar: salieron U$S 480 millones más que los que entraron. La aspiración es que con el RIGI estos números cambien, pero la laxitud y la permisividad regulatoria podrían ir en contra del propio objetivo de incrementar las Reservas, además de afectar la recaudación y el empleo.
Respecto del modelo en términos productivos y de empleo, Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, señaló que “la recuperación de la actividad se consolidará, abarcando progresivamente más sectores (…). Aunque hay sectores que serán líderes naturales del actual ciclo, para operar requieren de insumos, infraestructura, servicios urbanos, y logística. De esta manera su eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de oportunidades de empleo”. A duras penas podría ocurrir si no se establecen, por ejemplo, requisitos de contenido local, como sucede en muchos países del mundo. Un ejemplo de nulo derrame es la reciente adjudicación del megaproyecto de cobre en San Juan a un consorcio que anunció que traerá del exterior las denominadas casas modulares para sus trabajadores. Una decisión que tampoco generará actividad y ocupación en el sector de la construcción local.
Transparencia y moralidad
Por primera vez en tres años, el martes 2 de este mes se reunió la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC), presidida por Alberto Benegas Lynch, diputado de LLA. Según trascendió a los medios, la actividad de la OPC quedó virtualmente paralizada ante el pedido de reformular el Plan Anual de Trabajo presentado en su momento por las autoridades del organismo.
La OPC es un ente con independencia funcional y autonomía técnica que depende del Congreso de la Nación. Creada en diciembre de 2016, se dedica a hacer un seguimiento de la aplicación del Presupuesto, como principal tarea, y ha sido muy útil para controlar la transparencia de las cuentas públicas y para la labor parlamentaria. Además, elabora estudios, análisis y evaluaciones del impacto logrado por programas del gobierno con relación a su asignación presupuestaria, y también sobre la sostenibilidad de la deuda pública.
Podemos considerar que es muy llamativo que ocurra ahora esta “auditoría”, la cual agrega una dosis importante de opacidad. Justo en un momento en el que el ajuste presupuestario ―cada vez más dañino y resistido― se profundiza, y al gobierno le resulta cada vez más difícil llegar al superávit fiscal.
Por su parte, el caso de Manuel Adorni, cuyas nuevas explicaciones causaron un fuerte impacto en la sociedad, es más que una cuestión de transparencia. En una columna de La Nación se afirma que “la moral como política de Estado volvió a sufrir otro duro golpe”. Más aún, el FMI, en la segunda revisión del acuerdo con Argentina, sostiene: “los marcos anticorrupción preventivos requieren un fortalecimiento, dado que los regímenes de declaración de patrimonio se caracterizan por una verificación limitada, una baja transparencia, la publicación tardía y una aplicación irregular” (apartado 9 del informe).
Varias son las lecturas que se pueden hacer. En primer lugar, está la vinculada a una posible estrategia del oficialismo de sostener al Jefe de Gabinete hasta el límite, para luego pedir su renuncia y hacernos creer que ya se solucionaron todos los problemas.
Por otro lado, Adorni ha reivindicado en sus explicaciones uno de los ejes ideológicos de Javier Milei, resumido en frases presidenciales del estilo: “los que evaden son héroes” o “los impuestos son un robo”. Un círculo que cierra con la idea del “topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro”.
Para que los impuestos sean mínimos, tienen que casi desaparecer los gastos, en el contexto de un Estado reducido a su mínima expresión. No hay que perder de vista que el fondo de toda esta discusión es el de los dos modelos. La extensión del actual enfoque nos llevará a una sociedad en la cual el 20% vivirá bien, mientras que el 80% restante sufrirá múltiples privaciones. «
