Pasaron casi dos meses de la asunción de Javier Milei y todavía no hay diálogo con el gobierno de Axel Kicillof. Tampoco hay certeza sobre los fondos que recibirá la provincia, aunque en los dos últimos meses, la tendencia fue a la baja. El gobernador sigue de cerca el debate de la Ley ómnibus y está en contacto con sus pares de Unión por la Patria en busca de intentar frenar los artículos más nocivos, al tiempo que se reúne con los sectores perjudicados por la normativa.
«La ley no tiene ni un artículo que beneficie a la provincia», sentenció días atrás al encabezar la segunda conferencia del verano en la que aseguró que los números de la temporada reflejan el impacto de las políticas de La Libertad Avanza. También volvió a criticar el ajuste aplicado por el gobierno nacional y apuntó que en vez de focalizarse en «la casta» terminó «perjudicando al trabajador, el jubilado, el pequeño empresario, el ajuste al final era para ellos».
La Ley ómnibus se aprobó el viernes en general, pero el martes se retomará el debate en particular. La negociación está abierta artículo por artículo y la tensión con el gobierno nacional es especialmente alta por la propuesta de coparticipar el Impuesto PAIS, el tributo de mayor recaudación para el fisco, de modo de compensar lo perdido por el impuesto a las Ganancias. Los gobernadores aliados como Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) o Rogelio Frigerio (Entre Ríos) presionaron los últimos días para dar esa discusión pero el Ejecutivo se plantó al asegurar que ese debate se dará una vez que presten los votos para que la Ley bases salga.
Kicillof y el resto de los gobernadores de Unión por la Patria, que integran la llamada «Liga», están fuera de esa negociación pero están en contacto telefónico permanente en busca de presionar contra los artículos más controvertidos como las facultades delegadas, las privatizaciones de las empresas públicas y el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. En lo particular, el mandatario bonaerense no mantiene ningún diálogo con la administración nacional. «Axel no habla con nadie del gobierno nacional», aclaran en Gobernación.
La preocupación central para el mandatario son los fondos que Nación debe girar a la provincia, por fuera del 21,5% de la coparticipación federal que le corresponden por ley. Hay recursos como el Fondo del Conurbano, que se utiliza para obras, o el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, para seguridad, que desde que asumió la nueva gestión no fueron girados.
Pero además, los recursos coparticipables bajaron en los primeros dos meses de gestión libertaria y Buenos Aires fue la provincia más afectada. Según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Buenos Aires recibió 13,5% menos de fondos en enero, mientras que en diciembre los recursos ya habían caído un 11%. En el otro extremo, la jurisdicción menos perjudicada por la caída fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
«Cuando dicen que quieren fundir, quebrar, dejar sin un peso, quebrar, ahogar a los gobernadores, no es sólo a los gobernadores, en nuestro caso son 17 millones de bonaerenses. Son recursos que se utilizan para generar la política pública que nuestro pueblo no sólo recibe, sino que además ha convalidado en las urnas», señaló Kicillof esta semana remarcando que su gestión tiene la misma legitimidad que la de Javier Milei, quien fue elegido por el 55% de los votos en el balotaje. «No es una cuestión de pelearse. Lo único que digo es que tenemos la obligación y el mandato de seguir defendiendo la salud, la educación, el trabajo, la producción y el turismo», agregó.
Además de participar del paro y marcha del 24 de enero, Kicillof también se viene reuniendo con distintos sectores productivos de la provincia que saben que su suerte está echada si la Ley ómnibus es aprobada. Ya se reunió con representantes del sector pesquero, de las farmacias y con pymes productoras de biocombustibles. La semana pasada recibió a las cámaras empresarias, industriales y que nuclean a pymes. En los próximos días replicará los encuentros con más sectores en la Gobernación.
La gestión provincial no descarta recurrir a la Justicia una vez que la Ley «Bases» sea aprobada y reglamentada. «El Gobierno provincial tiene la potestad constitucional de hacerlo, pero no está tomada esa decisión», señalan a Tiempo y aclaran que recién una vez que esté el articulado se analizará punto por punto y entonces se definirá si la Asesoría Legal del Gobierno impulsa una presentación judicial o no. Entre los puntos que más preocupan al Ejecutivo están las facultades delegadas y la privatización de las empresas que tienen asiento en el territorio bonaerense.
Caen las transferencias no automáticas
Las transferencias no automáticas o discrecionales a las provincias ascendieron en los primeros 28 días de enero a un total de $49.431 millones, lo que representa un incremento interanual del 31,3% que, por ser inferior a la inflación acumulada estimada en los 12 meses transcurridos, se traduce en una caída del 64,2% en términos reales.
La evolución ya había sido anticipada por el presidente Javier Milei y diferentes funcionarios del gobierno nacional, que advirtieron en varias oportunidades que se iba a recurrir a recortes en las partidas que el Estado Nacional gira habitualmente a las provincias por fuera del régimen de Coparticipación Federal y otros fondos de asignación automática, informó la agencia Télam.
De todos modos, la magnitud de ese recorte era la incógnita a resolver y, una vez conocidos los recursos disponibles, los gobiernos provinciales se enfrentan al dilema de cómo administrar sus gastos y recursos. «
