Los mercados reaccionaron con satisfacción a la decisión de la calificadora de riesgos Standard and Poor’s de subir de categoría los títulos de deuda argentinos. Luego de conocerse la decisión, los bonos subieron más de 4% en Wall Street, los ADR (certificados de acciones de empresas argentinas) se dispararon 14% y el riesgo país se redujo hasta los 437 puntos, el nivel más bajo desde que llegó Javier Milei al gobierno.
La suba de los bonos se explica porque muchos operadores decidieron tomar posiciones ante lo que creen será un importante ingreso de fondos de inversión del exterior, ya que el cambio de calificación quita las restricciones prudenciales que esos fondos se imponen para invertir en países emergentes.
El gobierno celebra la recalificación. La baja del riesgo país, en particular, alienta la especulación de que se pueda salir a los mercados internacionales a colocar bonos en dólares a una tasa aceptable, para recaudar dólares y rollear los compromisos más inmediatos. “Prestar al país es ahora menos costoso. Miles de fondos que no podían tocar deuda argentina porque S&P y Moody’s aún la mantenían fuera del umbral B- ahora pueden hacerlo”, dijo el viceministro de Economía, José Luis Daza.
En realidad, el cambio no implica un aval rotundo. S&P pasó los bonos de la deuda argentina de CCC+ (vulnerable a largo plazo) a B- (altamente especulativo), haciendo la salvedad de que la situación financiera del emisor puede cambiar rápidamente. “El historial de inestabilidad macroeconómica y los cambios bruscos de política económica afectan la credibilidad y previsibilidad de las instituciones argentinas”, anticipó la agencia al comunicar su decisión. Aun con ese detalle, es un progreso.
De todas maneras, a pesar de la mejora, en esas agencias predomina la cautela. Hay dos cuestiones que las inquietan: el devenir político y el paredón de vencimientos de 2027. “Queremos realmente superar el riesgo político, que el mercado financiero también tiene muy internalizado. Queremos ver ciclos electorales sin mucho nerviosismo”, reclamó Todd Martínez, director senior de Fitch (la agencia que también había mejorado su calificación el mes pasado), en una entrevista con el portal Ámbito Financiero. Y agregó: “La deuda en dólares que vence en los próximos años es bastante alta. Queremos ver acumulación de liquidez”.
En ese sentido, el horizonte de mediano plazo es difícil. Si bien el gobierno dice tener casi resueltos los compromisos de este año, para 2027 afronta una deuda en moneda extranjera de U$S 23.787 millones, según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas. De ese total, casi la mitad (U$S 11.785 millones) pertenecen a organismos internacionales, en lo que se denomina deuda senior, con un estatus legal que le otorga prioridad sobre los pagos a acreedores privados.
Siempre el FMI
Entre ellos se destaca obviamente el Fondo Monetario Internacional, que se llevará U$S 7400 millones entre amortizaciones e intereses a lo largo de 2027. Pero detrás de él, también se alinean otros organismos, como el BID, el Banco Mundial y la CAF, que ayudaron a la Argentina en el salvataje financiero de 2025.
Semejante muro de vencimientos provocó que el Banco Central, agobiado por las presiones del FMI, abjurara de las ideas de Javier Milei. A pesar de la resistencia del propio presidente, que quería esperar a que el precio de la divisa cayera al fondo de la banda cambiaria, el BCRA implementó desde enero una agresiva estrategia de adquisición de divisas. Así compró a lo largo del año más de U$S 11.000 millones en el mercado oficial de cambios. «Si seguimos con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar U$S 24.000 millones en el 2026», dijo el ministro Luis Caputo, después de haber desechado esa vía durante dos largos años.
El esfuerzo, sin embargo, no fue suficiente para que las reservas netas pasaran al terreno positivo. En efecto, los organismos internacionales ya pasaron factura por la ayuda del año pasado. Entre enero y abril, según datos del Ministerio de Economía, se le reembolsaron U$S 785 millones al FMI, U$S 732 millones al BID, U$S 358 millones al BIRF, U$S 254 millones a la CAF y U$S 166 millones al Club de París. Esos montos representaron el 32% de todos los pagos de deuda en moneda extranjera del primer cuatrimestre.
Con ese panorama, para el próximo año al gobierno se le presentan dos alternativas: salir a colocar títulos de deuda en dólares o consolidar la acumulación de divisas por parte del Banco Central. Para el primero de los caminos necesita que se consolide la baja del riesgo país. Para el segundo, un superávit comercial pronunciado.
Esto último ya viene ocurriendo no sólo por la suba de exportaciones sino por la fuerte caída del mercado interno, que plancha la necesidad de insumos productivos y termina siendo funcional a las urgencias del gobierno. «El sector industrial también fue un aliado del Banco Central en este frente: pasó de demandar U$S 4000 millones en el promedio 2012-2023 a la mitad (U$S 2000 millones) en 2026», estimó el grupo Bapro a través de su Gerencia de Estudios Económicos.
Así las cosas, el gobierno no tiene margen para fallar en ninguno de esos frentes. Los más de 23 mil millones de dólares a cancelar el próximo año así lo exigen.
Preparan el pago de julio
Con la calculadora en la mano, el equipo económico ya prepara el pago de U$S 4300 millones correspondientes al vencimiento de capital e intereses de los bonos soberanos, que se producirá el 9 de julio próximo. Por de pronto, el gobierno cuenta con alrededor de U$S 2900 millones que tiene depositados en una cuenta especial en el Banco Central. A ello se sumarán los U$S 300 millones que recaudó en la última semana, a través de la licitación de títulos que realizó la Secretaría de Finanzas. De esa manera tiene cubiertas el 75% de las obligaciones.
Al respecto, el viceministro de Economía, José Luis Daza, deslizó que el resto se podría cubrir a partir de un aporte del Banco Mundial por U$S 2000 millones de dólares, con el apoyo de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). En un streaming, el funcionario dijo que «el programa financiero para 2026 está cerrado» y que «ya están las fuentes financieras identificadas». Si no se llegara a tiempo, el resto, se cubrirá con pesos, comprando al Banco Central las divisas que falten.
