El 24 de enero habían logrado canalizar la bronca de centenares de miles de ciudadanos de a pie que resisten la política del gobierno de Javier Milei. La convocatoria al paro y la movilización resultó masiva y, según la propia CGT, fueron un millón y medio las personas que se movilizaron a lo largo y ancho del país. Ellos mismos, con claroscuros, se jugaron a mostrar su poder de fuego para impedir que avance la Ley Ómnibus y el decreto 70/23.
Esta semana, sin embargo, la oposición callejera quedó en manos de la Unidad Piquetera, de los sindicatos combativos y de la izquierda, del agrupamiento Unidos por la Cultura que organizó un festival el viernes y sectores organizados alrededor de las asambleas vecinales. Desde esas columnas se hicieron oír los cánticos por otro «paro general» así como el ya clásico «¿A dónde está, que no se ve esa famosa CGT?».
La CTA de los Trabajadores y la CTA autónoma sí realizaron una protesta el martes con 30 organizaciones de jubilados en defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Algunos sindicatos de la CGT agrupados en la Mutisectorial La patria no se vende también participaron de las protestas que, especialmente el jueves y viernes, sufrieron una brutal represión coordinada entre las fuerzas de seguridad nacionales.
Si bien la CGT decidió deliberadamente abandonar la calle durante la semana apostando a ejercer su influencia sobre los bloques de diputados dentro del Congreso, sí emitió un comunicado repudiando la represión y exigió que «cese el despliegue represivo del Gobierno Nacional, a fin de garantizar la libertad de protesta y la paz del pueblo argentino». Para la CGT la presión y la violencia «fueron generados y promovidos por las propias fuerzas policiales».
A la vez, el mismo viernes el cosecretario general Pablo Moyano adelantó que la entidad se encuentra en estado de alerta y movilización y que la semana entrante reuniría su Consejo Directivo para evaluar las próximas medidas entre las que no descartó, «un paro con movilizaciones». El líder camionero adelantó que «no le va a poner fecha ahora» pero «no se va a quedar de brazos cruzados».
Plan de acción
Jorge Sola, secretario de Prensa de la CGT y titular del sindicato del Seguro en diálogo con Tiempo señaló que «mucho de lo que se sacó de esta ley, que salió con la mitad de los artículos y va a seguir siendo modificada en el tratamiento en particular tiene que ver con el trabajo de la CGT de hablar con los bloques y, claro, de haber liderado la protesta social el 24 de enero».
Sobre la estrategia a adoptar de acá en adelante Sola señaló que «vamos a seguir trabajando con diputados esta semana y después con senadores. Vamos a seguir insistiendo para que el senado se pueda reunir y que el DNU se declare inconstitucional». Sola adelantó que «el jueves nos reunimos con las confederaciones de gremios del transporte y de la energía para analizar la situación. La semana que viene tenemos reunión de mesa chica y definiremos los pasos a seguir». Para Sola, «las movilizaciones siempre son una herramienta que está, pero no es la idea de que sea inmediata. Hay que poner todos los esfuerzos donde se está discutiendo el futuro del país».
El titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky señaló a Tiempo que «lo primero es seguir construyendo un gran frente de unidad que sea capaz de volver a aglutinar a un espectro de fuerzas sindicales y sociales que representen y trasciendan las fronteras del movimiento sindical. Necesitamos reconfigurar un mapa de unidad del campo popular». En una crítica solapada a las movilizaciones de esta semana, señaló que «no hacerlo y pretender victorias fáciles es llevar a la derrota. Pensar que se va a erosionar con movilizaciones sectoriales que no muevan la aguja para la participación de amplios sectores de la sociedad, a nuestro modo de ver, es un error. Pretendemos seguir por el camino que marcó el paro y la movilización del 24 de enero. Construir grandes escenarios de unidad capaces de movilizar a cientos de miles de personas. Sería un error pensar que se puede repetir calcando los tiempos y las formas de lo que fueron las primeras luchas contra el macrismo. Este es un fenómeno distinto».
Sobre esas iniciativas, Sola consideró que «no son prematuras, las movilizaciones están a colación de lo que sucedió después del 24 de enero. Es un modo de expresión que en muchos casos surge de sectores autoconvocados. Hay una movilización de la izquierda, pero hubo jubilados y vecinos. Lo que vimos es que la policía y las fuerzas de seguridad montaron un show mediático que, encima, agredió a más de 30 colegas (por el periodismo) y le pegó a jubilados cuando no hubo una sola violencia de parte de los manifestantes. No son apresuradas, las defendemos como expresiones constitucionales que son».
Yasky adelantó que «el lunes nos vamos a reunir con el núcleo que llegó al 24 de enero por fuera de la estructura de la CGT con la idea de tender puentes hacia la CGT. Sabemos que ellos tienen otros tiempos y dinámicas de resolución pero la idea es seguir amalgamando esa fuerza y extendiéndola a todo el territorio nacional. Auscultando los tiempos del conflicto social para generar las condiciones para que lo del 24 de enero no quede congelado en el tiempo como un episodio aislado. Tiene que haber continuidad y hay que construirla». «
Los grandes empresarios celebraron la aprobación
Para la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que agrupa a los principales grupos económicos del país, la aprobación de la ley de Bases resulta «un paso muy importante» que «contribuye a despejar la incertidumbre».
La entidad, en un comunicado, señaló que en la Argentina «es imprescindible generar las condiciones que promuevan las decisiones de inversión y hagan posible la plena movilización de las capacidades y energías del empresariado, ya que son las empresas las principales generadoras de empleo, las que producen bienes y servicios, generan divisas vía exportaciones y las que, junto con los ciudadanos, sostienen a través de impuestos el funcionamiento del Estado».
La ley promueve la desregulación económica y, entre otros puntos, el retiro de la participación del Estado en los directorios de varias de esas empresas a través de la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
