Por ahora Trabajo solo logró que se discutan dos convenios que se prorrogaron sin cambios

Cuando el gobierno nacional publicó el 29 de mayo el DNU 407/2026, que reglamentó la ley de modernización laboral, fijó un plazo de 30 días para dar comienzo al proceso de revisión de los convenios colectivos que hubieran vencido.

La norma incluyó una adenda que dictaminó que aquellos que no establecieran explícitamente su fecha de vencimiento se darían por caducos al finalizar 2026. Su alcance, en principio, se estimó en 150 convenios. Días después, Capital Humano difundió un comunicado en el que aseguraba que “la medida alcanza a 446 colectivos de trabajo que, como consecuencia de la finalización del régimen de ultraactividad, deberán ser objeto de nuevas negociaciones”.

Sin embargo, fuentes cercanas al secretario de Trabajo, Julio Cordero, confiaron a Tiempo que la cartera había enviado hasta el 25 de junio más de 800 notificaciones para la revisión de ese número de convenios nacionales, regionales y de empresas.

El plazo establecido para “dar inicio al procedimiento de convocatoria” expiró el 29 de junio y, más allá de las misivas enviadas, aún no exhibe avances concretos. Más allá del acuerdo sellado por el SMATA (Mecánicos) con Mirgor para incluir un banco de horas en sus plantas bonaerenses -que se produjo por fuera del procedimiento y por doce meses- no hubo reuniones formales.

Así las cosas, la premura del gobierno en los plazos establecidos en la reglamentación no va, por el momento, más allá de una bravuconada propia de su necesidad de exhibir iniciativa política.

Para el cosecretario general de la CGT Jorge Sola, las cámaras empresarias reconocen la «inseguridad jurídica» del proceso y, por eso, prefieren esperar el desenlace judicial por inconstitucionalidad que pesa sobre la norma.

En línea con esa percepción, sí se produjeron dos encuentros que abordaron la discusión aunque en el marco de reuniones de discusión paritaria salarial ya pautadas, en los que se acordó una prórroga del convenio por un año sin forzar modificaciones. Es lo que ocurrió en dos sectores de peso como el de la alimentación de Rodolfo Daer y el de Comercio de Armando Cavalieri.

En el segundo caso, además, la parte sindical obtuvo una medida cautelar en la Justicia que preserva las cláusulas obligacionales sobre las que, técnicamente, pesa la caducidad del régimen de ultraactividad. Un recurso que también lograron el sindicato Camionero de Moyano y el del vidrio (SEIVARA) del cosecretario general Cristian Jerónimo.

Guillermo Gianibelli, abogado laboralista que representa a decenas de sindicatos, señaló a Tiempo que “la ley que se aprobó en marzo estableció un plazo de un año para convocar. El decreto reglamentario en junio fijó un plazo de 30 días para empezar. Pero lo que hacen solamente es notificar que se pone en ejecución la convocatoria, sin citar audiencias. Es un procedimiento formal. Imagino que empezarán a citar concretamente. Pero por ahora no hay nada”.

El letrado confirmó que “en el ínterin hay una discusión respecto de las cláusulas obligacionales que son las que caen en la ultraactividad. Se supone que hay que adecuarse al tope del 2% de los aportes solidarios. El decreto, en franquísimo exceso reglamentario, incluyó conceptos que no estaban en la ley y determinó que, en vez de sobre el total de la remuneración se debe hacer sobre el salario básico”.

Ese debate puntual empieza a mostrar los límites del procedimiento y su carácter arbitrario. La norma reserva a la cartera laboral el derecho de no homologar acuerdos incluso si hubiera entendimiento entre las partes. Gianibelli alertó que “la secretaría está diciendo que no van a homologar esas cláusulas”.

Estrategias

Para avanzar en sentido regresivo en los convenios y dejar sin efecto las cláusulas obligacionales, interpretan los abogados laboralistas consultados, resulta necesario que sean las mismas patronales las que denuncien y promuevan esas modificaciones. Se espera, por ejemplo, que sean las cámaras marítimas y pesqueras (CAPeCA,  CAPIP y, entre otras, CAAPA) las que aprieten el acelerador para modificar el convenio con el sindicato SOMU, algo que reclaman por vía judicial hace ya casi una década.

La adecuación de las cláusulas obligacionales no reviste un carácter automático y debería surgir por iniciativa de la parte empresaria que, paradójicamente, las debió suscribir. De hacerlo, provocarían un conflicto que, es de presumir, esperaban que asumiera el gobierno.

Los gremios, por su parte, se encuentran elaborando sus estrategias para enfrentar un proceso que, de una u otra forma, se abrirá paso y que, a priori y por decisión del Consejo Directivo de la CGT, no será enfrentado en forma común y colectiva.

Es de esperar que se combine una estrategia legal en defensa de los recursos y, a la vez, se abran negociaciones informales con las patronales para explorar intenciones.

En tanto, la Secretaría de Trabajo cuenta con un lista de los 50 gremios más importantes y prioritarios para su estrategia flexibilizadora. Se destacan Bancarios, Comercio. Pilotos, Aceiteros, Plásticos, Portuarios, Gastronómicos, Neumático, Camioneros, Prensa, Químicos, Alimentación, Textiles, TV, UTA, SMATA, Carne y Construcción.

Daniel Yofra, de Aceiteros, confirmó a Tiempo que “no nos reunimos todavía y no hay fecha. Trabajo dijo que nos juntemos entre nosotros o van a convocar ellos. Van a querer adaptar el convenio a la nueva ley pero no va ocurrir”, desafió. Yofra confirmó que esta semana recibieron una cita de las cámaras patronales pero sin fecha.

Sobre el escenario el dirigente reconoció que “los convenios son sectoriales” pero consideró que “hay motivos de sobra para que la CGT convoque a un plan de lucha, no me parece bueno que se siga postergando. Eso posterga las necesidades de los trabajadores”.

Pablo Biró, del gremio de Pilotos de Líneas Aéreas, confirmó que “no hubo ningún debate, solo la notificación que les llegó a todos” aunque, adelantó que “imagino que aparecerá en la próxima paritaria”. El mismo escenario confirmaron a Tiempo, entre otros, Alejandro Crespo, del SUTNA; Agustín Lecchi, del SiPreBA; y fuentes de La Bancaria.