En una reunión realizada al filo del paro de 72 horas, la Unión del Transporte Automotor (UTA) se comprometió a dejar sin efecto la medida que interrumpiría la circulación de micros de corta y media distancia en todo el país con excepción del AMBA entre el martes y el jueves de esta semana afectando a alrededor de 9 millones de pasajeros.

La cita se produjo en el ministerio de Economía y participó el ministro Sergio Massa junto con la flamante titular de la cartera laboral, Kelly Olmos y el ministro de Transporte Alexis Guerrera. Además, estuvieron el titular del sindicato Roberto Fernández y dirigentes de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

Es que el conflicto gremial motivado por la paritaria salarial se encontraba empantanado ante la falta de fondos que las empresas, alegaban, debieran provenir del Fondo Compensatorio al Transporte Público que subsidia a las empresas de transporte en todo el país y que, en el caso del interior, depende especialmente de las cajas de los gobiernos provinciales.

De hecho, algunas semanas atrás, los que habían interrumpido la circulación de micros de corta y mediana distancia habían sido las propias patronales bajo el formato de un lock out. Esta vez, se valieron de la decisión sindical para, en definitiva, dar cuenta de su propio reclamo patronal ante el gobierno. En rigor, exigían unos $13.500 millones adicionales a los $46 mil millones ya pautados.

Sin embargo, en la reunión realizada el lunes el gobierno nacional comprometió el envío de una partida urgente de $2 mil millones para llevar la ejecución destinada a ese fin hasta los $48 mil millones para 2022.

De esa forma, en el mismo acto, las partes gremiales se comprometieron a acordar la equiparación del acuerdo salarial obtenido por los trabajadores del AMBA al universo de los trabajadores del sector.

Sin embargo, el debate trasciende la medida de fuerza y la propia coyuntura ya que, en el medio, se está negociando la actualización del Fondo para el período 2023 que deberá formar parte del presupuesto que debate el Congreso y que, en su formato original, estaba pautado en $66 mil millones apenas un 37,5% más que lo que se erogará, hasta el momento, para el ejercicio 2022 cuando la inflación anual podría superar el 100%.

Por eso, los gobernadores del norte obtuvieron un compromiso del mismo ministro de Economía para elevar ese monto hasta un piso de $ 85 mil millones a la vez que reclamaron llevar las erogaciones del presente ejercicio hasta los $59.500.