Tras reunir 1,8 millones de firmas, la organización Libres del Sur presentó este martes en el Congreso un proyecto de ley que propone en su artículo primero el congelamiento de los precios de todos los productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) del Indec. El Congreso no recibió la petición. El segundo artículo del texto al que accedió Tiempo plantea que por el mismo lapso  “no habrá ningún tipo de aumento en las tarifas de luz y de gas en todo el territorio nacional para los sectores de ingresos menores y medios, en los marcos de la segmentación energética establecida”.

La idea comenzó a tomar forma en agosto de 2022, cuando la organización impulsora inició una campaña de recolección de firmas para que el Congreso de la Nación asuma la responsabilidad de tratar un proyecto.

El objetivo prácticamente se duplicó, en  un contexto social de fuerte sensibilidad por la escalada inflacionaria. Tras la intervención de la justicia electoral a nivel de 23 provincias y CABA se determinó la validez de 1.007.446 firmas, también por encima de la meta inicial.

Entre los motivos del proyecto, Libres del Sur detalló que “los precios han subido fuertemente por sobre los ingresos de los sectores populares. En particular el de los alimentos. Desde el 2019 a la fecha, la Canasta Básica Alimenticia se incrementó el 185%. Frente a ello los salarios en general, el Mínimo Vital y Móvil, la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones mínimas perdieron un 29% en su capacidad de compra”.

En tanto, las tarifas del gas y la luz “tuvieron incrementos enormes durante el gobierno de Macri: 1.700% y 3.500% respectivamente. Con la actual administración del Frente de Todos se moderaron en el 2020 y 2021, pero ya este año se incrementaron en un 40%. Con los que nuevamente pasaron a representar un 10% de los ingresos populares”.

“En resumidas cuentas, entre alimentos y servicios públicos de gas y luz las familias menos pudientes gastan casi el 60% de sus ingresos”, agregó el comunicado.

Sin embargo, el Congreso no recibió las firmas: «La secretaría parlamentaria y la mesa de entradas se pasan la pelota, cada uno diciendo que es el otro el que debe recibirlas. Creemos que es una estrategia para poner trabas a la Iniciativa Popular y estamos evaluando presentar el caso a la justicia”, denunció Silvia Saravia, coordinadora territorial de Libres del Sur.